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<\/a><\/div>\n\n\n\nEl mismo Ramos Antonini reiter\u00f3 la facultad reglamentadora del pleno cuando se opuso a que la relaci\u00f3n entre juez presidente y administrador fuera controlada por un reglamento hecho por ese mismo juez. \u201cEs el Tribunal Supremo quien adoptar\u00e1 reglas para la administraci\u00f3n de los tribunales. El tribunal, no el magistrado, Juez Presidente\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en la transcripci\u00f3n de las sesiones de la Asamblea Constituyente no hay discusi\u00f3n o suposici\u00f3n de que la administraci\u00f3n de tribunales est\u00e1 compartida con iguales facultades y poderes entre el pleno del Tribunal Supremo y su juez presidente. Lo m\u00e1s cercano que lleg\u00f3 fue la Escuela de Administraci\u00f3n P\u00fablica de la Universidad de Puerto Rico, que recomend\u00f3 un Consejo Judicial encabezado por el juez presidente, pero no compuesto de los otros jueces del pleno, sino de \u201cjueces, abogados y legos\u201d. Esto est\u00e1 basado en la organizaci\u00f3n a nivel federal, en la que el Juez Presidente es el jefe de los tribunales y ejerce a trav\u00e9s de una oficina administrativa. Pero la pol\u00edtica p\u00fablica la establecen, no sus dem\u00e1s compa\u00f1eros jueces del Supremo mediante reglamentos, sino una Conferencia Judicial compuesta por jueces apelativos y de otros niveles del sistema federal. La facultad reglamentadora de los jueces asociados del Supremo federal se limita a aprobar, o no, las reglas que le propone la Conferencia Judicial.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta de un pleno con igual, o m\u00e1s, poder que el juez presidente no surgir\u00eda formalmente en Puerto Rico hasta 2012, cuando la mayor\u00eda nueva reclam\u00f3 su poder para cancelar un contrato en la OAT mediante el que se investigar\u00eda a todos los jueces. Ese contrato, a su vez, fue la respuesta del entonces juez presidente, Federico Hern\u00e1ndez Denton, a la presi\u00f3n que le puso el Senado por alegaciones de mala conducta que hicieron algunos alguaciles contra ese magistrado<\/a>. El senador a cargo de la ofensiva<\/a> fue Thomas Rivera Schatz, quien es ahora el autor del PS 1096.<\/p>\n\n\n\n Aparte de crear la \u201ccoadministraci\u00f3n judicial compartida\u201d, el proyecto trae otros cambios. Entre ellos, fija la composici\u00f3n del tribunal en nueve miembros, mientras que ahora lo que est\u00e1 fijo son cinco miembros y los cuatro adicionales que tiene es por solicitud de la nueva mayor\u00eda. Tambi\u00e9n, elimina la categor\u00eda de jueces municipales.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, crea el Patronato del Poder Judicial, que es una entidad sin fines de lucro metida dentro del Poder Judicial y con una junta nombrada mayormente por el Tribunal Supremo que buscar\u00e1n dinero, incluyendo del sector privado, para una misi\u00f3n de preservaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n hist\u00f3rica. El proyecto no incluye ninguna limitaci\u00f3n \u00e9tica sobre los donantes y las controversias que estos puedan tener activas en los tribunales y el propio Supremo. A nivel federal, existe la Sociedad Hist\u00f3rica del Tribunal Supremo, un grupo con una misi\u00f3n similar al Patronato, pero completamente privado y separado del tribunal. El juez presidente es el presidente de la junta de la sociedad y entre los donantes de la sociedad figuran algunas de las oficinas legales m\u00e1s conocidas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El proyecto dispone tambi\u00e9n ajustes salariales y crea posiciones, lo que podr\u00eda activar el poder de revisi\u00f3n de la Junta de Control Fiscal.<\/p>\n\n\n\n Vea la recomendaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de la Rama Judicial<\/p>\n\n\n\n