Un grupo de organizaciones comunitarias y residentes del municipio de Cayey anunci\u00f3 la radicaci\u00f3n de un pleito legal ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, con el fin de impugnar la validez del reci\u00e9n aprobado Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.<\/p>\n\n\n\n
La demanda, presentada por el Frente Comunitario en Defensa de Cayey, Cayey para el Mundo, la Comuna Cajey, la Comunidad Carrasquillo y residentes afectados, solicita la nulidad del POT aprobado el 11 de marzo de 2026, al se\u00f1alar que su adopci\u00f3n fue arbitraria, caprichosa y contraria a derecho.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los demandantes, el plan permite la reclasificaci\u00f3n de terrenos protegidos, designados como Suelo R\u00fastico Especialmente Protegido (SREP), a categor\u00edas urbanas, lo que viabilizar\u00eda desarrollos comerciales, industriales y residenciales en \u00e1reas de alto valor agr\u00edcola, ecol\u00f3gico y arqueol\u00f3gico. Estas tierras especialmente protegidas forman parte de las 600,000 cuerdas reservadas para la agricultura a perpetuidad en Puerto Rico. Esta acci\u00f3n es incompatible con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT-2015) y representa una amenaza significativa al agua, tierra y bienestar de las comunidades.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste recurso no responde a intereses particulares, sino a la defensa del inter\u00e9s p\u00fablico. No se puede permitir que se reclasifiquen terrenos protegidos sin base t\u00e9cnica, sin transparencia y de espaldas a las comunidades. Cayey merece un proceso de planificaci\u00f3n serio, participativo y conforme a la ley. Hoy damos este paso para exigirlo\u201d, se\u00f1al\u00f3 Carmen Rosa Rosado S\u00e1nchez, fundadora de la Comuna Cajey.<\/p>\n\n\n\n
La demanda tambi\u00e9n denuncia serias violaciones al debido proceso administrativo, incluyendo la ausencia de informes t\u00e9cnicos de agencias clave como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura Puertorrique\u00f1a y el Departamento de Agricultura, as\u00ed como la falta de evidencia sustancial que sustente las decisiones adoptadas.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, los demandantes sostienen que el proceso careci\u00f3 de una participaci\u00f3n ciudadana real y efectiva, se\u00f1alando que los avisos p\u00fablicos fueron deficientes, que las propuestas comunitarias no fueron consideradas y que la Junta de Comunidad no fue debidamente activada, en incumplimiento con el C\u00f3digo Municipal de Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n
Ante este escenario, la parte demandante solicita al tribunal que deje sin efecto las disposiciones impugnadas del POT, ordene la paralizaci\u00f3n inmediata de cualquier desarrollo basado en dichas clasificaciones y emita un interdicto para evitar da\u00f1os irreparables a las comunidades y al ambiente.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste no es un caso de discreci\u00f3n administrativa v\u00e1lida, sino de una actuaci\u00f3n que evade la ley, la ciencia y la participaci\u00f3n ciudadana. Lo que est\u00e1 en juego es el futuro ambiental y comunitario de Cayey\u201d, concluy\u00f3 Humberto D\u00edaz, portavoz de la Comunidad Carrasquillo en Cayey.<\/p>\n\n\n\n
El recurso legal busca, adem\u00e1s, que se obligue a las agencias y al municipio a cumplir con los requisitos legales de planificaci\u00f3n, incluyendo evaluaciones t\u00e9cnicas, procesos participativos reales y transparencia en la toma de decisiones.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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