Eduardo Bhatia, Larry Seilhamer, Natalie Jaresko y Ricardo Rosselló lograron aumentar los poderes del ente regulador

El Negociado de Energía (NEPR) aprobó recientemente un controversial aumento de 3.4 centavos el kilovatio hora (kv/h) en la factura de energía eléctrica vigente desde el día 1 de octubre hasta el fin de 2023.

Los ajustes al costo energético impuestos por el NEPR resultan de un análisis de costos del pasado trimestre en comparación con los cómputos presupuestarios que se hicieron sobre ese semestre. Si el costo de las operaciones de la red energética en el trimestre anterior resultó en que LUMA cobrara de menos, se aplica un aumento a los abonados para el trimestre siguiente.

Aunque mucho se ha hablado del NEPR, los controvertibles comienzos de la entidad abonan al escepticismo de la ciudadanía al enfrentar los constantes aumentos en el costo energético. Las críticas al NEPR han encontrado diversos frentes por lo amplio de su jurisdicción, lo burocrático de sus procesos de aprobación, las prácticas de renegociar los términos de contratos aprobados, y por ser un alegado refugio para familiares y amigos de políticos.

Desde comienzos del año 2014, meses antes de la aprobación de la Ley 57, el senador Larry Seilhamer impulsaba el concepto de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Durante la Cumbre de Competitividad de la Asociación de Industriales que la Autoridad de Energía Eléctrica, Seilhamer dijo que “me parece que [la AEE] deben ir al sector privado, solicitar propuestas e ir a la generación privada, que es mucho más barata”. Añadió el legislador, que "eso no compromete [al gobierno]. Si tienen propuestas favorables, adjudican, y si no tienen propuestas favorables, no se adjudica".

El marco regulatorio actual es el resultado de los compromisos contraídos por el entonces presidente del Senado, Eduardo Bhatia y Seilhamer quien fungía como portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en ese cuerpo. Ambos presentaron públicamente sus exigencias, y finalmente lograron la aprobación de la ley que creó el “Marco Regulatorio y Política Pública Energética”, lo que a su vez permitió la contratación de la empresa LUMA Energy cuando Seilhamer logró convertirse en vicepresidente del Senado en el 2018.

Origen del Negociado

Curiosamente, los proponentes de la ley que crea el NEPR escogieron denominarla como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”. Esta ley ha sufrido varias enmiendas que han tenido el resultado de facultar al NEPR con las responsabilidades y poderes que ejerse actualmente.

Tanto el exsenador Larry Seilhamer, así como el exsenador Eduardo Bhatia, trabajaron coordinadamente el marco legal para la creación de un ente que regulara la industria energética en la isla. El junte bipartita que comenzó en el Senado desde el 2014 y se extendió por años debido a las múltiples controversias relacionadas con el tema del costo energético, las incontables enmiendas al concepto presentado por los proponentes y al impacto al bolsillo del consumidor. Uno de los escollos que encontró la propuesta Seilhamer-Bhatia fue la oposición del senador Thomas Rivera Schatz, quien abogaba por la protección de los derechos laborales de los empleados de la AEE tras la privatización.

La propuesta y conceptos presentados por el junte Seilhamer-Bhatia se convirtieron en ley con la aprobación de la medida legislativa que dio paso a la Ley 17 de 2019 (Ley 17) firmada por el entonces Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares. La Ley 17 tuvo el propósito de “robustecer las facultades y funciones del Negociado de Energía de Puerto Rico para viabilizar y ejecutar la implementación de la política pública energética de Puerto Rico concediéndole mayor autonomía presupuestaria, ampliando sus poderes para investigar, incentivar, fiscalizar y penalizar cualquier persona natural o jurídica bajo su jurisdicción”. Además, esta ley facultó al gobierno a privatizar la AEE.

Desde entonces el NEPR ha realizado los análisis energéticos exigidos por la ley ante la crítica de los consumidores por los constantes aumentos y el reto de la Junta de Control Fiscal (JCF) que exigen que el NEPR actúe con mayor diligencia. A pesar de esto, la JCF favoreció que se expandieran los poderes del NEPR alegando que “la presencia de un regulador fuerte e independiente es un elemento clave para infundir confianza, estabilidad y previsibilidad al mercado energético de Puerto Rico en su proceso de transición hacia un sistema moderno de energía” según declaró entonces Natalie Jaresko quien dirigía el ente financiero.

NEPR plagado de políticos, sus familiares y conflictos

La Cámara de Representantes ha tenido ante su consideración referir al comisionado del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, a la Oficina de Ética Gubernamental por alegadamente tener un conflicto de interés con relación al controvertible contrato de LUMA Energy. Según ha reportado NotiCel el pasado año, Avilés Deliz fue citado para una vista ejecutiva donde se discutirían los elementos del posible conflicto de interés a puerta cerrada con legisladores, pero poco se ha informado sobre si se realizaría un referido contra el funcionario y si incurrió en violaciones a la Ley de Ética.

Otra imputación por conflicto de interés fue reportada al descubrirse que el entonces vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, impulsaba la aprobación de la ampliación de los poderes del NEPR siendo su hijo, Dennis Seilhamer Anadón, asesor legal de la entidad. En aquel momento, NotiCel reportó que, el ahora exsenador, mantuvo una participación protagónica en el tema de la transformación energética, con comparecencias públicas, proyectos y enmiendas, sin notificar que en la parte administrativa de ese tema figuraba su hijo, como asesor de las agencias que manejaban la regulación del tema energético desde la Rama Ejecutiva.

Entre las serias alegaciones sobre el conflicto de interés del exsenador Seilhamer se destaca que al convertir en ley el Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico y crear una entidad sombrilla para consolidar agencias relacionadas, se dejó fuera al NEPR donde ofrecía servicios su hijo como asesor. De hecho, el NEPR fue el único que mantuvo su independencia, como consecuencia de una enmienda introducida al proyecto original por el propio exsenador Seilhamer durante el trámite legislativo.

Las críticas por el alegado conflicto no se hicieron esperar ya que el hijo del Seilhamer también mantenía múltiples contratos con la Asamblea Legislativa al momento de la aprobación de los proyectos energéticos a través de varias compañías. Uno de los clientes del hijo del senador, el exrepresentante Antonio Soto, presentó el P. de la C. 2603 que buscaba enmendar la ley para que además del NEPR, la JRSP tuviera la facultad de acudir a los tribunales.

Para sumar a la cadena de posibles conflictos de interés, la contraparte de Seilhamer, el exsenador Bhatia, también fue objeto de críticas al divulgarse que su hermano Andrés, su hermana Lisa, su padre el economista Mohinder Bhatia y el propio Senador, compraron bonos de la AEE y mantenían reclamaciones contra la corporación pública en el proceso judicial de Título III que se dirimía en el Tribunal Federal. La inversión de la familia Bhatia en el ente gubernamental en quiebra fue estimada en cerca de $2 millones.

Criticas Constantes contra el NEPR

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, ha sido unos de los más asiduos críticos del NEPR. El ingeniero Colon ha criticado la lentitud del proceso de aprobación de proyectos que buscan transformar el sistema energético. En vistas públicas ante la legislatura, el director ejecutivo ha establecido que “tenemos que ir primero al NEPR a pasar por estos meses para que se apruebe un proyecto, que incide en el proceso adicional que siempre ha existido. Además, tengo que cumplir con hacer estudios, hasta arqueológicos en algunos casos, según requerido por FEMA. Muchas de estas cosas le han añadido etapas al proceso que son meses".

El pasado 14 de septiembre el presidente de la JCF, David Skeel, criticó que el NEPR tome como práctica habitual el rechazo de proyectos de energía renovable. Esto, bajo el supuesto que dichos proyectos tienen el efecto a largo plazo de reducir el costo de la energía. “Aunque el NEPR permitió la renegociación de los contratos de compra de energía y acuerdos de operación bajo circunstancias excepcionales, es imperativo que en el futuro no adopten esta práctica como habitual”, dijo Skeel en declaraciones escritas.