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La Oficina del Inspector General (OIG) Departamento de Educaci\u00f3n federal (DOE) concluy\u00f3 en una auditor\u00eda que el Departamento de Educaci\u00f3n (DE) \u201cderroch\u00f3\u201d fondos federales relacionados con la pandemia mediante un contrato concedido a una exsecretaria de la agencia y bajo el cual no se hicieron todos los trabajos pactados.<\/p>\n\n\n\n
La auditor\u00eda del martes pasado se centra en el contrato por $3.9 millones otorgado en junio de 2023 a la empresa Global Education Exchange Opportunities, Inc., de la exsecretaria Odette Pi\u00f1eiro Caballero. Bajo el mismo, se supone que se realizaran cuatro evaluaciones a unos 260,000 estudiantes de grados 1 al 12 cada 10 semanas entre octubre de 2023 y marzo de 2024 con para determinar aprovechamiento en cinco materias: ingl\u00e9s, espa\u00f1ol, matem\u00e1ticas, ciencia y estudios sociales. Se supone que con cada evaluaci\u00f3n, los maestros deb\u00edan ajustar sus planes para atender de manera m\u00e1s inmediata rezagos, o diagnosticar necesidades, relacionadas con los efectos educativos de la pandemia.<\/p>\n\n\n\n
Pero los inspectores encontraron que dos de las evaluaciones se realizaron tarde y las otras dos ni se realizaron, pero a\u00fan as\u00ed el contrato se pag\u00f3 completo. Adem\u00e1s, que el DE no desarroll\u00f3 m\u00e9todos para que los maestros recibieran el resultado de las evaluaciones y las pudieran convertir, efectivamente, en estrategias educativas.<\/p>\n\n\n\n
El contrato ocurri\u00f3 bajo el primer turno en la secretar\u00eda del actual secretario, Eliezer Ramos Par\u00e9s. El \u00e1rea de la agencia que lo tramit\u00f3 y que se supone lo supervisara fue la subsecretar\u00eda para Asuntos Acad\u00e9micos y Program\u00e1ticos, que entonces la ocupaba el actual senador, \u00c1ngel Toledo L\u00f3pez.<\/p>\n\n\n\n
La recomendaci\u00f3n de la OIG, entre otras, es que la agencia federal recupere de su contraparte estatal el costo total del contrato. En su segundo turno al frente de la agencia, Ramos Par\u00e9s contest\u00f3 aceptando que no se debieron haber pagado los $1.4 millones correspondientes a las dos evaluaciones que no se hicieron, pero rechaz\u00f3 que proceda recuperar la totalidad de los $3.9 millones. Acept\u00f3 tambi\u00e9n que, de los 260,000 estudiantes que cubr\u00eda el pacto con la empresa de Pi\u00f1eiro Caballero, solo se evaluaron unos 145,000. Afirm\u00f3 que no pod\u00edan recuperar costos por servicios que la empresa rindi\u00f3, aunque no fuera en el momento o la forma exacta que dec\u00eda el contrato. La empresa cooper\u00f3 con la auditor\u00eda y le prob\u00f3 a los inspectores que hab\u00eda puesto a disposici\u00f3n del departamento el resultado de las evaluaciones que lleg\u00f3 a realizar.<\/p>\n\n\n\n
La OIG ripost\u00f3 indicando que el mismo contrato prove\u00eda para que la agencia no pagara el trabajo no realizado y para que monitoreara el desarrollo de las evaluaciones, pero que hab\u00edan puesto a cargo del monitoreo a una persona sin el peritaje necesario para eso.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de su examen, la OIG se traslad\u00f3 a la isla de marzo a septiembre de 2025 para, entre otras gestiones, entrevistar a 26 maestros de Aibonito, Bayam\u00f3n, Dorado, Lo\u00edza, Morovis, y Santa Isabel que se supone se beneficiaran de las evaluaciones a sus estudiantes. Solo siete de estos dijeron que recibieron alg\u00fan adiestramiento sobre c\u00f3mo acceder a los resultados de las evaluaciones y c\u00f3mo usarlos para atender las necesidades de sus estudiantes. Los resultado que se entregaron, lo fueron entre dos y cinco meses m\u00e1s tarde de la fecha estipulada, lo que obr\u00f3 en contra de su utilidad para los maestros.<\/p>\n\n\n\n
\u201cConcluimos que el uso de $3.9 millones en fondos ARP ESSER para las evaluaciones de las semanas 10 y 20, y evaluaciones alternas, fue un despilfarro porque los servicios requeridos contractualmente se realizaron tarde, o no se realizaron, y que los maestros no recibieron los datos a nivel de estudiante que necesitaban para aquilatar a tiempo el aprovechamiento acad\u00e9mico en materias clave y para implementar acciones correctivas apropiadas antes de que terminara el a\u00f1o escolar 2023-2024\u201d, indica la auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Aunque hubo entrega tard\u00eda y falla en el monitoreo, la auditor\u00eda consigna que hubo intervenci\u00f3n directa de la exsecretaria, Yanira Ra\u00edces Vega, para autorizar que la empresa realizara servicios fuera del \u00e1mbito del contrato sin enmendarlo por escrito. En parte, por presi\u00f3n para usar los fondos federales antes de que expiraran. \u201cEl DE debi\u00f3 enmendar el contrato por escrito para cumplir con los requisitos aplicables\u201d, consigna el documento.<\/p>\n\n\n\n