Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mayor riesgo de corrupción se encuentra en las contrataciones públicas. Si seguimos los parámetros globales, esta conducta nos puede estar costando entre $740 millones y $3,100 millones anuales. Los números exactos son inciertos, dada la carencia de data sobre el presupuesto y los gastos públicos, pero estos parámetros nos dan una idea de la alarmante cantidad de recursos públicos que perdemos cuando le damos paso a la corrupción.

El riesgo de corrupción aumenta debido a la complejidad de los procesos de contratación y la interacción que se da entre el sector público y el mercado. Pero para poder entender la complejidad del sistema, los espacios que presenta para la corrupción y las posibles soluciones, es esencial educarnos sobre el mismo.

Primeramente, la OCDE divide el sistema de contrataciones públicas en tres etapas:

Pre-Licitación: la entidad pública identifica sus prioridades y los contratos (sus requerimientos, el presupuesto y procedimiento de selección) que necesita llevar a cabo

Licitación: la entidad convoca, presenta, evalúa y selecciona las propuestas para llevar a cabo un servicio u otorgar un producto solicitado por la entidad pública

Post-Licitación: la entidad pública gestiona los contratos, monitorea/audita la implementación y ejecuta procesos de factura y pago

Como ven, el sistema es mucho más complejo que la etapa de licitación. No obstante, esta etapa es la más conocida y a la que más atención se le presta en la actualidad; desde los famosos contratos de emergencia otorgados a compañías sin experiencia como Whitefish, hasta la posible manipulación de los criterios de un RFP para beneficiar a licitadores en las compras de computadoras para el Departamento de Educación. Encontramos útil establecer algunas cosas respecto a esta etapa, dejando claro que es algo así como el 'tráiler' del #telegramchat, ya que refleja las deficiencias y complejidades de un sistema aún más abarcador, rico en delitos y en necesidad de cambio radical.

La etapa de licitación se puede hacer de forma competitiva (pública) o no competitiva (otorgada a un postor único), dependiendo de la regulación y los criterios vigentes, a través de procesos como:

Subastas: se adjudican propuestas al postor que presente un mayor valor, es decir, que cumpla de la mejor forma con las necesidades expuestas por la entidad. A menudo, aunque no siempre el caso, este tipo de licitación le da mayor valor al precio propuesto

Solicitud de Cualificaciones (Request for Quotation-RFQ): se evalúa el componente técnico de la propuesta por su alta complejidad y luego se negocia el precio

Solicitud de Propuestas (Request for Proposals-RFP): el licitador (o postor) presenta una propuesta sobre cómo solucionar el problema o necesidad expuesta por la entidad pública y la entidad las evalúa en base a los criterios estipulados en el RFP

Es evidente y poco debatible que los procesos de contratación deben ser abiertos y competitivos, con muy pocas excepciones, y que en la actualidad este proceso no se realiza de manera consistente ni robusta. Algunas tendencias riesgosas que se ven en esta etapa con frecuencia y limitan el proceso competitivo en Puerto Rico son:

Falta de claridad respecto a cuándo y cómo se llevan a cabo procesos competitivos

Manipulación de los requisitos y tiempos de respuesta (pliego) de manera que beneficie primordialmente a un postor/licitador (el cual recibe la información antes que los demás)

Fraccionamiento de los contratos para reducir el monto y poder llevar a cabo un proceso no competitivo

Divulgación limitada de la convocatoria para evitar que otros postores se enteren de la oportunidad

Evaluadores que no son independientes

Evaluación de licitaciones y determinación de adjudicación que no son públicas

Regulaciones sobre contratos de servicios profesionales y emergencias que permiten gran discreción en la otorgación de contratos sin pasar por procesos competitivos

Estos y muchos factores más presentan un mar de oportunidades para que se manipulen los recursos del pueblo como cualquier mafia.

Y ahora, quién podrá defendernos? Los sistemas y las prácticas de contrataciones abiertas! Un estudio europeo, identificó una correlación positiva entre publicar más información sobre licitaciones y obtener mayores postores, resultando en ahorros de entre 3.6-6.3 mil millones de euros anuales (M. Fazekas 2015). Corea del Sur, a través de reformas robustas y la apertura de los procesos de compra logró ahorrarle sobre 1.4 mil millones al gobierno y 6.6 mil millones al sector privado (OCP). Ucrania se ha ahorrado 13% del presupuesto de compra utilizando un nuevo sistema de compra transparente e íntegro (Prozorro).

Entonces, reconociendo lo que nos cuestan y costarán estas debilidades sistémicas, las contrataciones abiertas (cuya divulgación de información es clara, completa, integrada y accesible), en combinación con la participación pública, el monitoreo y la vigilancia en todos los puntos de contrataciones públicas son esenciales para bloquear la corrupción. Las soluciones no pueden ser superficiales; necesitamos diagnosticar los problemas en TODO el sistema de contrataciones para reformar la ley y la práctica de forma adecuada, o nos arriesgamos a invertir recursos en soluciones que no dan resultados.

*La autora es Consultora de Gobernanza del Banco Mundial y cuenta con más de 10 años de experiencia en política pública nacional e internacional, así como cocreadora del blog/podcast de transparencia Más Claro No Canta Un Gallo y miembro de la Red de Transparencia.