El representante Jorge Navarro Su\u00e1rez anunci\u00f3 hoy la radicaci\u00f3n del Proyecto de la C\u00e1mara que crea la \u201cLey para la Estabilizaci\u00f3n Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto Rico de 2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La medida propone una intervenci\u00f3n legislativa de emergencia, \u201cpara reestructurar transitoriamente la gobernanza del primer centro docente del pa\u00eds por un t\u00e9rmino improrrogable de cinco a\u00f1os\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto surge ante lo que la exposici\u00f3n de motivos describe como una crisis estructural, recurrente y multifactorial sin precedentes. Navarro culpa directamente a las recientes acciones de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF), que rechaz\u00f3 el presupuesto de la UPR para el a\u00f1o fiscal 2026, condicion\u00f3 la entrega de $40 millones a la consolidaci\u00f3n de los recintos de Aguadilla, Arecibo y Utuado, y proyecta recortes acumulados que ascienden hasta los $512 millones.<\/p>\n\n\n\n
Navarro dijo que el estancamiento sist\u00e9mico es producto de m\u00faltiples centros de poder fragmentados por lo que propone ampliar la composici\u00f3n de la Junta de Gobierno de la UPR durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. A los 13 miembros actuales se sumar\u00e1n, con voz y pleno derecho al voto, el presidente o presidenta de la Universidad y los once rectores o rectoras de los recintos y unidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDurante a\u00f1os, hemos visto c\u00f3mo las decisiones urgentes se estancan en un laberinto burocr\u00e1tico. Con esta ley no estamos creando una estructura nueva ni trayendo administradores externos; estamos d\u00e1ndole voz, voto y poder decisional en la Junta de Gobierno a los rectores y al presidente, que son quienes verdaderamente conocen las necesidades operacionales diarias de sus recintos\u201d, explic\u00f3 el legislador.<\/p>\n\n\n\n
Durante este \u201cper\u00edodo extraordinario\u201d, las facultades decisionales, ejecutivas y presupuestarias de los Senados Acad\u00e9micos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros quedar\u00e1n suspendidas y transferidas \u00edntegramente a la Junta de Gobierno, reduciendo a estos cuerpos internos a funciones estrictamente consultivas y de asesoramiento. \u201cToda decisi\u00f3n interna que pretenda contravenir a la Junta ser\u00e1 declarada nula\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La medida tambi\u00e9n proh\u00edbe expresamente toda acci\u00f3n institucional, administrativa o sindical que tenga el prop\u00f3sito o efecto de interrumpir, suspender o paralizar el calendario acad\u00e9mico, el procesamiento de calificaciones, la entrega de grados y la operaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n con fondos externos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl derecho a la educaci\u00f3n de nuestros j\u00f3venes y su derecho a graduarse a tiempo tienen que prevalecer. Nadie le est\u00e1 quitando el derecho a la libre expresi\u00f3n ni el derecho a la protesta pac\u00edfica a la comunidad universitaria. De hecho, la ley incluye salvaguardas expresas para la libertad de c\u00e1tedra y los derechos sindicales. Pero trazamos una l\u00ednea roja irrefutable: el calendario acad\u00e9mico no es negociable, y el futuro de nuestros estudiantes no puede seguir siendo reh\u00e9n de paralizaciones institucionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Lea aqu\u00ed el proyecto de Navarro Su\u00e1rez:<\/p>\n\n\n\n