En la audiencia pública quedó evidenciado que los 1,627 empleados municipales catalogados como no esenciales quedaron excluidos.

La Comisión de Gobierno que preside el senador, Ramón Ruiz Nieves, llevó a cabo una vista pública para conocer el estatus actual de la puesta en marcha de la Ley 80-2020, mejor conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos.

“Convoqué esta vista pública ante la necesidad que tienen los componentes de la comisión, así como los empleados del gobierno central y municipal de conocer cuándo entrará en vigor la ley y con ello el proceso para acogerse al retiro incentivado. Es urgente que se establezca la primera fase del programa para que la misma contribuya a generar economías a las agencias mientras garantiza a los servidores públicos un retiro justo”, expresó Ruiz Nieves.

Para atender el tema la comisión citó a deponer a la Junta de Retiro del Gobierno, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Las agencias entregaron una ponencia conjunta, y según el senador por el Distrito de Ponce, la misma no es tan detallada.

En dicha ponencia se notificó que “el 15 de septiembre de 2023, la Junta de Supervisión y la AAFAF presentaron ante el Tribunal de Título III una moción que propone el proceso a seguir para la implementación parcial de la Ley 80 (“Moción sobre Acuerdo de Implementación”). La Moción sobre Acuerdo de Implementación se encuentra actualmente ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain para su aprobación”.

Esa moción cobija a los 1,240 empleados públicos catalogados como no esenciales, lo que redundará en un ahorro neto al erario de $110 millones al cabo de 30 años. “Una vez sea aprobada [la moción] la Junta de Retiro y la OGP emitirán una carta circular conjunta que establecerá los procesos administrativos y presupuestarios necesarios para la implementación parcial de la Ley 80”, detalla la ponencia.

El Lcdo. Luis M. Collazo Rodríguez, director ejecutivo de la Junta de Retiro, especificó que “la implementación parcial de la Ley 80 sigue sujeta al fiel cumplimiento de los procesos administrativos establecidos en la Moción sobre Acuerdo de Implementación, la Moción Conjunta, y de la aprobación final por parte del Tribunal de Título III”. Collazo Rodríguez dejó saber que esa aprobación final dependerá del calendario de la jueza Taylor Swain.

Inicialmente bajo la Ley 80 solicitaron 3,989 empleados públicos para acogerse al retiro incentivado, de esa cantidad sólo 1,240 empleados fueron catalogados como no esenciales.

A lo que el senador Ruiz Nieves preguntó “¿por qué de 3,989 empleados, ahora se habla de 1,240?”.

“Ha transcurrido un tiempo desde que los empleados se acogieron… El proceso de acogerse a esta ley transcurrió de octubre 2020 a marzo 2021 y en junio 2022 se envió una segunda carta circular a las agencias por el tiempo transcurrido para verificar si los no esenciales identificados en un momento dado, siguen siendo los no esenciales ahora. Y las agencias tuvieron hasta agosto de 2022 para someter nuevamente la información revisada y certificada”, respondió Collazo Rodríguez. Asimismo, el titular de la Junta de Retiro explicó que de esos 1,240 empleados “460 empleados pertenecen a la Ley 447 y 780 empleados a la Ley 1”.

Según salió a relucir en la audiencia pública los 1,627 empleados municipales catalogados como no esenciales que se habían identificado al inicio, quedaron excluidos de la Moción sobre Acuerdo de Implementación ya que la Junta de Supervisión Fiscal los excluyó porque no controla los presupuestos municipales.

A tales efectos, quedó evidenciado que la Ley 80 es nula y por ello ahora se menciona la Moción sobre Acuerdo de Implementación. “Es importante enmarcar que la Ley 80 quedó invalidada en el Tribunal. Hablar de la Ley 80 como tal, no sería correcto porque quedó invalidada”, detalló Collazo Rodríguez. Además, garantizó que el gobierno está listo para implementar este acuerdo.

“[O sea, lo que existe es] un memorando de entendimiento entre ustedes y la Junta de Supervisión Fiscal, por lo tanto, no podemos hablar de que le estamos dando vigencia a la Ley 80”, replicó Ruiz Nieves.

La comisión quedó en hacer una reunión ejecutiva con las agencias pertinentes para buscar una opción que le haga justicia a los empleados municipales que no lograron acogerse a este retiro incentivado.