Varios deponentes con trasfondo t\u00e9cnico, acad\u00e9mico y profesional alertaron al Senado sobre lo que consideran situaciones de alerta, errores o retrasos que provocar\u00eda la aprobaci\u00f3n de la reforma de permisos que someti\u00f3 la Administraci\u00f3n Gonz\u00e1lez Col\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La oficina t\u00e9cnica principal del gobierno de Puerto Rico desde antes de la creaci\u00f3n del Estado Libre Asociado en 1952, la Junta de Planificaci\u00f3n (JP) se opuso a su eliminaci\u00f3n, seg\u00fan propone el proyecto al disponer que ese organismo pasar\u00eda de reportarse directamente a la Oficina del Gobernador a ser una oficina dentro del Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC).<\/p>\n\n\n\n
\u201cNuestra posici\u00f3n es clara: Modernizar el sistema de permisos es necesario, pero sin perder la autonom\u00eda de la Junta de Planificaci\u00f3n\u201d, plante\u00f3 el presidente de la JP, H\u00e9ctor Morales Mart\u00ednez, al pedir que el proyecto de la gobernadora (PS 1183) sea \u201carmonizado\u201d con uno que present\u00f3 el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, (PS 1173). Este \u00faltimo implica una reforma menos abarcadora que no centraliza el proceso de permisos en el DDEC, como el de la ejecutiva.<\/p>\n\n\n\n
Aparte de esta defensa territorial de la JP, y su plegaria al Senado para que la rescaten con el proyecto del presidente, ambas medidas recibieron objeciones de otros participantes de la vista p\u00fablica de la Comisi\u00f3n de Innovaci\u00f3n, Reforma y Nombramientos.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el proyecto del presidente, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAP) observ\u00f3 que el esquema que introduce de autocertificaci\u00f3n por los proponentes y posterior verificaci\u00f3n por las agencias del Estado no tiene paralelo en otras jurisdicciones estaounidenses y es una alternativa mala para atender la \u201cfalta de capacidad administrativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa versi\u00f3n actual del proyecto de ley no atiende adecuadamente la responsabilidad del Estado de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la ciudadan\u00eda. Las \u00e1reas relacionadas con prevenci\u00f3n de incendios, salud ambiental, seguridad de ocupaci\u00f3n, manejo de emergencias y protecci\u00f3n de poblaciones vulnerables no deben quedar relegadas a una fiscalizaci\u00f3n posterior una vez el establecimiento ya est\u00e9 operando. El proceso de permisos puede y debe simplificarse, pero no a costa de eliminar controles preventivos en materias que inciden directamente sobre la seguridad p\u00fablica\u201d, subray\u00f3 la presidenta, Olga Angueira Andraca.<\/p>\n\n\n\n
Sobre el proyecto de la ejecutiva, apuntaron a que los esfuerzos de centralizaci\u00f3n hechos hasta ahora no han funcionado porque no se consideran asuntos pr\u00e1cticos como los recursos humanos y tecnol\u00f3gicos limitados que tiene el gobierno y alertaron que busca convertir en confidenciales documentos que los proponentes de permisos someten y que son precisamente algunos de los que se requieren para que el p\u00fablico pueda conocer y evaluar los proyectos.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, que la medida excluye la aplicaci\u00f3n de la Ley 416 sobre Pol\u00edtica P\u00fablica Ambiental, lo que \u201cplantea serias interrogantes en torno al marco legal que regir\u00e1 la protecci\u00f3n del medioambiente en Puerto Rico\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Una preocupaci\u00f3n ambiental fue tambi\u00e9n el foco de la ponencia del doctor Miguel Canals, director del Centro de Ciencia e Ingenier\u00eda Oce\u00e1nica Aplicada de la Universidad de Puerto Rico en Mayag\u00fcez. Mediante fotos y ejemplos reales, ilustr\u00f3 c\u00f3mo el cambio de definici\u00f3n de la Zona Mar\u00edtimo Terrestre (ZMT) en el proyecto de la ejecutiva \u201ces preocupante, pues trastoca grandemente la econom\u00eda de la costa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPrivatiza las \u00e1reas que actualmente son bienes de dominio p\u00fablico\u2026 el uso de las playas pasa a ser un privilegio estrictamente para uso no comercial. Yo interpreto esto como una expropiaci\u00f3n del Estado a s\u00ed mismo y al pueblo de Puerto Rico\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El profesor tambi\u00e9n argument\u00f3 que, bajo esta enmienda, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ya no podr\u00eda otorgar concesiones a quien alquila sillas de playa, entre otras cosas. Tambi\u00e9n explic\u00f3 que tendr\u00eda un costo al erario significativo, pues el DRNA dejar\u00eda de recibir los ingresos por concesiones y el due\u00f1o privado ser\u00e1 quien decida qu\u00e9 actividades comerciales se pueden hacer en lo que se conoce como la \u2018playa seca\u2019. Este t\u00e9rmino se refiere al \u00e1rea de playa donde se pueden hacer actividades en ciertos momentos porque no est\u00e1 cubierto de agua. Es, por ejemplo, donde una persona puede poner su silla cuando la marea no est\u00e1 alta.<\/p>\n\n\n\n
El Colegio de Ingenieros y Agrimensores, por su parte, tambi\u00e9n abogaron por armonizar las medidas, pero teniendo la propuesta de la gobernadora como \u201cmarco principal del nuevo sistema de permisos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otras dos entidades comparecieron, m\u00e1s que nada como aparentes v\u00edctimas de falta de atenci\u00f3n de la gobernadora en la preparaci\u00f3n de su proyecto, para el cual sus representantes han indicado que se us\u00f3 parcialmente inteligencia artificial.<\/p>\n\n\n\n
Tanto el Grupo Interagencial y Comunitario para R\u00edo Piedras como el Fideicomiso para el Desarrollo de R\u00edo Piedras llamaron la atenci\u00f3n a que la propuesta ejecutiva deroga la Ley 75 de 1995, conocida como la Ley Especial para la Rehabilitaci\u00f3n de R\u00edo Piedras. Los grupos no entienden por qu\u00e9 ocurre la derogaci\u00f3n de un estatuto que no regula permisos, sino que provee un marco de coordinaci\u00f3n entre la comunidad y el gobierno para hacer inversiones en ese casco hist\u00f3rico y promover su desarrollo econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n
Anotaron que el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, se opone a la derogaci\u00f3n de esta ley.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa raz\u00f3n detr\u00e1s de la derogaci\u00f3n de la Ley 75, sugerida en el P del S 1183, no la conocemos. Lo que s\u00ed sabemos, a la luz de lo rese\u00f1ado en esta ponencia, es que dejar desprovisto a Rio Piedras de ese instrumento, ser\u00eda un acto fuera de toda l\u00f3gica y un golpe enorme a los avances que se vienen obteniendo. Y lo peor, reflejar\u00eda una gran insensibilidad hacia las comunidades de R\u00edo Piedras que tanto han luchado por permanecer y mejorar sus condiciones de vida\u201d, afirm\u00f3 el planificador Jos\u00e9 E. Rivera Santana, coordinador del Fideicomiso.<\/p>\n\n\n\n
Vea las ponencias aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n