<\/p>\n\n\n\n
La gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n firm\u00f3 hoy dos nuevas leyes que buscan aclarar procedimientos en los tribunales, atemperando la reglamentaci\u00f3n de multas y establecer par\u00e1metros para la descalificaci\u00f3n de los abogados.<\/p>\n\n\n\n
La primera de estas fue la Ley 21- 2026 (Proyecto del Senado 106), de la autor\u00eda del senador Carmelo R\u00edos (PNP-Bayam\u00f3n) y de la coautor\u00eda del senador Wilmer Reyes (PNP- Guayama).<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan establece la medida, una de las dificultades mayores que enfrentan los tribunales consiste en individualizar la pena (ajustar la sanci\u00f3n para que sea proporcional al delito o a su autor), de manera tal que se respete el principio de igualdad. <\/p>\n\n\n\n
\u201cLa realidad es que una multa para una persona con recursos econ\u00f3micos puede no significar nada, pero para otra puede representar un descalabro en su vida y finanzas. En los casos en que las personas no satisfacen las multas o d\u00edas de servicio comunitario impuestos por el Tribunal, se podr\u00eda aplicar el Art\u00edculo 57 del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico. Esta disposici\u00f3n, que est\u00e1 vigente, provee para que la multa no pagada pueda convertirse en d\u00edas de prisi\u00f3n\u201d, explic\u00f3 la mandataria.<\/p>\n\n\n\n
Por lo que esta ley firmada hoy por la gobernadora atempera las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 al C\u00f3digo Penal de 2012, en cuanto a c\u00f3mo se computa la prisi\u00f3n subsidiaria por falta de pago de una multa como pena en la sentencia. En vez de computar un d\u00eda de c\u00e1rcel por cada d\u00f3lar ($1.00) de multa sin pagar, se iguala al C\u00f3digo Penal para que sea un d\u00eda de c\u00e1rcel por cada cincuenta d\u00f3lares ($50.00).<\/p>\n\n\n\n
De manera espec\u00edfica se enmienda las Reglas 172 y 177 de las Reglas de Procedimiento Criminal, seg\u00fan enmendadas, a los fines de atemperar su contenido a lo dispuesto en el Art\u00edculo 57 del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico, para garantizar los derechos de los ciudadanos en la etapa de cumplimiento de la pena de multa en los procedimientos criminales; permitir excepciones de conformidad con la Secci\u00f3n 4 de la Ley N\u00fam. 34-2021, conocida como \u201cLey para la Imposici\u00f3n de la Pena Especial del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, la Ley 22-2026 (Proyecto de la C\u00e1mara 171), de la autor\u00eda de la autor\u00eda del representante Jos\u00e9 \u201cPichy\u201d Torres Zamora (PNP- Acumulaci\u00f3n), es la medida que aclara los par\u00e1metros que se deben usar para descalificar a un abogado.<\/p>\n\n\n\n
La Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, seg\u00fan enmendadas, establece que el tribunal puede, motu proprio o a solicitud de parte, sancionar econ\u00f3micamente o hasta descalificar a un abogado por incurrir en conducta disruptiva que constituya un obst\u00e1culo para la marcha adecuada de los procedimientos o porque reiteradamente transgreda sus deberes hacia el foro judicial, sus clientes o sus compa\u00f1eros abogados.<\/p>\n\n\n\n
Es por eso que se present\u00f3 este proyecto de ley para que dicha determinaci\u00f3n no se de en un vac\u00edo ni en ausencia de unos criterios. En espec\u00edfico la nueva ley enmienda la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, seg\u00fan enmendadas, a los fines de a\u00f1adir los criterios a ser considerados por el tribunal cuando una parte solicite la descalificaci\u00f3n de un abogado.<\/p>\n\n\n\n
Vea ambas leyes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n La gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n firm\u00f3 hoy dos nuevas leyes que buscan aclarar procedimientos en los tribunales, atemperando la reglamentaci\u00f3n de multas y establecer par\u00e1metros para la descalificaci\u00f3n de los abogados. La primera de estas fue la Ley 21- 2026 (Proyecto del Senado 106), de la autor\u00eda del senador Carmelo R\u00edos (PNP-Bayam\u00f3n) y de la […]<\/p>","protected":false},"author":100,"featured_media":972196,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[4,3],"tags":[4275,153,2415],"class_list":["post-982364","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobierno","category-noticias","tag-abogados","tag-gobernadora","tag-leyes"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/982364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/100"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=982364"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/982364\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":982369,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/982364\/revisions\/982369"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/972196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=982364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=982364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=982364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}