En la tercera manifestación masiva de los grupos que se oponen a la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), los portavoces y convocantes del movimiento enfilaron sus consignas hacia una fuerza económica que trasciende a la estructura gubernamental del país y a sus inquilinos de los partidos políticos principales.

En esta ocasión, las calles del Viejo San Juan sirvieron hoy de sede para que grupos denunciaran las políticas de neoliberalismo económico y privatización, según han sido implementadas por el exgobernador, Luis Fortuño, y el actual ejecutivo en Fortaleza, Alejandro García Padilla.

Como parte de los eventos convocados por la coalición conocida como Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDA), más de un millar de personas marchó desde la Plaza Colón hasta la Calle Fortaleza, con la esperanza de persuadir al gobernador para que cancele el contrato que le daría al consorcio Aerostar Airport Holdings la administración del AILMM por las próximas cuatro décadas.

Si bien los nombres de Fortuño y García Padilla fueron mencionados en varias ocasiones durante la marcha, el Principal Oficial Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Agustín Arellano, fue igualmente señalado por su alegado vínculo con las fuerzas de capital global que los y las manifestantes denunciaron en medio del evento.

'Tenemos un privatizador, astuto, como todos. Trabajando tras bastidores, sin dar cara; dejando a Víctor Suárez (director ejecutivo de la Autoridad de Puertos) y al gobernador encargado de sus intereses. Pero cuando nuestra presión al gobernador creció y la secretaria de la gobernación habló de un llamado Plan B de no aprobarse la transacción, Arellano salió de su escondite e hizo media-tours por las emisoras del país, defendiendo su contrato y un poco descartando el llamado Plan B del gobernador', dijo el portavoz del PUEDA, Juan Camacho, en medio de la manifestación multisectorial.

El mensaje de Camacho fue precedido por varias consignas, incluyendo algunas que identificaron al gobierno de Puerto Rico y a ASUR como dos entes que responden a los mismos intereses económicos.

'Alejandro y Arellano, dos cuñas del mismo palo', gritaban los manifestantes en referencia a los alegados vínculos entre la estructura política y el grupo privado que aspira a administrar el único aeropuerto internacional de la Isla.

Bajo esa misma línea de pensamiento, la presidenta de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramos Anexas, Astrid Rosario, se dirigió a los presentes y advirtió sobre las consecuencias laborales, en caso de que el AILMM termine en manos de un consorcio privado.

Asimismo, Rosario denunció a la pasada administración por éste supuestamente haber utilizado el viejo truco neoliberal de abandonar ciertas facilidades gubernamentales, para luego justificar su privatización.

'Llevamos dos años diciendo que el gobierno estaba dejando al aeropuerto en las mala condiciones en las que se encuentra ahora. La privatización del aeropuerto no sólo es mala para los trabajadores, sino para todos los puertorriqueños que viven en este país. Pretenden darle a manos extranjeras el único aeropuerto internacional', argumentó Rosario.

'Y esto no es un alquiler. Es una venta a 40 años', añadió la líder sindical que representa a los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Puertos.

PUEDA anunció que realizará otra manifestación masiva el próximo domingo 21 de febrero. En esta ocasión, los grupos opositores se movilizarán al AILMM en Carolina.

Para el próximo domingo, los y las manifestantes se encontrarán en los alrededores de la urbanización Laguna Gardens, en el desvío de la Calle Los Ángeles. De allí marcharán por la Avenida Baldorioty, hasta llegar a la entrada del aeropuerto.

De acuerdo a Camacho y otros miembros de PUEDA, los opositores a la privatización del aeropuerto no descartan complementar su lucha con acciones de desobediencia civil pacífica.

Actualmente, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos evalúa los pormenores de la transacción entre el gobierno de Puerto Rico y Aerostar. El veredicto final del gobierno federal podría publicarse a finales de febrero.