Con bombos y platillos, con sonrisas posadas y triunfales aparecen en una noticia exclusiva, como suelen ser las discriminatorias, los secretarios Francisco Parés y Manuel Laboy adelantando los resultados de un informe que publicarán mañana, el Informe del Gasto Tributario (IGT) para el año 2017.

Este informe recoge lo que le cuesta al gobierno decidir no cobrar de manera lícita —por mandato de ley— por incentivos, deducciones, decretos y exoneraciones que concede en nuestro inequitativo, desigual, dispar, enrevesado y parasitario sistema contributivo. La mera descripción de los costos englobados que contiene el informe, explica cómo el gobierno de Puerto Rico se negó a tenerlo como otros países lo confeccionan hace décadas. Es que se trata de una primera radiografía a la bochornosa maquinaria contributiva del país que arroja migajas a los asalariados y empresarios locales, mientras lanzan gigantescos panes y hogazas, bizcochos y exquisita repostería al mundo corporativo especialmente foráneo, y a los privilegiados.

Que Puerto Rico sea una incontrolable fuga de país, plagado de desigualdades sociales y económicas que nos hacen ser la quinta jurisdicción más desigual del mundo y la tercera del hemisferio, no debe sorprender a nadie a la luz de la caótica política fiscal y tributaria que ahoga las posibilidades de desarrollo del país. Pareciera que el gobierno de Puerto Rico existe esencialmente desde al menos hace medio siglo para asegurar una súper lavadora a las corporaciones foráneas —otro renglón distinto— que se llevan 40,000 millones de dólares al año pagando una miseria, cuando algo pagan; o lo que es peor, para sostener un laberinto de privilegios que posibilitan esa y otras tantas expoliaciones por parte del gran capital e individuos privilegiados.

El Informe que es la primera fotografía tomada del cuerpo delictivo tributario, se aspiraría a que permitirá en el futuro compararlo con los informes de años posteriores, y tener un mapa algo más preciso sobre políticas públicas —económicas, sociales y fiscales— que puedan estar fundamentadas en planes coherentes. Las decisiones sobre política pública que se toman actualmente se hacen por capricho, favoritismo, miopía y en el mejor de los casos por intuición. Hasta recientemente eran tomadas por un plan del plan que claramente carecía de fundamentos.

Habría que decir en pocas palabras, que a falta deliberada de transparencia gubernativa, de no querer visibilizar una de las causas principales de la inequidad y disfuncionalidad del país y del parasitismo esencialmente corporativo foráneo, por décadas —40 ó 50 años— se ha estado navegando a ciegas —o con el conocimiento de muy pocos— creando una grotesca imbricación parasitaria entre el corporativismo foráneo y el gobierno.

De ese engendro, plagado de confidencialidad al socaire de la competitividad y del secreto de negocio, ciertas figuras claves del gobierno, por épocas los encargados del Departamento de Estado, de las secretarías de Hacienda y Desarrollo Económico, se encargaron de cortar el bacalao, el gran bacalao ballena, de decenas de miles de millones de dólares con casi absolutas facultades discrecionales para ña indiscreción.

Aquella investigación inconclusa de los fondos de PRIIF, por la Comisión de Hacienda de la Cámara en el 2004 hubiese revelado tantas cosa, si no se hubiese politizado. Quince años después vemos el problema irrefrenadamente multiplicado.

El año 2017, año de esta primera fotografía del delincuente o del cuerpo del delito, el roto en lo que se autorizó a no cobrar, fue de 20,614 millones de dólares —divídalo entre 9 y sabrá que equivale a más de dos presupuestos del gobierno central— todo ese bocado en un año. Se dirá y es verdad, que ahí hay incluidas partidas de deducciones a individuos. Lo que los datos no permitirán precisar es que más o menos, por cada peso de justificada deducción a individuos y negocios pequeños, habrá 5 ó 6 dólares de subsidio o mantengo contributivo corporativo foráneo. Una estadística importante será la que surja del análisis de cuántos empleos se crearon o mantuvieron con ese aparatoso descuento corporativo. Me sospecho que dadas las estadísticas colapsantes del número de empleos, esa inversión ha resultado en otra catástrofe improductiva. Aquella investigación inconclusa de los fondos de PRIIF, por la Comisión de Hacienda de la Cámara en el 2004 hubiese revelado tantas cosa, si no se hubiese politizado. Quince años después vemos el problema irrefrenadamente multiplicado.

Por qué surge el IGT ahora y qué está debajo?

Surge ahora, a regañadientes luego de ocultamientos laberínticos, pues la Junta, la de Control Fiscal, quiere saber por cuál coladero se dejan de cobrar los dineros, no para destinarlos a atender el subdesarrollo económico y la devastación de este huracán saqueador que no es María, si no para hacer cuentas para abonar ese recaudo a la deuda inauditada.

En otras palabras, la Junta en su papel de cobrador de los acreedores y bonistas examina el mapa de las coladeras para aumentar recaudos y destinar aún más dinero a pagar la deuda, incluso la que no debamos por ser ilegal y no ser exigible su cobro. Para decirlo sucintamente, ese dinero que no vaya a las corporaciones foráneas explotadoras irá a las corporaciones y fondos buitre acreedores. Y a Puerto Rico? que reparta suerte.

Debajo de este aplastamiento anticipado por este informe IGT, celebrado con el mismo cinismo de los chats y rossellístico por dos de los secretarios, está la misma gente que por décadas autorizaron, asesoraron y asistieron al endeudamiento glotón e ilícito. Está la misma mafia que a lo Cuca Gómez, asesoraron, promovieron, fueron corredores, luego vendieron o mercadearon los bonos y ahora son intermediarios e intercesores. Esa gente, si no es la misma gente, el mismo enjambre corporativo que ha movido la economía de lavadora de papel en Puerto Rico para obtener comisiones enormes, asesorías faraónicas, bonificaciones —de billones de dólares largos— están relacionados y algunos seguramente estarán asociados.

Todo ello sucedió para, o tiene por efecto nuestra quiebra rotunda, para prolongarle la vida artificialmente mientras duró, a un régimen colonial fantasioso que nos condenó al subdesarrollo, a que emigrara casi dos terceras partes de nuestra gente, a enriquecer a unos pocos intermediarios locales, y a guaynabitizar venenosamente a una nueva generación de imitadores con demostrada vocación de tener menos disimulo en su rapacidad.

De manera que el IGT no surge por deseo de transparencia, surge a lágrima viva de quienes no pueden ponerse al día todavía en los informes fiscales del gobierno. Surge de funcionarios locales que esconden y litigan para no mostrar las cuentas y para asesinar la transparencia. Surgen de los que hacen fila urdiendo planes para ver con qué alita del pavo, o con cuál pechuga de los fondos de reconstrucción post-María se quedarán.

Debajo de este informe de gasto contributivo, está el primer tenue y superficial examen de laboratorio del cáncer que tritura nuestra médula colectiva y cualquier proyecto de futuro.

El Informe debe ser leído con lupa esta semana cuando lo den a la publicidad teniendo clara la salvedad que aquí no se analiza el efecto de ese multibillonario gasto.

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la Cámara durante 24 años.