El impacto fiscal, solamente en nuevas contrataciones, del proyecto de reforma de permisos del gobierno alcanzar\u00eda $1.7 millones anuales, seg\u00fan se desprende de la ponencia del Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC).<\/p>\n\n\n\n
El dato trascendi\u00f3 hoy en el primer d\u00eda de vistas p\u00fablicas sobre la medida en el Senado y fue destacado por la senadora independentista Mar\u00eda de Lourdes Santiago.<\/p>\n\n\n\n
Por un lado, el Proyecto del Senado 1183 ordena la transferencia de 84 empleados de la Junta de Planificaci\u00f3n al DDEC. La legisladora denunci\u00f3 que esa intenci\u00f3n le da \u201cla estocada final a la JP (Junta de Planificaci\u00f3n), cuyas facultades y recursos han sido mutilados consistentemente en los \u00faltimos a\u00f1os\u201d, seg\u00fan indic\u00f3 en su cuenta de X.<\/p>\n\n\n\n
El DDEC, representado en la vista del Senado por su secretario Sebasti\u00e1n Negr\u00f3n, argument\u00f3 que, debido a que el salario de este personal es pagado a trav\u00e9s del Fondo General, la movida no tiene un impacto fiscal adicional que pueda objetar la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF).<\/p>\n\n\n\n
Los 84 empleados trabajar\u00edan en \u00e1reas como apoyo operacional. Algunos pasar\u00edan del Programa de Planificaci\u00f3n Econ\u00f3mica y Sicial a la Oficina de Estrategia e Inteligencia de Negocios del DDEC.<\/p>\n\n\n\n
El impacto de los $1.7 millones surge de la creaci\u00f3n de 29 nuevas posiciones repartidas entre la Oficina Central de Permisos, la propuesta nueva Oficina de Agrimensura de Puerto Rico, la Oficina de Atenci\u00f3n y Resoluci\u00f3n de Querellas y la Junta de Revisiones Administrativas. El dinero ser\u00eda consignado en el presupuesto del pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal.<\/p>\n\n\n\n
La Oficina de Atenci\u00f3n y Resoluci\u00f3n de Querellas se nutrir\u00eda de 13 empleados de Planificaci\u00f3n y cinco nuevas contrataciones para un impacto de $274,668 anuales. Esa cifra tambi\u00e9n incluye el pago de deietas a siete miembros de Panel de Fiscalizaci\u00f3n y Cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n
El impacto fiscal mayor est\u00e1 en la Oficina Central de Permisos, que asume y consolidad funciones dispersas en varias agencias e incorporar 17 oficiales nuevos a un costo anual de $1,035,457.<\/p>\n\n\n\n
La postura del gobierno es que la inversi\u00f3n inicial para hacer valer el nuevo C\u00f3digo de Permisos va a superar la inversi\u00f3n estimada de $6.9 millones. Adem\u00e1s de las plazas nuevas, hay otros gastos como modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica ($2.5 millones) y ejecuci\u00f3n y gobernanza ($2.7 millones).<\/p>\n\n\n\n
La diferencia entre el dinero consignado de 1.7 millones para contrataciones y el resto: $5.2 millones, \u201cse financiar\u00e1n mediante una revisi\u00f3n presupuestaria que permita utilizar ingresos qyue el propio sistema de permisos ya genera y que hoy exceden la autoridad presupuestaria aprobada del DDEC\u201d, lee la ponencia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn otras palabras, esta transformaci\u00f3n se paga con los recursos que el sistema ya produce, sin requerir asignaciones extraordinarias al erario\u201d, es la posici\u00f3n del gobierno.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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