La Ley 66 de sostenibilidad fiscal, que limita el pago de la liquidación de licencias por vacaciones y enfermedad a 60 días acumulados, no aplicó a empleados públicos con salarios anuales ascendentes a $100 mil despertando la indignación para del comite entrante de transición.

Se trata de dos casos que se dieron conocer la semana pasada durante las vistas: la liquidación de poco más de $80 mil que recibió la expresidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, y la directora de la Autoridad para el Redeserrollo Local de Roosevelt Roads (ALR), María de Lourdes Blázquez, quien devenga un salario de $115 mil anuales y tiene un balance de $42 mil en sus licencias.

Para el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, se trata de un asunto de interpretación sobre las leyes existentes que reglamentan estos beneficios a la luz de la imposición de la ley 66. 'Aquí lo que ocurre es una interrelación de las leyes de bonificación, de las leyes de liquidación, como ellas interrelacionan con la Ley 66 y ahí es donde abogados pueden llegar a distintas conclusiones', explicó Bacó.

Sin embargo, la integrante del comité entrante, Aura González, aseguró que aún existen agencias que otorgan bonificaciones de productividad, que son prohibidas por Ley 66, y que también mantienen balances de liquidación adicionales por concepto de otros puestos que han asumido en el servicio público. En esa línea adelantó que conoce un caso de un director de agencia quien acumuló licencias de vacaciones y enfermedad en sus puestos anteriores y también acumuló en su nuevo cargo.

El secretario Bacó, por su parte, aseguró: 'En las agencias donde yo soy chairman de la junta no se ha desembolsado ni un centavo que no sea conforme a la ley'.

A continuación un resumen de las dependencias que comparecieron al Comité de Transición la semana pasada.

Altos sueldos y vago desempeño en el sector económico

El ánimo inexistente de la presente administración para desarrollar alianzas público privadas (APP's), según lo denunció la campaña del gobernador entrante, Ricardo Rosselló, se intentó justificar en parte debido a la poca cantidad de empleados de carrera con los que cuenta este esfuerzo. La directora ejecutiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Deliris Ortiz, indicó que su dependencia cuenta con solo cuatro empleados de confianza y uno de carrera.

Sin embargo, de los informes de transición se desprende que un ayudante ejecutivo puede devengar desde un mínimo de $44,400 hasta $73,400, mientras un asesor legal puede recibir desde un mínimo de $77,200 hasta $104,200. El salario de la directora ejecutiva puede rodar entre $89,100 y $121,100.

Entretanto la AAPP dio a conocerque durante este cuatrienio se enfocaron en un puñado de proyectos que aún están lejos de culminar. Los más destacados fueron la concesión del servicio de transporte marítimo a las islas municipio, la identificación de fuentes de inversión para el tren entre Caguas y San Juan, y la extensión de la PR-22 y PR-2.

La concesión del servicio de lanchas va encaminada con la empresa que ganó el proceso de licitación, SeaStreak, mientras el proyecto de transporte colectivo entre Caguas y San Juan se encuentra bajo un extenso proceso de evaluación federal.

En el caso de la ALR, la directora Blázquez afirmó que al presente cuentan con ingresos propios ascendentes a $500 mil. Sin embargo el ingeniero Manuel Laboy, del comité entrante, levantó bandera sobre la falta de estudios de impacto ambiental actualizados que podría afectar la otorgación de fondos federales. Blázquez admitió que al presente no tienen un estudio actualizado pero agregó que eso sería tarea del desarrollador maestro, cargo para el cual la ALR negoció con Ariel Investment Management y Clark Realty Capital, pero al presente no ha se concluido esa gestión.

La Autoridad del Puerto las Américas (APA) entró en una disputa en cuanto a quién debería estar al mando de las instalaciones. Por una parte se argumenta que la 'solución ponceña', propuesta para poner en manos del gobierno la operación del puerto, sería preferible a dejar que la empresa PORTEK continúe levantando una base de negocios para después entrar en convenios con el gobierno para asumir la operación en su totalidad.

Tal como la AAPP, la APA, ambas dependencias adscritas al Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), cuenta con un solo empleado, el director ejecutivo Carlos Mejía Algarín, quien según el informe de registro de puestos y nómina entregado por la dependencia devenga $47 mil.

Le caen arriba a Ana Ríus por compra de helicóptero

La secretaria del Departamento de Salud (DS), Ana Ríus, fue blanco de cuestionamientos y críticas por parte del comité entrante en torno su decisión de comprar un helicóptero para ofrecer servicios de ambulancia aérea. Y es que al presente el DS mantiene una deuda de $5 millones con la empresa Aeromed que ofrece ese servicio y que también renegocio sus tarifas a mediados de año con el DS.

'Es un helicóptero para el pueblo de Puerto Rico, para las emergencias de Puerto Rico. No importa qué administración venga se necesita el transporte aéreo no solo para las emergencias de aquí sino los requerimientos federales, y sigue siendo mi forma de pensar el no estar con los vaivenes de la contratación con las compañías privadas y los precios que si te pago o no te pago', defendió Ríus durante la vista.

Pero el haber autorizado la compra de un vehículo inoperante y a solo días de iniciar la veda electoral fue motivo de sospecha para el licenciado Alfonso Orona, del comité entrante. 'Se gastaron $8 millones cerca de una veda electoral pudiendo haber llegado a un acuerdo con la compañía que tradicionalmente daba el servicio para brindar estos servicios y dar espacio a la próxima administración que hiciera un análisis de costo y beneficio sobre ese helicóptero', sentenció Orona.

Aeromed respondió a las declaraciones de Ríus y aseguró que la Secretaria no actuó de buena fe al autorizar la compra de este helicóptero mientras las solicitudes del DS para incurrir en sus servicios han reducido. Además indicaron que han estado disponibles para negociar la deuda que tiene la agencia pero alegan que el DS no se ha puesto en disposición de dialogar el asunto.

Por otra parte el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera, certificó que al presente cuentan con un superávit de $85 millones. Por lo pronto el Plan de Salud del Gobierno (PSG) cuenta con los fondos estatales y federales necesarios para continuar su operación.

Pero eso puede cambiar de no renovarse la partida de fondos Obamacare asignada a la Isla o si la nueva administración republicana en Estados Unidos opta por recortar aún más ayudas de salud a territorios. Al día de hoy ASES administra $1,200 millones de fondos Obamacare.

JCA insiste cenizas no son tóxicas

El presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Weldin Ortíz, insistió en su comparecencia ante el Comité de Transición que, según estándares estatales y federales, las cenizas que produce la incineradora de Applied Energy Systems (AES) en Guayama no son tóxicas.

No obstante aseguró que los reclamos de la comunidad de Peñuelas están bajo la consideración del gobernador Alejandro García Padilla, quien según Ortiz desea resolver la controversia antes de abandonar la Fortaleza. Aunque la JCA avala el depósito de cenizas en los sistemas sanitarios de Peñuelas y Humacao por cumplir con los requisitos por su disposición, Ortiz afirmo que la recomendación a AES es edificar una estructura para almacenar este desperdicio en un plazo temporero.

Vivienda acude al sector privado para proyectos comunitarios

Con financiamiento mixto de fondos estatales, federales y de la industria privada el Departamento de la Vivienda (DV) dejará encaminada la construcción de nuevos proyectos comunitarios que costarán a la agencia $55 millones. Las iniciativas irán dirigidas a construir nuevos proyectos de vivienda donde ubicaba el antiguo residencial Las Gladiolas en San Juan, como también el residencial Puerta de Tierra en la capital y el residencial Gautier Benítez en Caguas.

Según el secretario del DV, Alberto Lastra, el resultado final de estos proyectos de construcción será la creación de 772 unidades nuevas que albergarán vivienda subsidiada, vivienda alquilada y espacios para comercios. Indicó además que la iniciativa responde a los nuevos objetivos del Departamento de Vivienda federal (HUD por sus siglas en inglés), que pretende crear proyectos de integración dentro y fuera de la comunidad.

Por otra parte, Lastra dejó saber su preocupación con los fondos que recibe el DV para el Programa de subsidio de vivienda para los envejecientes conocido como Ley 173. Hay unos 4 mil beneficiarios para ese programa solo recibe una aportación fija de $10 millones por parte de la lotería tradicional y otros $5 millones para gastos operacionales.

Al presente la obligación para ese programa es de $18 millones, que al presente el DV puede costear con una reserva. Dicha reserva, según Lastra, tiene dos años más de vida por lo que la próxima administración tendría que encontrar otras fuentes de ingreso para sufragar los gastos de estos subsidios.