Hay alegaciones de "humillaciones y abusos" a víctimas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves que está investigando a la Policía de Nueva York (NYPD) por una supuesta mala gestión de los casos en los que se investiga un delito sexual tras recibir alegaciones sobre "humillaciones y abuso" a víctimas.

En concreto, el Gobierno ha abierto una pesquisa civil sobre la División de Víctimas Especiales (DVE) de la policía neoyorquina para evaluar si es responsable de discriminación "con sesgo de género", y planea escuchar las "experiencias" de organizaciones y ciudadanos.

Según un comunicado, Justicia ha recibido información sobre "deficiencias" que han persistido más de una década en la DVE y que indican que se han omitido "pasos básicos" en estas delicadas investigaciones y en su lugar se ha "traumatizado aún más" a muchas víctimas.

El Gobierno planea revisar las políticas, procesos y formación establecidos en esa división de la NYPD para realizar las investigaciones, incluyendo cómo los agentes interactúan con "supervivientes y testigos", cómo recolectan pruebas y cómo cierran los casos.

La fiscal general adjunta, Kristen Clarke, dijo que las alegaciones suponen "suficiente justificación" para esclarecer si la DVE "ha seguido un patrón o ejercido discriminación con sesgo de género", y reclamó un trato "efectivo, informado sobre el trauma y centrado en la víctima".

Según medios locales, algunas víctimas de delitos sexuales han acusado a la policía local de no investigar adecuadamente sus casos, mientras que en 2018 la Administración concluyó que se daba prioridad a casos de violaciones por parte de extraños frente a las ejecutadas por conocidos.

La ciudad señalaba la falta de personal, un problema que se alarga desde 2010, y la inexperiencia de los agentes en este ámbito como factores que han perjudicado el trabajo de la DVE y, por ende, a las víctimas.

Este mismo mes, la fiscalía de Manhattan estableció una nueva unidad dedicada a delitos de violencia sexual para prestar más atención a la "dignidad y bienestar" de las víctimas, tras años de alegaciones sobre permisividad con agresores de alto perfil y rechazo de numerosos casos.