Tras decisión del Tribunal Supremo federal.

Los fiscales generales de 21 de los 50 estados de Estados Unidos difundieron este lunes un comunicado conjunto en el que reafirman su "compromiso a apoyar y expandir el acceso a la atención médica del aborto", en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de prohibir la interrupción del embarazo.

"La atención del aborto es atención médica, punto. Nos unimos, como más altos funcionarios de la ley de nuestros estados, para decir con orgullo que no retrocederemos en la lucha para proteger los derechos de las personas embarazadas en nuestros estados y en todo el país", asegura la nota suscrita por los fiscales.

En el comunicado, insisten en que la decisión del Tribunal Supremo revierte casi medio siglo de precedente legal y "socava los derechos de las personas en todo Estados Unidos".

"Si bien este es un momento peligroso para nuestra nación, también es un momento que requiere acción. Nuestra promesa a nuestros residentes es simple: nunca dejaremos de defender sus derechos", recoge la nota.

Los firmantes rechazan que se regrese a los "días en los que los políticos intentaban decir a la gente lo que tenían que hacer con sus cuerpos".

"Cuando se trata de la atención del aborto, es tu cuerpo y tu derecho a elegir. Nadie más puede tomar esas decisiones", subrayan.

Los fiscales argumentan que los estadounidenses, durante generaciones, han tomado decisiones personales, familiares y sobre su futuro en base al derecho constitucional anulado la semana pasada por el Tribunal Supremo.

Como consecuencia de la decisión del tribunal, "las personas de todo el país se enfrentan ahora a la perspectiva de tener que viajar desde sus hogares a nuestros estados para buscar acceso a la atención médica fundamental a la que deberían tener derecho".

"A quienes no pueden viajar, las leyes que prohíben el aborto en sus estados de origen empeorarán su atención sanitaria y reducirán las oportunidades socioeconómicas", especialmente para las comunidades con menos recursos.

El comunicado está firmado por los fiscales generales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington, además del Distrito de Columbia.