{"id":989433,"date":"2026-03-20T06:29:37","date_gmt":"2026-03-20T10:29:37","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-03-20T07:20:38","modified_gmt":"2026-03-20T11:20:38","slug":"tardanza-del-fei-provoca-desestimacion-de-uno-de-los-casos-del-barrilito-legislativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/tribunales\/20260320\/tardanza-del-fei-provoca-desestimacion-de-uno-de-los-casos-del-barrilito-legislativo\/","title":{"rendered":"Tardanza del FEI provoca desestimaci\u00f3n de uno de los casos del barrilito legislativo"},"content":{"rendered":"

El Tribunal de Apelaciones desestim\u00f3 la denuncia por negligencia en el cumplimiento del deber que pesaba contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Mart\u00ednez, al concluir que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) se tard\u00f3 demasiado tiempo en presentar el cargo.<\/p>\n\n\n\n

Este es el caso derivado de la investigaci\u00f3n sobre el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) de la AT, del cual los legisladores de distrito distribuyen de manera directa fondos p\u00fablicos a sus constituyentes sin que los movimientos est\u00e9n sujetos a votaci\u00f3n en los cuerpos legislativos y sin que haya transparencia sobre los mismos.<\/p>\n\n\n\n

Espec\u00edficamente, Rivera Mart\u00ednez estaba acusada por un total de $1.2 millones en donativos tramitados desde la oficina del exrepresentante Antonio Soto Torres para la supuesta canalizaci\u00f3n de la Quebrada Margarita en Guaynabo. Por los mismos hechos, pero en un proceso aparte, est\u00e1 acusado tambi\u00e9n el exasesor legislativo, Jos\u00e9 Manuel Huertas Torres. <\/p>\n\n\n\n

Soto Torres es testigo de los fiscales con inmunidad.<\/p>\n\n\n\n

La defensa de la exfuncionaria, la licenciada C\u00e1ndida Sell\u00e9s R\u00edos, hab\u00eda pedido al Tribunal de Primera Instancia la desestimaci\u00f3n por los 1,103 d\u00edas que pasaron entre noviembre de 2022, cuando primero la OPFEI dijo que hab\u00eda designado a fiscales para investigarla, hasta que le presentaron la denuncia en noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

La OPFEI argument\u00f3 que hab\u00eda actuado dentro de sus facultades legales para prorrogar t\u00e9rminos investigativos por justa causa y defendi\u00f3 tambi\u00e9n que una de las posposiciones, que dur\u00f3 nueve meses, fuera para esperar por una auditor\u00eda que la Oficina del Contralor estaba haciendo sobre el FMM.<\/p>\n\n\n\n

La jueza superior Ethel Ruiz Fern\u00e1ndez decidi\u00f3 no desestimar la denuncia, pero el jueves un panel apelativo compuesto por los jueces Laura Ortiz Flores, Fernando Bonilla Ortiz y Beatriz Mart\u00ednez Cordero la revoc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Concluyeron que la facultad de la OPFEI para establecer t\u00e9rminos especiales en su investigaci\u00f3n de un funcionario p\u00fablico \u201cno es infinita\u201d. \u201cEn el presente caso, el Panel y el FEI excedieron dr\u00e1sticamente cualquier est\u00e1ndar de razonabilidad. Aun ante la presencia de una alegada justa causa por la complejidad del caso, una dilaci\u00f3n que supera los mil d\u00edas es contraria a la naturaleza del tr\u00e1mite \u00e1gil que dispone la Ley. No puede la \u2018justa causa\u2019 convertirse en un mecanismo para validar una demora tan extrema que lacera las garant\u00edas del debido proceso de ley\u201d, a\u00f1adieron.<\/p>

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Una vez la OPFEI comienza una investigaci\u00f3n, la ley habla de un t\u00e9rmino inicial de 90 d\u00edas y de una extensi\u00f3n de 90 d\u00edas adicionales, si es necesario. Tambi\u00e9n habla de \u201cun t\u00e9rmino especial en aquellos casos en que sea justificado\u201d. Ante esto, el panel resolvi\u00f3 que, \u201cpor m\u00e1s flexibilidad que le queramos dar\u201d, si se le da permiso a la OPFEI para \u201cignorar\u201d estos plazos, entonces los t\u00e9rminos \u201cse volver\u00edan ineficientes\u201d. Recordaron que una de las razones para crear la OPFEI fue que las investigaciones de funcionarios p\u00fablicos tambi\u00e9n se desarrollaran r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n

Rivera Mart\u00ednez argument\u00f3 al apelativo que los 1,193 d\u00edas que transcurrieron le \u201cprovocaron una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n y afect\u00f3 sus derechos constitucionales a un debido proceso de ley, igual protecci\u00f3n de ley y derecho a un juicio r\u00e1pido\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tras la asignaci\u00f3n de fiscales en 2022, la OPFEI concedi\u00f3 cinco pr\u00f3rrogas fundamentadas en la complejidad de la investigaci\u00f3n, la deseabilidad de esperar por la auditor\u00eda y la ampliaci\u00f3n a otros asuntos y personas despu\u00e9s de la auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal especial independiente que lidera este proceso, licenciada Zulma F\u00faster Troche, indic\u00f3 a NotiCel que se proponen pedirle al Tribunal Supremo que revise la sentencia del apelativo.<\/p>\n\n\n\n

Vea:<\/p>\n\n\n\n

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