La fiscalización de los comercios que participen de la reapertura escalonada quedará en manos del Departamento del Trabajo, que ha enfrentado las partes más duras de esta crisis por el tema del desempleo.

La reapertura escalonada de los comercios en Puerto Rico en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 no solo proviene de una presión por parte del sector privado que conforma el “Task Force” Económico de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, sino que delega en ellos —las empresas— la elaboración, evaluación y certificación de guías que dicten el nivel de cuidado que tomarán para asegurar el bienestar de sus empleados y clientes.

Las guías, contenidas en una auto-certificación, deben ser enviadas por los comercios a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) del Departamento del Trabajo, como único requerimiento para su reapertura.

Es decir, la intervención del Gobierno de Puerto Rico se limita a recibir los documentos, no tanto así llevar a cabo un proceso de corroboración y evaluación de su contenido, que influya en su apertura.

Las directrices, mencionadas de manera superficial por la Gobernadora durante un mensaje televisado la noche del jueves, están incluidas en la sección 18va de la Orden Ejecutiva (OE) 2020-038, que extiende el toque de queda hasta el 25 de mayo. Sin embargo, surgen del “Informe Comisión Especial Asesora de Asuntos Económicos Proceso de Reapertura de la Economía”, sometido por el “Task Force” Económico.

Del mismo modo, fueron esbozadas por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, en entrevista con NotiCel, quien justificó que la ampliación de negocios se debe a que son de bajo riesgo de contagio de COVID-19 y que, al momento, son alentadores los datos que dan cuenta de la incidencia de esta enfermedad en la Isla.

“Van a estar sometiendo esa auto-certificación al Departamento del Trabajo, particularmente lo que es OSHA, y someten esa autoevaluación o auto-certificación, lo que supone entonces que ese patrono logró hacer las medidas que tenía que implementar, que ya de por sí estaba en una actividad de bajo riesgo, pero fortalece el lugar de trabajo para proteger la salud de los empleados”, explicó Laboy Rivera.

Las guías son requerimientos que tanto el DDEC como Trabajo tomaron de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y OSHA federal. A nivel local, OSHA está facultado en ley para inspeccionar los comercios, recibir quejas o imponer penalidades de encontrar algún grado de incumplimiento.

Mientras que la imposición de las guías es un requisito de reapertura, sus componentes son opcionales. Es decir, no todo patrono implementará los mismos controles para velar por la seguridad y la salud de sus empleados y clientes.

Lo mínimo que deben hacer, de acuerdo a la OE 2020-038, es instruir a sus empleados de las nuevas medidas, consignar que se laven las manos por 20 segundos con jabón o utilicen desinfectante y porten mascarillas y guantes. Le corresponde al empleador tomar medidas adicionales, si así las considera necesarias.

“Con todos los empresarios que he hablado, están más que conscientes que el mejor activo es su empleado. En estas circunstancias, que es sin precedentes, el patrono necesita al empleado saludable. Siempre ha sido así, pero en esta circunstancia cobra más relevancia”, observó Laboy Rivera.

Las medidas resuenan con la visión de la Administración de turno —desde su primer gobernante, Ricardo Rosselló Nevares—, en que se ha reforzado la idea del “gobierno facilitador” para el sector privado, en lugar del Gobierno de Puerto Rico como un centro de operaciones y mando en que las agencias públicas dictan los pasos a seguir.

En el informe del “Task Force” Económico, el sector privado solicitó al gobierno que cumpla con una serie de condiciones para garantizar una apertura exitosa, no obstante, los requerimientos al sector privado no fueron igual de estrictos.

El llamado al gobierno, incluso, se hace eco del pedido que han hecho otros sectores desde hace un mes, razón por la cual el 1 de mayo se llevaron acabo manifestaciones concurridas, pero vehiculares para respetar el llamado de distanciamiento social. También es el pedido que le ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los países:

Requisitos de cierre en caso de brote

El estándar para cerrar los comercios por aparición o reincidencia del COVID-19 recaerá en cada empresa.

A nivel nacional, en cambio, la Gobernadora señaló en su OE que el retroceso en la flexibilización comercial estará fundamentado en un “aumento notable en el riesgo de infección o el momento en que los servicios de salud se aproximen a un límite de capacidad”.

El detalle y la especificidad, por otra parte, se encuentra en el “Informe Comisión Especial Asesora de Asuntos Económicos Proceso de Reapertura de la Economía”.

El documento condiciona el retroceso en el plan de apertura al uso de más del 50 por ciento de ventiladores en la Isla.

“Cada fase del plan tendrá una duración de un periodo de incubación equivalente a 14 días. Se recomienda pasar a fases subsiguientes mientras un aumento en contagios no exceda el uso del 25 por ciento de los respiradores disponibles. Si durante el periodo en cuestión el aumento en uso de respiradores es mayor a 25 por ciento, no se recomienda pasar a la etapa subsiguiente. Si el aumento llegara a 50 por ciento se recomienda llevar a cabo un proceso de regresión a la etapa anterior, ya que pudiera comprometer el sistema y la capacidad de tratar pacientes y salvar vidas”, según el documento.

El plan mismo indica que el uso de ventiladores es el medidor predilecto debido a la poca confiabilidad de los datos que maneja el Departamento de Salud.