El presidente, Joe Biden, firmó la semana pasada una orden ejecutiva con medidas para apoyar a supervivientes de tiroteos y familiares de víctimas durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental.

WASHINGTON - Decenas de víctimas de tiroteos en Estados Unidos se reunieron este viernes frente al Capitolio para compartir sus experiencias y exigir a las autoridades que pongan freno de una vez al comercio de armas de asalto.

"Las armas no son más importantes que las vidas", dijo a EFE Kimberly Rubio, madre de Lexi, asesinada en mayo del año pasado en el tiroteo en un colegio de primaria de Uvalde (Texas).

Con la voz rota, esta mujer explicó que viaja regularmente a Washington porque no quiere dejar pasar "ni una oportunidad" de contar la historia de su hija.

"Que actúen de una vez por todas. Esta situación es como una bofetada. ¿Lo de mi hija no fue suficiente para que hagan algo?", expresó.

Como Kimberly, varios familiares de víctimas se encontraron en el centro de la capital estadounidense, donde hoy hace cinco años transcurrió la masiva manifestación "March for Our Lives" en respuesta a otro tiroteo en un centro educativo, el de Parkland (Florida) de 2018.

Uno de los 17 fallecidos en esa tragedia fue Joaquín Oliver, hijo de Manuel y Patricia Oliver, reconocidos activistas contra la posesión de armas que no faltaron a la cita de este viernes.

Precisamente, los Oliver fueron desalojados ayer del Congreso por interrumpir a gritos una audiencia sobre armas en un comité de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, e incluso Manuel fue reducido por policías del Capitolio.

"Ayer me dijeron que me callara y que me sentara o iba a ser arrestado. Pues que nos arresten a todos", bromeó este viernes.

A su lado, Patricia reivindicó que hay que "educar a la gente del gobierno" sobre la violencia armada y sumar "más voces" en esta batalla.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la semana pasada una orden ejecutiva con medidas para apoyar a supervivientes de tiroteos y familiares de víctimas durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental.

El debate sobre la posesión de armas, un derecho consagrado por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, volvió a estar a la orden del día tras el tiroteo de mayo del año pasado en una escuela primaria de Uvalde (Texas) en el que fallecieron 19 niños y 2 adultos.

Los republicanos se oponen a regular la posesión de las armas, mientras que los demócratas apuestan por más controles sobre los antecedentes de los compradores.

Para los activistas, uno de los pasos más urgentes es el de prohibir la venta de rifles de asalto, utilizados en muchos de los tiroteos en el país.

"Estamos cansados. Vamos a seguir viniendo hasta que el veto se apruebe", dijo a EFE Catherine Buitrón, miembro de la organización March Fourth, que presiona a los congresistas para que prohíban los rifles de asalto.

Esta mujer de Illinois se involucró en el activismo tras la masacre de Sandy Hook (Connecticut) en 2012 y redobló sus esfuerzos después del tiroteo de Uvalde, donde una amiga suya perdió a su hija.

El común denominador de esos tiroteos es "el tipo de arma", explicó Buitrón, quien lamentó que muchos legisladores se oponen al veto por "motivos políticos".

A pesar de ello, está convencida de que ganarán esta lucha. "Tenemos la razón", sentenció.