A casi un año del paso del Huracán María, todavía no se avistan señales certeras de que se avecina la reconstrucción del país. A pesar de que recientemente se anunció la aprobación del Plan de Acción sometido al Departamento de Vivienda Federal (o HUD, en ingles) para poner en marcha programas y proyectos valorados en $1,500 millones, las autoridades federales todavía no han abierto la llave de paso y el torrente de los preciados fondos no se materializa. Más importante aún, todavía estamos pendientes de recibir decenas de miles de millones más que el Congreso de los Estados Unidos ya aprobó para financiar trabajos y servicios relacionados con la recuperación posdesastre.

Ciertamente, la repartición de estos fondos requiere que se sigan reglas y procedimientos particulares para asegurar que el dinero público se utiliza adecuadamente. Pero no es un secreto que al gobierno de Puerto Rico se le está exigiendo más de la cuenta. Además de los 'controles internos' y documentos que normalmente exigen las autoridades federales, el Congreso le exigió a la isla someter un 'Plan económico y de recuperación de desastres' que debe definir las prioridades, metas y resultados esperados de los esfuerzos de recuperación nacional, entre otras cosas. A primera vista, este requisito no parece descabellado. Como planificador, me parece justo y necesario que se arme un ejercicio coordinado e inclusivo para definir cómo se llevará a cabo la reconstrucción del país. Pero la intención del Congreso no está fundamentada en una afición por la planificación participativa; más bien, responde a una narrativa popular que nos describe como tecnicamente incompetentes e incapaces de poder manejar una cascada de fondos provenientes del norte sin despilfarrarlos o que las grandes corporaciones desarrollistas nos tomen el pelo.

No podemos tapar el sol con la mano. La reputación de nuestras autoridades públicas está por el piso dada la pesima trayectoria fiscal de sucesivas administraciones. El peso de nuestra deuda pública tampoco nos ayuda mucho. Pero, más allá de nuestras evidentes fallas, queda claro que nuestras limitaciones tambien tienen mucho que ver con numerosas decisiones que se han llevado a cabo en el Congreso, especialmente los experimentos de gobernanza que han llevado a cabo en la isla.

Según nos explica el Juez Juan Torruellas en un ensayo publicado en el Harvard Law Review Forum, el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo cuatro grandes experimentos de gobernanza en la isla mediante diversos mecanismos legales: la Ley Foraker a principios del siglo XX, luego la Ley Jones en el 1917, la creación del Estado Libre Asociado en el 1952 y la adopción de la ley PROMESA en el 2016. Torruellas plantea que estas movidas han servido para perpetuar una relación colonial asimetrica que viola los derechos humanos de los residentes de la isla y está detrás de nuestro deterioro económico. Así las cosas, el más reciente experimento que se gesta con PROMESA se fundamenta en una lógica similar a la que se le aplicó a Washington DC durante su crisis fiscal: los puertorriqueños no pueden gobernarse a sí mismos, por lo que el gobierno federal debe imponerse y nombrar un pequeño grupo de tecnócratas que pongan la casa en orden.

Como bien sabemos los planificadores, las gestiones y argumentos tecnicos a menudo sirven para enmascarar posiciones ideológicas y deseos de experimentación. Muy similar a la trayectoria que siguió Rexford G. Tugwell, quien fungió como gobernador en la decada de 1940 e intentó establecer un 'laboratorio social' en Puerto Rico mediante la aplicación de las herramientas tecnicas de la planificación económica y la administración pública racional, algunos miembros de la Junta de Control Fiscal intentan probar si las medidas de austeridad bajo dictaduras temporeras sirven para revertir los designios de las jurisdicciones en aprietos financieros. En algunos de sus escritos, David Skeel, miembro de la Junta y profesor de derecho en la Universidad de Pensilvania, ha apoyado la idea de que localidades en quiebra, como Puerto Rico, deberían tener que someterse a regímenes antidemocráticos que impongan las reformas necesarias para convertirlos en lugares más responsables --e irónicamente-- democráticos.

'[Se} tendrán que diseñar e implementar procesos y proyectos de reconstrucción con rapidez y precisión mientras que simultáneamente se desarma y reconfigura el andamiaje institucional gubernamental'.

Pero, aparte del interes de probar la eficacia de las 'dictaduras para la democracia', la Junta y el Congreso han elucubrado otro gran experimento en Puerto Rico: la puesta en marcha de un regimen severo de austeridad neoliberal que corre a la par con un esfuerzo masivo de reconstrucción nacional. Hasta donde se, esto no se ha intentado antes. Y es una coyuntura que presenta numerosos retos para los planificadores y oficiales públicos, quienes tendrán que diseñar e implementar procesos y proyectos de reconstrucción con rapidez y precisión mientras que simultáneamente se desarma y reconfigura el andamiaje institucional gubernamental. Como han argumentado numerosos expertos, los esfuerzos de reconstrucción requieren de datos detallados, coordinación a varios niveles, la movilización de comunidades y organizaciones de base, y ejercicios de planificación intensivos en diversas escalas. Resulta altamente improbable que las políticas para poner en cintura y achicar el gobierno que avanza la Junta, que incluyen recortes drásticos para la Universidad de Puerto Rico, le permitirán al gobierno liderar competentemente los esfuerzos de recuperación.

Según este cuadro, es sumamente probable que nuestra reconstrucción seguirá un enfoque de mercado, en el que se le ofrecerá toda clase de oportunidades, incentivos y contratos a grandes empresas foráneas que se dedican a perseguir desastres, y que comúnmente proveen soluciones enlatadas que aplican indiscriminadamente en cualquier lugar. Ante el desmantelamiento progresivo del gobierno, estas compañías seguramente serán llamadas a llenar las lagunas de capacidad y peritaje que generan las políticas de austeridad en el sector público. La experiencia de Nueva Orleans luego del Huracán Katrina nos sirve para entender que transferirles responsabilidades clave a actores del sector privado no es una buena idea porque limita la rendición de cuentas y la supervisión publica de la toma de decisiones e implementación. Igualmente, estaríamos privatizando importantes lecciones que nos podrían servir para mejorar la capacidad gubernamental, tomar mejores decisiones y generar mejores bienes públicos en el futuro.

Los procesos de reconstrucción toman tiempo y son sumamente complejos, no importa dónde se lleven a cabo. Acá, en nuestras costas, tendremos que lidiar con retos adicionales asociados con una decada y pico de decadencia económica y la carga de una deuda pública impagable. Pero, más difícil aún, tendremos que transformar al país mientras combatimos los experimentos del Congreso y la Junta, que crean las condiciones ideales para que resbalemos en el camino y terminemos cediendo nuevamente el control de nuestros designios.

*El autor es Director de Investigación, Centro para una Nueva Economía. Tomado del blog de CNE.