La Fundación Modesto Gotay manejaba alimentos y medicamentos expirados, además de tener pacientes durmiendo en el piso y sin la higiene requerida.

El director de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, informó que se ordenó el cierre de la Fundación Modesto Gotay, de Trujillo Alto, tras evidenciar serias fallas en su funcionamiento y operaciones, lo que puso en riesgo la salud de los residentes del lugar.

La intervención en el Centro, que alberga personas con discapacidad intelectual, estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones, la División de Discapacidad Intelectual, Salud Ambiental y SARAF, todos adscritos al Departamento de salud.

La movilización de Salud se originó tras denuncias del propio personal que labora en la División de Discapacidad Intelectual, el cual alertó sobre irregularidades que evidenciaron que el hogar no cumplía con los requisitos mínimos para operar, por lo que se procedió a remover y reubicar a los residentes, así como a su cierre.

“Durante nuestra visita al centro, pudimos evidenciar fallas severas en el manejo de alimentos, así como un inventario de alimentos expirados. Del mismo modo, no se cumplía con la cantidad adecuada de personal para atender a los pacientes. También observamos falta de higiene e infraestructura no adecuada para atender las necesidades de los residentes”, explicó Jesús Hernández, director de la Unidad de Investigaciones en declaraciones escritas, quien añadió que en el lugar residían 47 personas, de las cuales 41 eran pacientes adscritos al Departamento de Salud.

Entre otras irregularidades, se encontraron medicamentos expirados y sin su debida rotulación, excremento en los mattress y personas durmiendo en el piso. Tras la orden de cierre, la administración de la Fundación Modesto Gotay se comprometió a realizar las gestiones necesarias para cumplir con los señalamientos del Departamento de Salud, que obliga a que la entidad permanezca cerrada hasta que sea inspeccionada nuevamente y obtenga el permiso de la agencia para reanudar operaciones.

“Tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar la salud y seguridad de todos nuestros participantes, asegurándonos de que los servicios que se les ofrecen sean de calidad, en un ambiente limpio y respetando siempre su dignidad como seres humanos. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar monitoreando todos los centros en los que residen personas con discapacidad intelectual, especialmente los que están bajo nuestra división”, aseguró la doctora Joan Rivera, directora de la División de Discapacidad Intelectual.

Finalmente, adelantó que estarán vigilantes para que este escenario no se vuelva a repetir. “Este fue un operativo para salvar vidas. Que no le quepa la menor duda a ningún otro centro de que los estaremos monitoreando. Estas personas, por su condición, ya viven en un ambiente vulnerable y somos nosotros los responsables de velar porque no se le viole ninguno de sus derechos, incluyendo la salud y la vida”.