La Asociaci\u00f3n de Bancos y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras consignaron ayer su oposici\u00f3n a un proyecto de ley que establecer\u00eda una serie de protecciones a favor de empleados federales como pr\u00f3rrogas en el cobro de deudas, paralizaci\u00f3n de ejecuciones hipotecarias y establecer moratorias en el pago de servicios esenciales.<\/p>\n\n\n\n
Estas protecciones se activar\u00edan en caso de a causa de un cierre del gobierno federales y que esa acci\u00f3n le provoque al trabajado una reducci\u00f3n en sus ingresos.<\/p>\n\n\n\n
Se trata del Proyecto de la C\u00e1mara 844, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.<\/p>\n\n\n\n
Por un lado, la Asociaci\u00f3n de Banc os plante\u00f3 en una vista de la Comisi\u00f3n de Gobierno que solo dos jurisdicciones (Massachusets y Nevada) cuentan con leyes similares y que solo existen dos leyes federales que atienden el asunto.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA nivel estatal, se ha considerado prudente tratar este asunto mediante determinaciones administrativas, gu\u00edas ejecutivas, determinaciones de emergencia o compensaciones por desempleo, sin tener que recurrir a la aprobaci\u00f3n de legislaci\u00f3n al efecto\u201d, lee una ponencia firmada por Zoim\u00e9 \u00c1lvarez Rubio, principal oficial ejecutiva de la Asociaci\u00f3n de Bancos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan indic\u00f3, hay que preguntarse si ser\u00eda razonable legislar estas protecciones en una jurisdicci\u00f3n con apenas 15,204 empleados federales. Adem\u00e1s, sostuvo que las protecciones del proyecto exceden \u201cirrazonablemente\u201d las de Massachusets y Nevada.<\/p>\n\n\n\n
Los efectos de la medida entrar\u00edan en vigor si un cierre del gobierno federal se extiende por m\u00e1s de 15 d\u00edas y entonces entrar\u00eda en efecto una moratoria -de ser solicitada- minima de 90 d\u00edas en el pago de pr\u00e9stamos hipotecarios, personales y de auto, planes de pago y tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n
\u00c1lvarez Rubio se\u00f1al\u00f3 que las dos leyes estatales incluyen requisitos mayores a la propuesta.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNuestra investigaci\u00f3n sobre este tema indica que en varias jurisdicciones federales este asunto se ha tratado a nivel de la rama ejecutiva, generalmente, por el Departamento del Trabajo estatal. A esos efectos, se han establecido remedios consistentes en compensaci\u00f3n por desempleo y pr\u00e9stamos de emergencia para resolver la situaci\u00f3n. Asimismo, la banca ha reaccionado brindando asistencia a sus clientes afectados, sin necesidad de legislaci\u00f3n o reglamentaci\u00f3n especifica al efecto\u201d, dijo \u00c1lvarez Rubio.<\/p>\n\n\n\n
La ejecutiva sostuvo que durante el m\u00e1s reciente cierre del gobierno federal de octubre de 2025, los bancos en la isla brindaron orientaci\u00f3n con relaci\u00f3n a hipotecas a 650 clientes \u201cde los cuales 166 clientes recibieron asistencia financiera adaptada a sus necesidades\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de la comisionada de la OCIF, M\u00f3nica Rodr\u00edguez Villa, sostuvo que el proyecto interfiere con leyes federales de protecci\u00f3n al consumidor como Truth in Lending Act y el Real Estate Settlement Procedures Act.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl P. del S. 844, al ordenar que la moratoria solicitada por el empleao se \u201cactive de manera autom\u00e1tica e inmediata\u201d, con efecto retroactivo a la fecha del inicio del cierre gubernamental, elimina el proceso de an\u00e1lisis previo, documentaci\u00f3n y validaci\u00f3n crediticia requerido por la normativa federal\u201d, lee la ponencia de la OCIF.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto, adem\u00e1s y seg\u00fan la OCIF, implicar\u00eda la aprobaci\u00f3n de una ley que menoscabar\u00edan obligaciones contractuales y significar\u00eda un riesgo para la estabilidad financiera y el cumplimiento institucional de los bancos.
El gremio que agrupa los empleados federales del IRS en Puerto Rico, el National Treasury Employees Union, favoreci\u00f3 la medida.<\/p>\n\n\n\n
La uni\u00f3n agrupa 4,500 empleados federales en la isla.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan indic\u00f3 Katherine Monta\u00f1ez, vicepresidenta de la uni\u00f3n, un total de 10,500 empleados federales fueron afectados por el cierre del gobierno federal que comenz\u00f3 el 8 de octubre pasado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa buena voluntad no sustituye pol\u00edtica p\u00fablica. Necesitamos una ley. Necesitamos una estructura. Necesitamos protecci\u00f3n uniforme y garantizada. Eso es exactamente lo que propone el Proyecto del Senado 844\u201d, indic\u00f3 Monta\u00f1ez.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsto no es un favor. Es justicia b\u00e1sica\u201d, agreg\u00f3.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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