Así lo revela su plan de seguridad divulgado de cara a la nominación republicana en 2024.

MIAMI - El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se propone castigar a los traficantes de drogas y a los de personas con la pena de muerte y asegurar "completamente" la frontera con México si llega de nuevo a la Casa Blanca, según un plan de seguridad divulgado de cara a la nominación republicana en 2024.

En el campo de la política migratoria, el plan para un "Estados Unidos más seguro" plantea también que los cuerpos policiales que reciben subvenciones del Departamento de Justicia cooperen con Migración para "arrestar y deportar a los delincuentes extranjeros".

La campaña de Trump, presidente de 2017 a 2021, informó este martes de los puntos centrales del plan para acabar con el "crimen fuera de control y mantener seguros a todos los estadounidenses", dado a conocer en un video con motivo del Día de los Presidentes, celebrado este lunes.

El exmandatario, que por ahora tiene como única rival para la nominación a la exgobernadora y exembajadora ante la ONU Nikki Haley, dice que, si regresa a la Casa Blanca, propondrá hacer una "inversión récord en la contratación, retención y capacitación de agentes de policía" y mejorar las medidas de protección para que puedan hacer "bien su trabajo".

Además, ordenará al Departamento de Justicia que investigue a "los fiscales de izquierda radical, como los de Chicago, Los Ángeles y San Francisco, para determinar si se han involucrado ilegalmente en la aplicación de la ley basada en la raza".

El plan se propone "desmantelar todas las pandillas y redes de drogas en Estados Unidos", aplicar la pena de muerte a los traficantes de drogas y "limpiar las calles de las personas sin hogar, los adictos a las drogas y los enfermos mentales".

Asimismo, se compromete a desplegar activos federales, incluida la Guardia Nacional, para restablecer la ley y el orden en todo el país cuando las fuerzas del orden locales se nieguen a actuar.

Otros puntos son ordenar al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia que revisen los estándares federales para disciplinar a los menores y extender las normas de porte oculto de armas.