![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30090253\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_300x250-2.jpg\")
<\/a><\/div>\nPor tanto, es importante un gran esfuerzo de educaci\u00f3n dirigido a socializar la informaci\u00f3n de modo que la gente sepa qu\u00e9 actividades, usos y construcciones se permiten en unos lugares y cu\u00e1les en otros. Es necesario invertir en informar y educar sobre las normas, leyes y reglamentos que persiguen el uso planificado y sustentable del territorio. Con frecuencia, ciudadanos y empresas incurren en gastos para llevar a cabo una actividad comercial, industrial o de servicios, entre otras, antes de informarse si en el lugar escogido la zonificaci\u00f3n lo permite. Cuando se enfrentan al hecho de que tal actividad no est\u00e1 a tono con la reglamentaci\u00f3n, en ocasiones es tarde pues han incurrido en grandes gastos. Pero lo peor es cuando los proponentes conocen de las restricciones e insisten, presionan y utilizan su mollero econ\u00f3mico y pol\u00edtico para saltar las pol\u00edticas p\u00fablicas, todo con el af\u00e1n del lucro f\u00e1cil y r\u00e1pido. Quienes as\u00ed act\u00faan, hacen mucho ruido, presionan en La Fortaleza, o al alcalde o alcaldesa, y gritan que el sistema ‘no sirve’ y reclaman un da\u00f1o que es claramente autoinfligido.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hace falta contratar y reclutar personal t\u00e9cnico e inspectores que aceleren las evaluaciones sin que se afecten la calidad de las mismas. Pero, de nuevo, por ah\u00ed no soplan los vientos. En todo caso lo que ha ocurrido en los pasados a\u00f1os es una reducci\u00f3n continua de personal y del presupuesto a las agencias vinculadas al proceso de permiso a la vez que se le exige acelerar su cumplimiento. Es un gran contrasentido!<\/p>\n
Y las \u00f3rdenes ejecutivas (OE-2017-003 y 004) firmadas recientemente por el gobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares, lo confirman. En la primera, el Gobernador declara ‘una emergencia en cuanto a la infraestructura de Puerto Rico’ y ordena ‘la utilizaci\u00f3n de un proceso expedito, al amparo de la Ley 76-2000, seg\u00fan enmendada, para el desarrollo de proyectos.’<\/p>\n
En la segunda, se crea el comit\u00e9 interagencial para proyectos cr\u00edticos de infraestructura. Se trata de una copia del comit\u00e9 que mandata crear la Ley Promesa en su T\u00edtulo V. Ambas \u00f3rdenes tienen el prop\u00f3sito de saltar los procesos de planificaci\u00f3n y las normativas que brindan mayor certeza en las decisiones que preceden la expedici\u00f3n de permisos, por tanto, no persiguen mejorar el sistema. Es decir, el an\u00e1lisis riguroso, responsable, profesional y cient\u00edfico es secundario, como si los recursos naturales, su comportamiento e imbricaci\u00f3n pudieran encajonarse de forma caprichosa en 30 d\u00edas. Qu\u00e9 clase de visi\u00f3n es \u00e9sta?<\/p>\n
Entonces lo que se persigue no es mejorar, modernizar y mantener el rigor en la evaluaci\u00f3n y otorgaci\u00f3n de permisos, sino cercenar la participaci\u00f3n p\u00fablica y ciudadana y dar mano libre a todo proyecto y actividad de construcci\u00f3n que se proponga ante las agencias reguladoras.<\/p>\n
Por \u00faltimo, una grave amenaza se cierne sobre el Plan de Uso de Terrenos (PUT) aprobado el a\u00f1o pasado y que signific\u00f3 un paso de avance enorme para la necesaria planificaci\u00f3n del Pa\u00eds. La presente administraci\u00f3n se propone alterar su esencia al plantear que el PUT tiene que modificarse en funci\u00f3n de los planes territoriales de los municipios. A planificar por retazos! parece ser la consigna. D\u00f3nde queda el enfoque integral, la interpretaci\u00f3n de nuestro sistema f\u00edsico, econ\u00f3mico y social como un todo?<\/p>\n