Todavía truenan los ecos de la renuncia del (muy pronto ex) gobernador Ricardo Roselló Nevares, y el gobierno federal ya ha compartido sus ideas de lo que viene para Puerto Rico en un futuro cercano. El Congreso de los Estados Unidos se ha ido de vacaciones de verano sin aprobar $12,000 millones en fondos de Medicaid para la isla, los cuales llegarían (si llegan) con controles adicionales muy estrictos. FEMA acaba de decirle a COR3 que los federales se harán cargo de la certificación de los proyectos, y fuentes indican que es probable que el plan que desarrolló el Departamento de Vivienda de Puerto Rico para administrar los fondos de CDBG sea, como se dice sutilmente, 'adaptado'.

En resumen: #TelegramGate ha retrasado por meses - o años - la recuperación económica de nuestra isla. La conversación ofensiva y desastrosa entre miembros del grupo de gobierno y cabilderos bajo el visto bueno de Fortaleza podría paralizar completamente el desarrollo económico a corto plazo de Puerto Rico. (Una nota al sector privado: tengan esto en cuenta la próxima vez que uno de estos 'exfuncionarios del gobierno' vengan a pedirle un trabajo de asesoría). El desafío ante nosotros es recuperar la más mínima medida de credibilidad para el gobierno de Puerto Rico ante los ojos del gobierno federal.

Cómo será de esperar, el tema más importante de cualquier funcionario electo del gobierno de Puerto Rico en los próximos cuatrienios será implementar medidas de transparencia radical a través de toda la maquinaria del gobierno. Discusiones sobre el estatus, quejas del futuro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y cualquier otro nuevo programa gubernamental tendrá que ser aplazado o cancelado. La recuperación económica de Puerto Rico se basará sola y únicamente en la capacidad del gobierno local para convencer a Washington que es digno de administrar miles de millones en fondos de federales. Y las mismas soluciones del pasado no son aceptables.

En otros artículos he escrito sobre enfoques simples para agilizar la reforma de la contratación publica. Digo 'simple' porque a nivel estratégico estas ideas son sencillas. Como ejemplos, todas las solicitudes de propuestas deben estar abiertas. El gobierno no puede negociar en privado con proveedores preferidos sin notificarle a la ciudadanía. Los contratos deben adjudicarse según criterios objetivos y no relaciones con amigos y familiares. El solo hecho de implementar estas iniciativas devolvería millones de dólares al gobierno Puerto Rico, y probablemente paralizaría la industria de cabilderos talentosos' que han aprovechado la falta de ética por parte del gobierno para forrarse de billetes ilegítimos. Pero hay mucho más que hacer. Aquí les presento otras iniciativas adicionales para asegurar que el futuro gobierno de Puerto Rico sea responsable ante los ciudadanos, no ante los intereses especiales.

Implementar un periodo de 'cool down' para los ejecutivos gubernamentales: una persona que ha ocupado cargos políticos no podrá desempeñar funciones de cabildero o consultor por un período de tres años después de dejar el servicio gubernamental. Por qué tres? Porque para cuando alguien por fin entienda correctamente su trabajo gubernamental, solo podrán regresar después de las elecciones. Si hay cambio en el gobierno, estarían desempleados e incapaces de influir en su antiguo patrono. Si su partido gana, estarían compitiendo cuesta arriba contra los titulares que llegaron con el nuevo equipo de trabajo. Esto reduce el fenómeno del 'revolving door' donde siempre se ven las mismas caras en cercanía al gobierno.

Cualquier compañía que quiera obtener contratos con el gobierno debe haber estado registrada por más de dos años antes de las elecciones, ya tener clientes existentes y demostrar experiencia apropiada y relevante en las áreas de contratación. Esto evita que los funcionarios electos 'recompensen' a individuos específicos con contratos gubernamentales luego de las elecciones. Una administración no podrá traer una compañía para ayudar a menos que tenga un historial, tenga otros clientes y sepa lo que está haciendo. No más repartir el dinero de los contribuyentes para que las personas puedan ser 'batateros' y cobrar millones de fondos sin hacer nada.

Los contratos de asesoramiento seguirán los mismos procesos abiertos y públicos para RFP (Request for Proposal) al igual que otras actividades de contratación comercial. No hay ninguna razón por la cual las propuestas de asesoramiento no puedan ser evaluadas utilizando un proceso de RFP transparente. Los políticos insistirán en que no pueden atraer los talentosos específicos' si tienen que evaluar estos contratos simplemente por el costo. Están equivocados. Están tratando de meter embustes para justificar procesos de contratación opaca. Las propuestas de servicio pueden ser evaluados de forma fácil y transparente según los criterios de 'mejor valor' ('best value'), donde se evalúa a la empresa consultora sobre qué beneficio puede aportar por el precio que proponen. Esta ha sido la norma a través del gobierno federal por varias décadas. Esto obliga al gobierno a identificar exactamente QUÉ necesita en un contrato de servicio, más allá de la capacidad de devolverle un favorcito a los donantes políticos.

Todas las agencias gubernamentales serán obligadas a proporcionar los datos necesarios (protegiendo información personal privada) a un tercero independiente que los publique para evaluar el desempeño gubernamental. Esta información debe incluir información organizada per cápita vinculada con los resultados. Por ejemplo, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha gastado miles de dólares más por estudiante en educación (con una combinación de fondos locales y federales) que el promedio en los Estados Unidos y aún así nuestros resultados en educación están en la posición numero 53, detrás de los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y las escuelas del Departamento de Defensa. La ciudadanía deben tener acceso a esta información, que indica claramente una incapacidad para administrar estos recursos de manera adecuada para el bien público. La indignación tiene un rol importante en el cambio democrático, y los líderes electos deben rendir cuentas a la ciudadanía.

Todas estas iniciativas se pueden lograr a través de la orden ejecutiva. Varios expertos aun así anticipan que estas iniciativas sean impuestas por el gobierno federal. Si lo son, lo peor que puede hacer el nuevo gobierno de Puerto Rico es pelear en contra de las mismas. Ya hemos pasado el punto de pelear por quién es dueño de las buenas ideas. En estos momentos estamos en una carrera contra el reloj, o tal vez el calendario, y Puerto Rico no puede permitir demoras adicionales para desembolsar los fondos federales. El mensaje del Congreso es claro: 'Hemos perdido la paciencia con Puerto Rico. No hay tiempo para más peleas partidistas. La transparencia se impondrá y se adoptará, o no habrá fondos.' En otras palabras: tenemos que dejar los temas de la colonia / soberanía / imposición cultural en un segundo plano, y enfocarnos en recuperar la confianza en el gobierno por medio de eliminar la corrupción y crecer la transparencia. La corrupción no es producto del estatus. Es producto de una clase política que utilizó el tema del estatus para embobarnos y distraernos de la manipulación del poder político y económico para el beneficio de unos pocos invisibles. De ahora en adelante, todo se trata de recobrar la confianza.

Hay más iniciativas para transformar la fuerza laboral pública en Puerto Rico, pero estas son mucho más complicadas y probablemente requerirán legislación. Por ejemplo, la reforma de los empleados públicos debería girar en torno a tres áreas: un grupo más pequeño de tecnócratas gubernamentales, que sean profesionales mejor pagados, que no sean 'batateros' que le deban favores a ninguno de los partidos. Un grupo más pequeño, porque los enormes gastos de las agencias gubernamentales diluyen los fondos limitados y no sirven a la ciudadanía. Bien pagados para asegurar una meritocracia viable que no necesita sacrificar la ética para sobrevivir. Y quizás lo más importante, independiente para asegurar su lealtad es 'para el pueblo' y no 'para el partido'.

De aquí en adelante, el enfoque de cada nuevo funcionario electo debe ser encontrar y eliminar la corrupción. Nada más desbloqueará los miles de millones en fondos gubernamentales y privados que los ciudadanos de Puerto Rico necesitan tan desesperadamente para el futuro digno que merecen. Las futuras clases de políticos puertorriqueños harían bien en recordar el slogan de un ex presidente de los Estados Unidos y recordar el lema de 'It's the corruption, stupid' por los próximos ocho años.

*El autor es el presidente del Grupo Atabey, una entidad de asesoramiento centrada en inversión ética en mercados emergentes. Es un hijo de Puerto Rico, ex ejecutivo del mundo de negocios, coronel retirado de la Fuerza Aérea y veterano de combate. Hasta el principio del 2019 se desempeñó como Coordinador de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Ha testificado dos veces ante el Congreso sobre la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico y la necesidad de una reforma estructural generalizada del Gobierno de Puerto Rico.