Panel de expertos en el tema evaluó los impactos que este podría tener en los costos energéticos para los consumidores y el sector comercial e industrial.

La incertidumbre sobre lo que traerá el nuevo Plan de Ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) impide precisar en estos momentos el impacto real que el mismo tendrá sobre los ciudadanos y la economía del país, pero sigue presente la amenaza del efecto adverso sobre esta y de la aplicación de un cargo fijo para cubrir el pago de la deuda que finalmente se determine.

Un panel de expertos en el tema convocado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), en un foro celebrado en la entidad, evaluó los impactos que este podría tener en los costos energéticos para los consumidores y el sector comercial e industrial y coincidió en que hay que esperar por ese nuevo Plan para aclarar muchas de las dudas que persisten sobre este asunto.

En días reciente la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que enmendará el Plan de Ajuste para reducir sustancialmente las obligaciones de la AEE a $2,388 millones, en comparación con los $5,680 millones que había propuesto en el Plan de Ajuste que presentó en marzo de 2023.

“El levantamiento histórico del sector privado presentando sus objeciones formales en la Corte Swain, el pasado 12 de junio, en contra del Plan de Ajuste de la AEE, ha generado una oposición masiva en la isla en relación a este plan, sostuvo Eric Santiago Justiniano, presidente de la Asociación de Industriales, al abrir el evento.

Se refirió al hecho de que la Jueza Taylor Swain determinó que los bonistas solo podrán cobrar $2,388 millones en lugar de los $5,400 millones inicialmente propuestos, y afirmó que eso “marca un nuevo desarrollo en el proceso de revisión del plan, a la vez de plantear importantes interrogantes sobre su viabilidad y efectos económicos”.

El economista y testigo experto del ICSE en la Corte de Swain, Ramón Cao, explicó que, “el nuevo Plan Fiscal de la AEE, no informa aún el aumento ni la estructura que resultará en tarifas, pero indica que para el pago de la deuda reestructurada habrá una tarifa fija y una volumétrica”.

Recordó que los aumentos en las tarifas de electricidad contenidos en el Plan de Ajuste que se presentó en marzo de 2023, tendrían consecuencias adversas sobre la ejecutoria de la economía con una reducción esperada en el Producto Bruto Nacional real en el año fiscal 2024 de 2.70%. Además de una reducción esperada en empleo de 25,010. Mientras que en el año fiscal 2030 habría una reducción esperada en Producto Bruto Nacional real de 8.59% y una reducción esperada en empleo de 79,472.

“Habrá que revisar este estudio una vez tengamos la información que aún falta del plan de ajuste”, dijo.

Advirtió, sin embargo, el conocido economista que la tarifa que se proponga, además de cubrir el pago de la deuda, podría tener que cubrir también las pensiones adeudadas a los empleados de la AEE, y además aportar para las inversiones que hay que hacer en el sistema para modernizarlo.

Precisó que ese cargo fijo que se proponga será adicional a la tarifa “volumétrica”, que es el pago por la electricidad consumida.

Cuestionó, por otro lado, los estimados que está haciendo la Junta sobre la demanda actual de electricidad y más aún para el consumo futuro. Indicó que en ocho de los primeros nueve meses del presente año fiscal 2022-2023 los ingresos por la venta de electricidad estuvieron por debajo de las proyecciones para esos meses.

Lo mismo ocurrió con las proyecciones de la demanda de energía, pues el consumo real estuvo también por debajo del proyectado. “El elemento principal que hay que estimar es la demanda; la de corto plazo es diferente a la de largo plazo, y eso no lo han hecho”, sostuvo.

Sustentó dicha afirmación en el hecho de que entre junio de 2021 y marzo de 2023 se alcanzó una capacidad neta de 330 megavatios de electricidad generada por otras fuentes, mayormente de energía renovable en hogares y negocios. En ese mismo periodo de menos de dos años, indicó, el total de abonados con esa opción aumentó de 24,000 a 78,000.

“Hay que estar bien pendientes a cómo quedará la estructura del cargo fijo. Para ciertos sectores de abonados puede ser un elemento que decida si se quedan, si se mantienen en la red con ‘medición neta’, o si se desconectan totalmente del sistema”.

Por su parte Fernando Agrait, Fellow, asesor y representante legal del ICSE en la Corte Swain, presentó el estado actual del caso de la AEE bajo el Título III de PROMESA y cómo se relaciona con el rol y los deberes del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Afirmó que “la situación de la Quiebra de la AEE y el caso ante la Juez Swain, se encuentra en un momento muy fluido y enfrenta atrasos en los procesos judiciales. El Plan anteriormente sometido por la JSF se enmarca y sostiene en aumentos de tarifas y cargos al consumidor. Sin embargo, la propia JSF ha reconocido que el NEPR, es la entidad con jurisdicción exclusiva sobre aprobación de tarifas y cargos en relación con cualquier servicio eléctrico y las distintas clases de clientes”, señaló.

“¿Cómo es posible construir un Plan de Ajuste sobre unos aumentos tarifarios que la Junta admite que no controla, y que sí los controla el NEPR? No se debe aprobar un Plan enmendado que plantee las mismas grandes fallas que ignoran los poderes del NEPR”, afirmó.

Al comentar las decisiones recientes del tribunal reduciendo la deuda que habría que pagar, explicó que esos $2,388 millones corresponden a deuda “asegurada” y que el resto es deuda “no asegurada”, por lo que según las leyes de quiebra de Estados Unidos y la Ley Promesa, estos últimos cobrarán “de lo que sobre”. Advirtió contra la posibilidad de que en el plan de ajuste se pretenda incluir pagos a estos últimos acreedores.

Indicó, por otra parte, que no hay limitación para la acción de del Negociado de Energía, que es el que tendrá que aprobar las tarifas que surjan del Plan de Ajuste, y señaló que esa agencia no puede exigir que se le pague a los bonistas no asegurados.

El ex senador Ramón L. Nieves, quien también es testigo experto del ICSE en la Corte Swain, y que cuando legislador participó en la redacción y aprobación de la Ley 17 de 2019, que fijó la política energética de Puerto Rico, explicó que el Plan de Ajuste presentado en marzo de 2023, además de las deficiencias ya señaladas crea subsidios discriminatorios que eximen a algunas clases de clientes del pago del “cargo legado”, lo que llevará a aumentos mayores en las facturas de los que no reciban estos subsidios.

Criticó además que dicho Plan no incluye análisis concretos sobre el impacto que sus propuestas tendrían en las metas de integración de energía renovable establecidas en la mencionada Ley 17-2019.

Recalcó que, “aunque el nuevo Plan Fiscal de la AEE redujo en nivel de deuda a $2,400 millones, aún falta examinar la validez del Plan de Ajuste enmendado que será presentado por la JSF, el nivel de los aumentos en las tarifas y las pensiones de la AEE, según se desarrollen los procesos judiciales en la Corte Swain”.

Josean Rossi, portavoz del ICSE, recordó que esa entidad lideró la participación multisectorial a través de joinders a la objeción formal al Plan de Ajuntes inicial basada de testimonios periciales. Dicho Plan, indicó, contraviene la Política Pública Energética, imponiendo “cargos legado” discriminatorios en los costos energéticos de los clientes de la AEE no subsidiados, particularmente los sectores comerciales e industriales de los que depende el crecimiento de empleos y hogares nuevos en Puerto Rico”.

“Tenemos que mantener al pueblo educado y capacitar al sector privado sobre los procesos actuales en la “Corte Swain” y los costos potenciales de energía en el 2023 y 2024. De igual forma, incentivar al sector privado a que continúe participando y a unirse a los esfuerzos multisectoriales en favor de un Plan de Ajuste económicamente viable, que adelante los mandatos de la política pública y no sea perjudicial para el consumidor”, puntualizó Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva la Asociación de Industriales.

El foro, tuvo también la participación de líderes de diferentes sectores y miembros de la comunidad, quienes expusieron sus preocupaciones y recomendaciones.