De manera positiva, así se acogió el miercoles, la designación de Ivelisse Torres Rivera como Inspectora General en una audiencia pública de parte de la Comisión de Gobierno que preside el representante Jorge Navarro Suárez.

La nominada, indicó en comunicación escrita que el norte del Inspector General 'es prevenir la malversación o mal uso de fondos, propiedades o bienes públicos gubernamentales con el fin de asegurar que las prácticas administrativas y contractuales sean cónsonas con los más efectivos estándares'.

A esos efectos, el presidente de la Comisión expresó que, 'entre más herramientas existan para evitar la corrupción, más claro va a tener el Gobierno la utilización de fondos públicos. Esperamos que una vez baje el nombramiento tengamos esos votos a favor, porque la persona designada cuenta con mi apoyo y mi respaldo'.

La candidata añadió, que la figura del Inspector General de ninguna forma está en conflicto con los deberes y las responsabilidades de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Explicó, que la OCPR tiene el mandato constitucional de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y fondos públicos para determinar si las mismas se han realizado conforme a las leyes, normas y reglamentos que apliquen.

Al ser cuestionada en cuánto a la autoridad del Inspector de intervenir con las entidades gubernamentales, la designada dijo, que la oficina tiene jurisdicción sobre las agencias y corporaciones públicas, excepto aquellas que está exentas de acuerdo a la ley.

'Entre las funciones y facultades de la Oficina, como parte de los procedimientos, es hacer referidos a otras entidades gubernamentales y (la Ley) menciona específicamente al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor', expresó a la vez que mencionó, que se pueden crear acuerdos colaborativos con cualquier agencia estatal o federal para los referidos concernientes.

Incluso, abundó que el propósito principal de la oficina es traer, bajo la supervisión del Inspector, todos los auditores internos de la Rama Ejecutiva del Gobierno. 'Entiendase, que todas las personas que ejercen funciones de auditoría interna o todos los departamentos de auditoría interna tendrían que pasar ahora a la Oficina del Inspector General. La figura del auditor interno es una de las principales a nivel público como privado para velar por las mejores prácticas administrativas', explicó la funcionaria, quien informó que existen alrededor de 170 auditores en las agencias gubernamentales.

Señaló, que las entidades gubernamentales que están excluidas son: los municipios, OGP, la Oficina de Ética Gubernamental, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, la Oficina del CRIM y la Universidad de Puerto Rico. Amplió, que la exclusión se debe a que estas agencias cuentan con cierta autonomía.

De otra parte, Torres Rivera señaló, que se intervendrá con las entidades gubernamentales, no exentas de forma preventiva (pre audit), por lo que la OCPR ha sido consistente en avalar todo esfuerzo que promueva la sana administración pública y la buena utilización de los recursos en beneficio del pueblo.

Previo a concluir los trabajos del día, el presidente de la Comisión expresó, 'es importante destacar que durante esta vista pública tanto la mayoría como la minoría de la Comisión no tienen reparos con su nombramiento'.

Torres Rivera posee una maestría en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y un segundo grado en Recursos Humanos. Tambien, posee un Bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, y actualmente ostenta el cargo de comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP).