En lo que se resuelve el pleito judicial que deberá determinar si la ley que los prohíbe se ajusta a la constitución estatal.

La Justicia de Indiana permitió este miércoles que se sigan practicando abortos en el estado mientras se resuelve la cuestión judicial que deberá determinar si la ley que los prohíbe se ajusta a la constitución estatal.

La Corte Suprema del estado se posicionó así en contra del fiscal general de Indiana, Todd Rokita, quien había pedido que mientras se resuelve la cuestión de fondo, la ley entrase en vigor y se restringiese el acceso al aborto.

El pasado 22 de septiembre, una jueza estatal de Indiana bloqueó la ley de ese estado que prohíbe el aborto con excepciones muy limitadas y que había entrado en vigor una semana antes, tras lo que la fiscalía apeló ante la Corte Suprema del estado.

En su fallo, la magistrada Kelsey Hanlon consideró que, aunque el aborto no era legal en el momento en que la Constitución de Indiana se escribió, el lenguaje que contiene sugiere que "hay una probabilidad razonable" de que estén protegidas las decisiones sobre la planificación familiar, lo que incluiría interrumpir un embarazo.

Con esa decisión judicial se permitió que se reanudasen los abortos en Indiana hasta la vigésimo segunda semana de gestación, como se había practicado en ese estado hasta la entrada en efecto de la norma.

Indiana se convirtió en agosto en el primero de los 50 estados en aprobar una ley para restringir el acceso al aborto después de que el Tribunal Supremo revocara el fallo de 1973, conocido como "Roe contra Wade", que protegía ese derecho a nivel federal.

La ley de Indiana prohíbe todos los abortos excepto cuando la vida de la madre esté en peligro o para evitar cualquier riesgo grave en la salud de la mujer o el feto, pero únicamente en las primeras 20 semanas de gestación.

También permite el aborto en las primeras 10 semanas cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.

Además, estipula que las clínicas abortivas no pueden ofrecer estos servicios y que se les retire la licencia estatal para operar, con lo que si alguien se acoge a alguna excepción y necesita interrumpir su embarazo debe ir a un hospital autorizado o a un ambulatorio que sea propiedad de un centro sanitario con permiso oficial.

A finales de junio, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, revocó la sentencia "Roe vs. Wade", con lo que acabó con la protección federal al aborto y dio permiso a los estados para fijar sus propias reglas.

Eso ha hecho que algunos estados empiecen a implementar las llamadas "leyes zombis" que se habían proclamado antes de que el Supremo garantizara el derecho en 1973, mientras que otros estados han activado "leyes resorte", llamadas así por haber sido diseñadas para entrar en vigor justo cuando se derogó el derecho al aborto.