Los vales educativos propuestos por el gobernador Ricardo Rosselló, son prácticamente una copia de un programa similar que su padre implementó en los noventa y que generó una controversia que terminó en un caso en el Tribunal Supremo.

Era el 1993, el primer año de Rosselló como gobernador y cómo respuesta 'radical' para resolver los problemas que afrontaba el sistema de educación, se propuso que los padres pudieran transferir a sus hijos de una escuela pública a una privada con la aprobación y subvención del Estado mediante unas becas especiales con un tope máximo de $1,500 anuales.

El programa, que recibió el aval legislativo y que tambien promovía la libre selección de escuelas públicas por estudiantes de otras escuelas públicas entre otros, fue impugnado en los Tribunales por la Asociación de Maestros alegando su inconstitucionalidad puesto que la Constitución de Puerto Rico establece que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado.

El caso llegó hasta el Supremo dónde se declaró inconstitucional y obligó al gobierno y a la legislatura de aquel entonces a establecer una corporación donde se implementaría el programa de vales educativos a base de donativos a cambio de exenciones contributivas a los individuos en un intento de la administración para darle la vuelta a la decisión del Supremo. Pero del 1993 hasta hoy han pasado 25 años con cambios sustanciales a nivel federal sobre la política educativa.

Recientemente el Supremo Federal tuvo ante si una controversia relacionada al uso de fondos públicos en el estado de Colorado para asistir a padres en el pago de de escuelas privadas, el caso aunque no fue decidido explícitamente por el alto foro federal, si lo devolvió al foro estatal por entender que era una controversia de jurisdicción para los estados y cómo estos deben determinar el uso adecuado de fondos públicos. Sin embargo, en otro caso similar al uso de fondos públicos para escuelas privadas, el Supremo abrió la puerta a que un colegio religioso en Missouri pudiera participar de un programa estatal para arreglar parques pasivos sin importar su afiliación religiosa, en una claro mensaje que el alto foro está dispuesto a extender los límites de la separación de iglesia y estado y el sostenimiento de una religión.

Además en el 2017, la administración del presidente Trump presentó un programa similar, impulsado por la secretaria de educación federal Betsy DeVos que crearía un programa de selección escolar dandole a los padres la oportunidad de utilizar o acceder a dinero federal para costear la educación en escuelas privadas.

De hecho, la propuesta de Trump contenía disposición de $250 millones adicionales para la creación de un programa de libre selección para escuelas privadas con dinero federal.

Los proponentes de la iniciativa de libre selección aducen que esta alternativa genera competencia y obliga a los sistemas públicos a mejorar. Por su parte los críticos, de esta alternativa afirman que estos programas similares ponen en juego la estabilidad del sistema público y pueden provocar un exodo que obligar el cierre de escuelas y la cesantía de maestros.