Según explicó el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, una acción como esa, impactaría el bolsillo de los dueños del 60% de las residencias registradas en el CRIM, la mayoría perteneciente a la clase más vulnerable, pensionados y la clase media, que hoy están exoneradas.

Cerca de 800 mil ciudadanos que hoy no pagan contribuciones sobre su vivienda principal porque gozan de exoneración, tendrían que empezar a pagar ese tributo, si se acoge una sugerencia que hiciera la Junta de Supervisión Fiscal, cuyo efecto sería eliminar o reducir dicha exoneración, como alternativa para sustituir los fondos que se perderían con la eliminación del impuesto al inventario y la contribución mueble en su totalidad.

Así lo vaticinó el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) al evaluar una carta enviada por la JSF al presidente de la Cámara, Rafael (Tatito) Hernández, la cual el ente fiscal publicó en su portal de internet.

Según se detalla en la misiva, la exoneración de la primera residencia se podría ver trastocada, con el efecto de que el ciudadano que actualmente no paga contribución sobre la propiedad de su residencia principal, perdería dicha exoneración y tendría que empezar a pagar esa contribución, mientras que, los que pagan por el exceso de la exoneración, verían un aumento.

Según explicó el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, una acción como esa, impactaría el bolsillo de los dueños del 60% de las residencias registradas en el CRIM, la mayoría perteneciente a la clase más vulnerable, pensionados y la clase media, que hoy están exoneradas.

“Si se elimina la contribución mueble en su totalidad como sugiere la JSF en ese documento, lo cual incluye el impuesto al inventario y los otros seis renglones de la contribución Mueble, relevaría de ese pago a los grandes comerciantes pero lo pasaría directamente a los dueños de las propiedades que se utilizan como vivienda principal. Los que reclaman la eliminación de este impuesto no han ofrecido alternativas viables para atender el asunto y esta no puede ser la opción”, aseguró.

Según datos del CRIM, el impuesto sobre inventario lo paga principalmente el 1% del total de comerciantes que pagan contribución Mueble, o sea, grandes comercios que hacen negocios en Puerto Rico, la mayoría de los cuales gozan de exenciones sobre la propiedad mueble, tanto total o parcial que les concede el Gobierno Estatal o Municipal, además de otras exenciones no relacionadas con la contribución sobre la propiedad, a las que no tienen acceso los pequeños y medianos comerciantes.

“Cualquier cambio, ya sea eliminar o reducir la exoneración de que gozan los dueños que viven su primera residencia, pondría a pagar al que no paga o le aumentaría la contribución a los que hoy pagan”, aseguró.

Añadió, que los alcaldes han sido claros en que la eliminación de este impuesto, que representa $490 millones para los municipios, depende de que se identifique otra fuente de ingresos recurrente para sustituirlo, que no impacte el bolsillo de la gente.

“El CRIM nunca ha considerado como alternativa pasarle esa contribución a la gente, para ahorrárselo a los grandes comercios que hacen negocios en la Isla, eso nunca ha sido ni será una alternativa, porque una acción como esa en nada le hace justicia al pueblo ni a los municipios”, agregó Paniagua Látimer.

“Es importante atender este asunto y lograr una opción viable de reemplazo de estos recursos que son tan necesarios para que los municipios puedan seguir prestando servicios que incluyen, recogido de basura, seguridad y servicios a los envejecientes, pero no puede ser asestándole un golpe al bolsillo de personas que hoy carecen de recursos para atender hasta sus propias necesidades básicas, eso seria inhumano e insensible”, reiteró el funcionario.

El director del CRIM dijo, que tanto la administración del CRIM como los 78 alcaldes tienen el compromiso de atender los reclamos del sector comercial en relación al impuesto. “Llevamos más de 4 años en conversaciones buscando alternativas razonables para atender ese reclamo e identificamos varias alternativas, entre las que figura el congelar la contribución al impuesto al inventario a un año base, pagando una cantidad fija por el inventario, lo cual permitiría al comerciante aumentar sus abastos de inventario sin límite, esto atiende y eliminaría la recurrencia de la tributación”, concluyó.