Así lo anunció el Movimiento Victoria Ciudadana.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunció hoy, martes, que refirió al Departamento de Justicia los señalamientos relacionados al contrato fallido entre el Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico y la empresa APEX General Contractor para pruebas rápidas de coronavirus.

Desde inicios de esta semana, el DS comunicó la cancelación de un contrato por $38 millones con la referida empresa, por alegadamente, incumplir con fecha de entrega de las pruebas, que suponían llegar a la isla el 31 de marzo.

Los cuestionamientos se elevaron cuando el Departamento de Hacienda (DH) apuntó a que había desembolsado un adelanto de $19 millones a la empresa. No fue hasta ayer que el DH confirmó a este diario digital el retorno de esa cifra a las arcas del Gobierno de Puerto Rico.

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Néstor Duprey Salgado y Ana Irma Rivera Lassén refirieron al Departamento de Justicia estos señalamientos y además apuntan a que la empresa de la contratación fallida está vinculada al Partido Nuevo Progresista (PNP), que permanece en el poder a través de la Rama Legislativa y la Ejecutiva.

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en cambio, se distanció el domingo de la transacción.

Según el candidato a la Cámara de Representantes por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, el proceso de contratación, así como las versión ofrecida por Vázquez Garced están plagados de incongruencias.

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“La Gobernadora dijo durante la conferencia de prensa celebrada el pasado domingo que ella no tenía conocimiento de la orden de compra por treintiocho millones de dólares a la compañía APEX General Contractor. Sin embargo, la Ley 3 del 2017 la obliga a autorizar cualquier contrato de servicios profesionales o compras en exceso de $10,000.00. Eso significa que la Gobernadora sabía o su entorno no cumplió con el debido proceso de ley. En cualquiera de los casos, el Departamento de Justicia debe investigar”, sentenció Duprey Salgado.

Por su parte, la candidata al Senado por acumulación, Ana Irma Rivera Lassén, señaló que: “El pueblo de Puerto Rico está pasando por un momento de crisis sanitaria donde las desigualdades sociales hacen más fuerte y doloroso enfrentar el aislamiento impuesto si no se tienen las necesidades básicas cubiertas. La salud, la vivienda, la alimentación, la paz y la seguridad en el hogar además de derechos son, entre otras, preocupaciones de día a día de nuestra gente. Es nuestro derecho también saber quiénes buscan lucrarse con el dolor y quiénes permiten desde el gobierno que esto suceda. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser parte de las medidas para enfrentar el COVID-19”.