La transición debe completarse en mayo próximo.

La principal oficial de compras del gobierno de Puerto Rico, Karla Mercado Rivera, anunció el inicio de la transición de cerca de 80 compradores de las diferentes agencias de gobierno, como parte del nuevo sistema de compras gubernamentales que operará desde la Administración de Servicios Generales, producto de la puesta en vigor del reglamento ordenado por la Ley 73-2019.

“Una vez completada esta transición, todas las compras del gobierno se efectuarán de manera centralizada con el objetivo de maximizar recursos, generar ahorros y eficiencia. La transición total debe completarse en tres fases dentro de un periodo de 90 días laborables, que se cumplen el 20 de mayo del año corriente. El proceso se realizará de manera escalonada y estratégica para no interrumpir los actuales trabajos de cada agencia. Al momento de desarrollar el plan de transición, tomamos en cuenta la complejidad de cada agencia, sus funciones, necesidades y circunstancias particulares”, explicó la también directora de la (ASG).

Esta agregó que las entidades gubernamentales deberán elaborar un Plan Anual de Adquisiciones. Este deberá estar basado en el estimado de necesidades y compras probables, utilizando como referencia las adquisiciones realizadas durante el plan fiscal previo. El incumplimiento de esta disposición acarreará la imposición de una multa de hasta $5,0000 a la persona o entidad correspondiente, aseguró.

Una vez ASG reciba el Plan Anual de Adquisiciones de cada una de las agencias, ASG conformará un Plan Gubernamental Anual de Adquisición que permitirá realizar compras por volumen y preestableciendo precios, mediante la creación de un catálogo de servicios. Este se dividirá por categorías, tales como seguridad, limpieza, impermeabilización de techos, transportación, equipos tecnológicos, entre otros. Habrá, además, una división para la adquisición de servicios especializados, como, por ejemplo, equipos tecnológicos con alto requerimiento, equipos médicos y obras de construcción.

Se indicó que el sector privado podrá tener acceso a estos planes, de modo puedan planificar sus inventarios para ofrecerlos al gobierno.

Mercado Rivera aseguró que esta reestructuración de las adquisiciones de bienes públicos evitará la duplicidad de productos y servicios, uniformará los costos y obligará al gobierno a realizar compras de manera planificada, con mayores controles y cumpliendo con los reglamentos vigentes.

“A esto se suma que, desde los licitadores hasta los ciudadanos, ahora podrán ver en vivo, los procesos de subastas. De este modo, devolvemos al pueblo la confianza en los procesos de compra del gobierno, a la vez que le brindamos al sector privado una mayor oportunidad de competencia y transparencia”, manifestó la funcionaria.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF), Natalie Jaresko, expresó que “le damos la bienvenida a las gestiones de la Administración de Servicios Generales, conducentes a la implementación del nuevo Reglamento Uniforme para Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales. Este reglamento es vital para que el pueblo de Puerto Rico se sienta en la confianza de que cada centavo que se utilice en la compra de materiales y servicios requeridos será un centavo bien invertido, mediante un proceso único, riguroso y definido para todas las adquisiciones, incluidas las compras excepcionales durante emergencias u otras situaciones en las que el Gobierno debe actuar con rapidez”.

Jaresko añadió que “el reglamento promoverá la competencia en el mercado, la transparencia y la rendición de cuentas, y los controles necesarios en la adquisición de bienes y servicios. Vamos a continuar colaborando mano a mano con el equipo de ASG para que este reglamento se implemente y funcione en toda su capacidad”.

En la primera fase, que inició el 11 de enero y debe culminar el 23 de febrero, le corresponde hacer la transición a La Fortaleza (La Oficina del Gobernador y la Oficina Estatal de Conservación Histórica), al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), al Departamento de Recreación y Deportes, al Departamento de la Familia y sus dependencias, al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Administración de Transporte Marítimo (ATM), el Distrito del Centro de Convenciones, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Estado, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) y el Instituto de Ciencias de Forenses, así como a otros componentes del gobierno.

La segunda fase, que se completará del 24 de febrero al 8 de abril, integrará al Departamento de Justicia, al Departamento de Salud, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y sus dependencias, el Departamento de Seguridad Pública con sus dependencias, incluyendo la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de Puertos, el Departamento de Agricultura y sus dependencias, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el CRIM, la Oficina del Comisionado de Seguros, entre otras.

Mientras, que la tercera y última fase, que comprende del 9 de abril al 20 de mayo, le corresponde realizar transición al Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), al Departamento de Corrección y Rehabilitación, a la Guardia Nacional, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con sus dependencias, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y a todas las procuradurías, entre otras entidades.

A partir del 20 de mayo, ninguna agencia podrá tramitar procesos de adquisición de manera independiente, pues se habrá completado la reestructuración y centralización de los procesos de compra del gobierno.

La directora de la ASG señaló que el nuevo equipo de compras del gobierno, bajo la ASG, estará integrado por 77 compradores, especialistas de licitación y otro personal necesario en procesos de compras, como auxiliares de contabilidad responsables de asignar los fondos públicos para asegurar la compra.

La distribución y plan se hizo llevando a cabo un estudio de consolidaciones, funcionalidad operacional y estructura organizacional de cada agencia, entre otros factores.