Piden al gobernador que incorpore enmiendas al plan que presentará a la Junta de Control Fiscal

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, su homólogo en la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de dicho cuerpo, Juan José Santiago Nieves, y el presidente de la Asociación de Alcaldes y primer ejecutivo de Villalba, Luis Javier Hernández, recabaron al gobernador Pedro Pierluisi que incorpore una serie de enmiendas al Plan Fiscal (PF) que este someterá a la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera (JSF), con el fin de que el próximo presupuesto del País se ajuste a proyecciones de ingresos realistas.

En conferencia de prensa, los funcionarios pidieron al ejecutivo que incorpore dichas propuestas mientras cumple con las garantías dirigidas a la protección de los servicios esenciales para la ciudadanía, provea las herramientas necesarias para nutrir la solvencia económica y operacional de los municipios y fomente el clima necesario para inyectar dinamismo a la deprimida economía local al otorgar preferencia a la actividad empresarial y comercial.

“Distinto al patrón de indiferencia de la pasada Asamblea Legislativa en torno a su responsabilidad principal, que era la aprobación de presupuestos balanceados dentro del marco estatutario de la Ley Promesa, la actual Cámara de Representantes ha demostrado el compromiso de trabajar de la mano con el Ejecutivo, planteándole propuestas realistas, asequibles y fiscalmente responsables que cumplan con Promesa sin que el pueblo continúe siendo la víctima inocente del sacrificio, porque el presupuesto del País es para la provisión de más y mejores servicios al pueblo e impulsar el dinamismo económico y la creación de empleos”, afirmó Santa Rodríguez en declaraciones escritas.

El representante Santa resaltó que, durante los pasados cuatro años, tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa y la JSF fracasaron en establecer proyecciones certeras ajustadas a la realidad socioeconómica del País, razón principal para que ninguno de estos presupuestos estuvieran balanceados. Algunos de los ejemplos concretos incluyen la utilización de ingresos de fondos federales para contabilizar los recaudos, no establecer bases numéricas realistas, como el aumento proyectado pero no alcanzado de un 0.50% del PIB en función de mayores reformas relacionada a condiciones de empleo en el País y no haber integrado recomendaciones dirigidas a la transformación del sistema tributario de forma integral, entre otros.

Otra de las propuestas va dirigida a devolver mayor autonomía fiscal a los municipios y viabilizar su solvencia económica, mediante la delegación de responsabilidades de organismos estatales que han probado su ineficiencia, como el Departamento de Educación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

“El gobierno central ha fracasado en dar mantenimiento efectivo y reparación a las vías y las escuelas públicas, pues todo responde a un complejo y costoso andamiaje operacional que termina afectando a los ciudadanos, a nuestros estudiantes del sistema de educación pública y atrasa la tan necesaria restauración económica. Entonces, son los municipios los que terminan en desventaja fiscal, teniendo que invertir de los pocos recursos que tienen para la reparación de vías y escuelas, y proveer servicios esenciales a una ciudadanía que el Estado no logra alcanzar, a pesar de que aportan $500 millones al Gobierno Central”, apuntó Santiago Nieves.

Dentro de las recomendaciones sobre áreas de competencia con funciones análogas entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales que propenderían a mayor eficiencia, solvencia económica y uso más eficiente de recursos, la Cámara propone la transferencia de fondos estatales a los ayuntamientos en áreas específicas, por ejemplo, para la administración y manejo de escuelas ascendente a $385,092,500; el programa de construcción de carreteras por $513,580,000; la construcción y operación de Parques Nacionales por $14,357,000; y el programa de Infraestructura Física, por $9,454,000, para un total de transferencias a los municipios que alcanzaría $922,483,500. Estas transferencias representarían un ahorro de $210 millones. Ello neutralizaría las obligaciones municipales pautadas para el próximo año fiscal correspondientes al pago de $166 millones destinados a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y el recorte de $44 millones que el PF impone al Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, licenciado Luis Javier Hernández, destacó que “lo que hoy presentamos se origina en una iniciativa de nuestra Asociación, que logró un acuerdo con los compañeros de la Federación de Alcaldes, donde juntos sumamos las propuestas se descentralización gubernamental de ambos partidos. Le presentamos la propuesta al Gobernador, que la vio con buenos ojos para seguir el proceso. Luego le presentamos al presidente de la Cámara de Representantes, que es lo que presentamos hoy. Para que tengan una idea de la importancia de lo que vemos hoy, es lo más importante desde la creación de la Ley de Municipios Autónomos en 1991 hoy Código Municipal. La meta es convertir esta propuesta en Ley y que se incluya en el Plan Fiscal. El resultado para la gente, para la ciudadanía, son mejores servicios y con el apoyo fiscal para poder cumplir con los mismos”.

“Para lograr cumplir con las disposiciones de la Ley Promesa de presentar cinco presupuestos balanceados hace falta la suma de voluntades, y nuestra delegación en la Cámara está dispuesta a trabajar con los actores principales: el gobierno y la Junta. Ya han pasado cuatro años y el pasado gobierno, su legislatura ni la Junta pudieron ponerse de acuerdo para cumplir de manera consensuada con esta disposición. Es hora de sentarnos a discutir medidas realistas que no solo nos encaminen a balancear los presupuestos fundamentados en un Plan Fiscal sensato, efectivo y práctico, con base en proyecciones objetivas y acertadas, sino que tome en consideración los gastos que respondan a la realidad social y económica de nuestros municipios y de todo el País. Cualquier presupuesto recomendado tiene que ir acompañado por una modificación del Plan Fiscal”, sentenció Santa Rodríguez.