Un programa que el Departamento de Vivienda (DV) ejecut\u00f3 durante la Administraci\u00f3n Pierluisi Urrutia para dotar de cisternas y sistemas de placas solares y bater\u00edas a residencias reconstruidas tras el hurac\u00e1n Mar\u00eda result\u00f3 en la instalaci\u00f3n de equipos deficientes, sobrepagos a los instaladores y adjudicaci\u00f3n a personas con ingresos m\u00e1s altos que los que se quer\u00eda beneficiar.<\/p>\n\n\n\n
Los hallazgos est\u00e1n en una auditor\u00eda que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD por sus siglas en ingl\u00e9s) emiti\u00f3 el 14 de abril. La gerencia actual del DV rechaz\u00f3 los se\u00f1alamientos y argument\u00f3 que no estaban fundamentados, que supervis\u00f3 a los instaladores y que los equipos fueron instalados de acuerdo a los est\u00e1ndares de la industria.<\/p>\n\n\n\n
La auditor\u00eda abarca 2,593 instalaciones del 1 de diciembre de 2021 al 9 de mayo de 2024. La muestra que los auditores inspeccionaron entre octubre y noviembre de 2024 consta de 66 casos en 44 municipios. La iniciativa se conoci\u00f3 como Programa de Instalaciones Comunitarias para la Resiliencia Energ\u00e9tica y de Abastecimiento de Agua (CEWRI, en ingl\u00e9s) y se abri\u00f3 solo para las personas que ya se hab\u00edan beneficiado del programa Reparaci\u00f3n, Reconstrucci\u00f3n y Resiliencia (R3) que se activ\u00f3 para habilitar r\u00e1pidamente vivienda tras el hurac\u00e1n y que ya ha sido objeto de cr\u00edticas por incurrir en sobrecostos, lentitud y por bajo nivel de casos completados.<\/p>\n\n\n\n
El CEWRI cont\u00f3 con una asignaci\u00f3n de $395 millones, de los que solo $178.9 millones han sido desembolsados. Durante la transici\u00f3n, el gobierno precis\u00f3 que el programa seguir\u00eda activo hasta 2028. El portal de la iniciativa indica que llevan 6,371 instalaciones completadas, de 9,037 solicitudes recibidas.<\/p>\n\n\n\n
La auditor\u00eda recomienda a HUD que ordene la remediaci\u00f3n de las deficiencias o el repago de $19 millones en que est\u00e1n valoradas las mismas y que se eval\u00fae si procede el pago de $31 millones en enmiendas a los contratos de instaladores que entienden fueron un error del DV.<\/p>\n\n\n\n
Los inspectores federales consignaron que la mayor\u00eda de los beneficiarios dijo estar satisfecho con los equipos y que los mismos le hab\u00edan mejorado su calidad de vida al permitirle enfrentar apagones y falta de agua con operaci\u00f3n continua de sus equipos m\u00e9dicos y neveras, pero el examen a los equipos en los casos de muestra revel\u00f3 que el 67 porciento tiene deficiencias.<\/p>\n\n\n\n
La OIG concluy\u00f3 que las deficiencias en los equipos se debi\u00f3 a que los instaladores los dejaron a la intemperie y expuestos directamente a la luz solar (lo que no se recomienda para inversores y bater\u00edas) y que el DV no los supervis\u00f3 adecuadamente. Inversores y bater\u00edas con moho, contacto directo con vegetaci\u00f3n, filtraciones de agua que pod\u00edan provocar cortocircuito, conexiones afectadas por el sol, y tanques de agua que filtraban o se desbordaban. Adem\u00e1s, 33 porciento de los inversores y bater\u00edas no estaban instalados de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Esto puede llevar a garant\u00edas anuladas por el fabricante, vida \u00fatil menor y fallas de funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n
El DV gast\u00f3 unos $31 millones de m\u00e1s, a\u00f1adieron, porque tuvieron que enmendar los contratos de instalaci\u00f3n para atender el trabajo el\u00e9ctrico preliminar que hay que hacer en la residencia para asegurarse que puede recibir los equipos fotovoltaicos y bater\u00edas. Los inspectores estiman que las enmiendas salieron m\u00e1s caras de lo que hubiera salido haber puesto esas tareas en el contrato original porque, al momento de las enmiendas, la agencia no estaba en posici\u00f3n favorable de negociaci\u00f3n. Calcularon que las enmiendas llevaron el costo de instalaci\u00f3n de $26,123.80 a $30,423.06 por residencia.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al problema en la evaluaci\u00f3n de elegibilidad de los beneficiarios, la OIG apunta a que el DV us\u00f3 informaci\u00f3n contributiva que trata de manera distinta los ingresos seg\u00fan su origen (salario o pensi\u00f3n) y que aplica deducciones, en vez de una metodolog\u00eda como la que se usa en los vales de vivienda bajo Secci\u00f3n 8, y que trata igual los distintos tipos de ingresos, as\u00ed como que los cuenta completos, sin deducciones. El resultado es un trato dispar entre hogares, aunque tuvieran tama\u00f1o e ingresos similares.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsto result\u00f3 en que a los solicitantes de mayor ingreso se les determinaba elegibles para el programa, mientras que a los solicitantes de ingresos bajos o moderados, para los que el programa est\u00e1 dise\u00f1ado, se les pudo clasificar como inelegibles\u201d, indica el documento.<\/p>\n\n\n\n
Acceda a la auditor\u00eda aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n