Señalan que Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó los estimados gubernamentales del costo de la implantación de dicho estatuto calculado por el gobierno en $475,131.47

La Asociación de Farmacias de la Comunidad reiteró su reclamo de que se actúe con premura para regular los Intermediarios de Beneficios de Farmacias (PBM’s en inglés), cuyas prácticas afectan a pacientes y farmacias, a la vez que solicitó que se informe públicamente sobre el resultado de las gestiones que ordenó el Tribunal Federal sobre el manejo e impacto en costos de estas empresas.

“Estamos en el proceso de la aprobación presupuestaria para el próximo año fiscal. Es importante saber si la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) ha cumplido con la orden del Tribunal de gestionar los estudios de costos solicitados por el Tribunal y si se ha solicitado la inclusión de alguna partida en el próximo presupuesto para atender la implantación de la Ley 82”, sostuvo la directora ejecutiva de la entidad, Linda Ayala.

“Urge actuar ya que ninguna agencia del país tiene jurisdicción para pasar juicio sobre las acciones de los PBM’s en menoscabo de pacientes y los proveedores de salud como las farmacias de la comunidad”, agregó.

Explicó que, entre lo solicitado por el Tribunal para determinar el impacto de la implantación en el Plan de salud del gobierno VITAL, estimada por el tribunal federal en $27 millones, está la realización de un estado actuarial por ASES sobre el impacto de la Ley 82 en dicho plan de salud; y el desarrollo por el Departamento de Salud (DS) de un plan de trabajo y presupuesto detallado para la implantación de la ley.

Solicitó, además, que luego de tener estos estudios, la AAFAF se reúna con la Comisión de Salud cameral para la determinación presupuestaria, que puede incluir, medidas impositivas para generar nuevos ingresos para sufragar dicho costo, dijo.

La mencionada Ley 82-2019 es la que se supone regule a los PBM’s en Puerto Rico, pero según Ayala, “luego de más de diez años para aprobar la Ley…y cuatro años después de la aprobación, todavía no se ha logrado regular a los PBM’s, lo que continúa encareciendo el sistema de salud en la isla”.

Agregó la portavoz de las Farmacias de la Comunidad que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó los estimados gubernamentales del costo de la implantación de dicho estatuto calculado por el gobierno en $475,131.47. “El Gobierno radicó un pleito contra la JSF en el Tribunal de Título III que, finalmente, determinó en el 2020 y luego, en el Tribunal de Primer Circuito de Apelaciones en el 2022, que el Gobierno no había demostrado el potencial impacto presupuestario de dicha Ley”.

Recalcó que “los PBM’s y los PBA’s son el único eslabón entre los proveedores de salud que no están regulados, a pesar de su rol como intermediarios de los beneficios de farmacia que negocian para los servicios y los costos de medicamentos entre las farmacéuticas, el Gobierno, compañías de seguros, las empresas y los clientes, así como con las farmacias. Estos son los intermediarios entre los planes médicos y las farmacias que administran la cobertura del plan de medicamentos de miles de pacientes en la Isla a través de contrataciones con las farmacias”.

Además, agregó, deciden que medicamentos se incluyen o excluyen de los formularios de medicamentos y deciden, de forma arbitraria, cuánto se les paga a las farmacias por los medicamentos que le despachan al paciente.

“Continuamos dando la batalla para que los PBM’s sean regulados por las limitaciones que los pacientes experimentan en el acceso a los medicamentos y a los tratamientos para sus condiciones de salud. Hacemos un llamado urgente para que se actúe con premura para regular el PBM”, señaló.