La Asociación de Productores de Energía Renovable aseguran que la AEE y la Junta de Control Fiscal intervienen en procesos y decisiones ya adjudicadas, que provocan aumento en el precio de la energía

La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) hizo el miércoles, un llamado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como a su Junta de Gobierno a que sostengan su palabra y cumplan con los contratos de energía renovable que ya se han firmado.

La entidad planteó, además, que la AEE y la Junta de Control Fiscal (JCF) continúan interviniendo en procesos y decisiones ya adjudicadas, que acaban aumentado el precio de la energía local.

“El hermetismo ante el acceso de información y la falta de transparencia —mal padecido por muchas de nuestras agencias y corporaciones públicas— contagia a la misma Junta de Control Fiscal que fue impuesta a la gente de Puerto Rico para acabar con esa enfermedad crónica”, sostuvo el director ejecutivo, Julián Herencia en comunicación escrita.

El líder de la APER también planteó que “para poder generar un mercado competitivo en la Isla, la AEE tiene que cumplir con los contratos ya firmados. De esta manera, protege el entorno empresarial que necesita la industria de energía renovable con el fin de hacerla costo efectiva. Es hora de que las agencias pertinentes echen a un lado la ambivalencia y tomen acción contundente en beneficio de nuestra Isla”.

Herencia sostuvo que la JCF invade terreno al entrar en la determinación de política pública, tales como la razonabilidad y competitividad de las tarifas eléctricas, y el cumplimiento con la política pública energética según las leyes 17-2019 y 57-2020, entre otras.

La Asociación añadió que en el plan fiscal certificado de la AEE se omitieron los costos de consultores y estudios para evaluar y determinar con seriedad el costo real y competitivo de energía renovable en Puerto Rico.

Explicó también que la aprobación del Plan Integrado de Recursos (IRP, por sus siglas en inglés) corresponde al Negociado de Energía de Puerto Rico (NERP).

De otra parte, reiteraron que la determinación de limitar la implantación de los proyectos no operacionales a 150 megavatios —en lugar de los 593 megavatios aprobados— está basada en un plan fiscal certificado con premisas y datos incorrectos, al cual no se incorporaron los datos más recientes o los resultados de estudios precisos en cuanto a la realidad y las particularidades existentes en Puerto Rico.

Asimismo, la APER subrayó que el recién aprobado IRP del Negociado de Energía elimina el proyecto de una nueva planta de 300 megavatios de ciclo combinado en Palo Seco, lo cual resultará en un aumento considerable en la tarifa eléctrica a menos de que los cerca de 600 megavatios de renovables se realicen.

“La única protección contra dicho aumento que se puede realizar a tiempo son los proyectos renovables. La nueva planta en Palo Seco hubiera generado energía a un costo de 9.7 centavos por kilovatio/hora en gas natural, pero al no ser parte del plan, la generación con diésel conllevaría un costo de 13.8 centavos por kilovatio/hora”, concluyó Herencia.