Comparecieron ante dicha Comisión representantes o portavoces de organizaciones que defienden la Cueva del Indio, el Valle Bucarabones de Toa Alta y la comunidad agrícola del Barrio Las Vegas en Cayey.

Varias organizaciones comunitarias, agrícolas y ambientales denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado las amenazas que pesan sobre valiosos recursos naturales e históricos del país, incluso por gestión de gobiernos municipales, y la inacción de las agencias gubernamentales para protegerlos.

Comparecieron ante dicha Comisión representantes o portavoces de organizaciones que defienden la Cueva del Indio, el Valle Bucarabones de Toa Alta y la comunidad agrícola del Barrio Las Vegas en Cayey.

“En esta vista yo creo que estamos viendo precisamente la conciencia comunitaria que se está levantando en cuanto a la exigencia que le están haciendo al gobierno de que tome en consideración la confiabilidad de la vida misma en Puerto Rico que incluye el respeto y defensa a los recursos naturales, respeto a las tierras agrícolas, el acceso a las playas y la defensa de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad de nuestra vida en Puerto Rico. Sin eso no tenemos futuro”, dijo la presidenta de la Comisión, Ana Irma Rivera Lassén.

El director ejecutivo de la organización Defendamos La Cueva del Indio, Lauce Colón, denunció la privatización del acceso, la destrucción y explotación de áreas protegidas y la inacción administrativa por las agencias pertinentes para defender este recurso y solicitó de la Comisión que tome cursos de acción específicos.

Recordó que la Cueva del Indio es un tesoro nacional reconocido como un patrimonio natural y cultural por su valor histórico, ambiental y arqueológico que, por ley, tiene que ser protegido.

Explicó que entre los terrenos privatizados por la empresa GF National Properties se encuentra el camino que generaciones de isloteños han usado para llegar a la Cueva del Indio desde la carretera 681. “Este camino fue designado por un deslinde realizado por la Oficina de Recursos, Ríos y Costas del DRNA en 1974 que corrobora el camino histórico titulado "Entrada a la Cueva del Indio". Sin embargo, no hay acceso para la Cueva del Indio”, sostuvo.

A preguntas de la senadora sobre el cobro de acceso, si es por propiedad privada o por servidumbre de paso, Colón respondió que depende del día la empresa va a dar una respuesta diferente. “Se dice que están cobrando por estacionamiento, serían $10 por persona, pero no tienen los permisos para eso. Esto está pasando los siete días a la semana”, Indicó, también respondiendo a las preguntas, que la Cueva del Indio tiene alrededor de 200 petroglifos que están a merced de que puedan ser dañados.

La senadora del Partido Nuevo Progresista, Migdalia Padilla, reaccionó a las denuncias y señalo que en la Cueva del Indio la investigación debe ser más profunda. “Al parecer se está lucrando gente…ustedes reclaman sentido de pertenencia para poderlo preservar... Aquí hay jefes de agencias que tienen que contestar y ofrecer alternativas”, dijo, al catalogar la situación como preocupante.

Por su parte Kathia Avilés Vázquez, del Proyecto Arqueológico El Josco Bravo, explicó que durante el huracán Fiona la carretera 861 en el Municipio de Toa Alta, jurisdicción de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), sufrió deslizamientos que mantienen cerrado este acceso.

“El Municipio y empresas subcontratadas, sin consultar a la ciudadanía y sin haber realizado una notificación previa, entraron a los terrenos del Valle Bucarabones con maquinaria y equipo pesado, causando daños al terreno y a siembras”, dijo al expresar la oposición de la comunidad agrícola a los trabajos de construcción de una carretera que atravesaría diagonalmente el Valle Bucarabones.

Informó que se le solicitó a la ACT y al Municipio de Toa Alta reparar los daños causados con maquinaria pesada removiendo corteza terrestre, derribando árboles e impactando la cuenca de varias quebradas y el propio Río Bucarabones, sin obtener resultados hasta ahora.

Al describir la importancia de este valle indicó que alrededor de 250 mil personas de varios municipios podrían tener seguridad alimentaria con la producción eficiente del mismo.

A preguntas de la presidenta, Avilés señaló que al momento el alcalde sigue defendiendo la necesidad de esta vía alterna.

Carmen Rosado, que acudió en representación de Cayey Para el Mundo, manifestó que “vengo motivada por mi oposición y la de cientos de mis vecinos a la construcción del conector/salida de la autopista #52 que el Municipio de Cayey insiste en imponer contra la voluntad y el bienestar de la población del Barrio Las Vegas”.

Aseguró que es “completamente falso que nos haga falta este conector para aliviar la congestión de tránsito de la PR1 y en la PR743. Resido al lado de la 743 y es falso el argumento del municipio que alega que existan problemas para acceder la autopista 52 en nuestro barrio rural”.

A preguntas de los senadores, Rosado afirmó que a pesar de la oposición de la comunidad el Municipio insiste en la construcción de ese conector. Dijo que el año pasado tuvieron una vista de consulta de ubicación y se encuentran en la fase 1 de pruebas arqueológicas.

El senador independiente José Vargas Vidot le preguntó si hay algún intento de la municipalidad para seguir insistiendo en el proceso del conector y Rosado le respondió que en Cayey se está viendo un total cambio en el casco urbano y lo quieren llevar a la zona rural, pero no ven la inseguridad que eso llevará a largo plazo. Dijo no entender por qué tanto desarrollo de edificaciones y centros comerciales, pero no se desarrolla el ecoturismo de la misma forma. “No hay interés de preservar espacios verdes”, añadió Rosado.

Samuel Acosta, que representó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en estas vistas públicas, aseguró que la agencia no tienen permisos solicitados o en consideración para la construcción de un conector en Cayey, y tampoco para la carretera que se pretende construir en el Valle de Bucarabones.

Reconoció que tienen problemas en el área de la Cueva del Indio ya que nunca se compraron los predios de acceso terrestre. “Eso ha creado un problema y se han hecho múltiples gestiones para conseguir los fondos y poder tener el control de toda el área y una permanencia constante del DRNA”, dijo. Además, señaló que hay unas querellas radicadas que se le está dando el proceso legal.

En la ponencia escrita que presentó del DRNA, firmada por la Secretaria Anaís Rodríguez-Vega, se señala que “para la adquisición de las propiedades y el desarrollo adecuado de esa Reserva, el presupuesto estimado para esa época, era de aproximadamente cuatro millones y medio. Es nuestro entender que los fondos necesarios no se asignaron por lo que el DRNA no pudo adquirir los terrenos y desarrollar Ia Reserva de Ia forma planificada”.

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