Un investigación reflejó posible falsificación de firmas en el proceso de preintervención de pagos, entre otras fallas de control interno.

La posible falsificación de firmas y el archivo de documentos falsos fueron dos de las irregularidades que reflejó una investigación de la Oficina de Inspector General (OIG) de Puerto Rico a la división de Finanzas del Departamento de Agricultura.

Según el informe, una queja confidencial llevó a la OIG a indagar sobre posibles irregularidades dentro del proceso de preintervención de facturas por parte de empleados o personas pertenecientes a la Oficina de Asuntos Financieros del Departamento de Agricultura (DA) y encontró serios problemas en los controles internos.

“Dentro de la investigación, se identificó una muestra, en la que se pudo haber falsificado firmas en el proceso de preintervención de Comprobantes de Pagos Contra Obligación (CPCO), utilizando iniciales de otro funcionario público sin su previa autorización o consentimiento para el desembolso de fondos públicos”, indica el comunicado de la OIG.

“Al momento de la investigación se encontró que un exempleado retirado del DA, realizó funciones de pre-intervención, como voluntario y que, para poder cumplir con las funciones delegadas, recibió instrucciones para firmar los comprobantes con las iniciales de otra empleada en propiedad, sin la autorización o consentimiento de ésta”, apunta el documento.

Además, la investigación reveló que es uso y costumbre compartirse las contraseñas de usuario para acceder a diferentes aplicaciones dentro de la Oficina de Asuntos Financieros.

Según la OIG, En la investigación se identificaron los siguientes hallazgos: Posible Falsificación y Archivo de Documentos Falsos; Falta de Reglamentación; falta de segregación de labores; incumplimiento con la Ley Núm. 261-2004, conocida como “Ley del Voluntariado de Puerto Rico”; falta de Controles Generales para el Acceso Exclusivo a Datos y Aplicaciones

De otra parte, la investigación resalta que el DA le asignó labores a un voluntario contrario a las disposiciones establecidas en la citada Ley 261, debido que se formalizó una orden administrativa y un acuerdo que adolecen de fuerza legal, por no cumplir con lo dispuesto en la referida ley de voluntariado.

“Por lo antes expuesto, se le recomendó al secretario rescindir el acuerdo”, subraya el escrito.

La OIG, indicó que la conducta expuesta en los hallazgos pudiesen constituir infracciones a la: Ley Núm. 261, antes citada; Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y Ley Núm. 1-2012, según enmendada conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.