Por a\u00f1os la Junta de Control Fiscal (JCF) se ha nutrido de exfuncionarios de gobierno, familiares de pol\u00edticos y afiliados a partidos pol\u00edticos para realizar los trabajos encomendados por la ley Promesa. Del mismo modo, la JCF ha contratado bufetes de abogados locales que cabildean en el gobierno a favor de clientes privados para asegurar contrataci\u00f3n y negocios a nivel gubernamental. <\/p>\n\n\n\n
Estos conflictos de intereses provocaron la aprobaci\u00f3n de la ley \u201cPuerto Rico RecoveryAccuracy in Disclosures Act of 2021\u201d (PRRADA), para facilitar que fuera impugnada la participaci\u00f3n en el proceso de quiebras de entidades que ten\u00edan alg\u00fan conflicto de intereses. Los primeros cuestionamientos fueron contra el bufete O\u2019Neill & Borges y los consultores McKinsey & Co. quienes alegadamente asesoraban clientes que a la vez eran acreedores en el caso de quiebras o ten\u00edan contratos p\u00fablicos que la Junta aprueba, lo que creaba un claro conflicto de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Mediante la regla 2014(a) de PRRADA se impuso un mecanismo mediante el cual las firmas que reciben compensaci\u00f3n por parte de la JCF tienen que divulgar cualquier conflicto de intereses. La regla ordena a que la Oficina del S\u00edndico de Quiebras del Departamento de Justicia federal revise esas divulgaciones y confirme que los contratistas de la junta no es una \u201cparte desinteresada\u201d en el tema que atiende. <\/p>\n\n\n\n
En una moci\u00f3n presentada al tribunal, precisamente cuestionando los conflictos de intereses en la JCF, el abogado Carlos Lamoutte dijo que, \u201cLa Junta de Supervisi\u00f3n existe para traer transparencia a la contrataci\u00f3n gubernamental en Puerto Rico, no para permitir transacciones simuladas realizadas en secreto y en colusi\u00f3n para beneficiar comercialmente a los clientes del sector privado de los profesionales empleados por la Junta de Supervisi\u00f3n\u201d. \u00a0<\/p>\n\n\n\n
Cambio de estrategia <\/strong><\/p>\n\n\n\n Estas leyes y reglas federales y los continuos cuestionamientos p\u00fablicos han obligado a algunos cabilderos a crear otras v\u00edas para influenciar las determinaciones de la Junta. <\/p>\n\n\n\n Una fuente interna de la Junta ha asegurado a este medio que, \u201caqu\u00ed adentro [en referencia a la JCF] hay compa\u00f1eros empleados que por su relaci\u00f3n de amistad y familiar comparten informaci\u00f3n interna con gente interesada en los temas que atienden. Inclusive, se ha pedido a entidades interesadas que colaboren en la redacci\u00f3n de las cartas de aprobaci\u00f3n o denegaci\u00f3n de alg\u00fan contrato. La influencia de cabilderos, de entidades del sector privado y asociaciones profesionales es brutal\u201d. La fuente, quien solicit\u00f3 comentar de forma an\u00f3nima, aleg\u00f3 que gran parte del an\u00e1lisis que realizan los empleados de la JCF como parte de sus funciones cotidianas es el resultado de consultas con entidades que \u201ctienen un claro inter\u00e9s comercial, parece como si la Junta est\u00e1 al servicio de intereses privados\u201d. <\/p>\n\n\n\n Casualidades en la JCF<\/strong><\/p>\n\n\n\n El sobrino del cabildero Marcos Rodr\u00edguez Emma, Jos\u00e9 R. P\u00e9rez-Riera, actualmente funge como Coordinador de crecimiento econ\u00f3mico y revitalizaci\u00f3n para la JCF, cuya funci\u00f3n al amparo de la Ley federal Promesa es identificar proyectos cr\u00edticos bajo el T\u00edtulo V para el desarrollo econ\u00f3mico en la Isla. Rodr\u00edguez Emma es abogado en la firma McConnell & Vald\u00e9s quienes mantienen una amplia lista de clientes con temas relacionados a los que precisamente atiende P\u00e9rez Riera. Este medio pudo revisar el \u00faltimo informe sobre conflictos de inter\u00e9s radicado por P\u00e9rez Riera, pero en el mismo no detalla sus v\u00ednculos familiares o si ha atendido peticiones de oficiales de McConnell & Valdez.<\/p>\n\n\n\n Noticel intent\u00f3 obtener una reacci\u00f3n oficial\u00a0directa\u00a0de\u00a0P\u00e9rez-Riera,\u00a0lo cual no fue posible.\u00a0Sin embargo,\u00a0la oficial de prensa\u00a0Sylvette Santiago\u00a0mediante declaraciones escritas indic\u00f3 que\u00a0P\u00e9rez-Riera es el coordinador de Crecimiento\u00a0Econ\u00f3mico\u00a0y\u00a0Revitalizaci\u00f3n\u00a0de la Junta desde agosto de 2023, supervisando Proyectos\u00a0Cr\u00edticos\u00a0bajo Promesa, ley\u00a0que\u00a0proh\u00edbe que el Coordinador provea bienes o servicios al Gobierno directa o indirectamente durante un periodo que no fue especificado\u00a0en las declaraciones escritas. \u00a0\u00a0Santiago indic\u00f3\u00a0que para evitar conflictos de inter\u00e9s, P\u00e9rez-Riera\u00a0transfiri\u00f3 negocios personales a un\u00a0fideicomiso ciego, pero no revel\u00f3 qui\u00e9n es la persona que funge como fideicomisario de sus bienes.\u00a0En la petici\u00f3n de\u00a0informaci\u00f3n\u00a0sometida por correo electr\u00f3nico, Noticel\u00a0solicit\u00f3\u00a0copia de las cartas donde\u00a0P\u00e9rez-Riera\u00a0se haya inhibido de atender alg\u00fan tema y las peticiones realizadas a su persona por parte de familiares y amigos\u00a0pero dicha informaci\u00f3n no fue provista. \u00a0<\/p>\n\n\n\n Ignoran los posibles conflictos<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Secci\u00f3n 109(a) de PROMESA exige que todos los miembros y el personal de la Junta de Supervisi\u00f3n est\u00e9n sujetos a estrictos requisitos de conflictos de inter\u00e9s para cumplir con la Secci\u00f3n 208 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. Para ello, la JCF mantiene un C\u00f3digo de Conducta, una Pol\u00edtica contra el cabildeo y de manejo de conflictos de inter\u00e9s, y recibe el asesoramiento \u00e9tico Andrea Bonime-Blanc encargada de garantizar cumplimiento y responder a posibles conflictos. <\/p>\n\n\n\n El C\u00f3digo de \u00c9tica que publica la JCF es un tanto ambiguo en prohibir que los funcionarios se dejen influenciar por sus familiares. En la secci\u00f3n 7 del C\u00f3digo solo invita a los empleados de la Junta a que en caso de que este \u201cparticipe en la realizaci\u00f3n de cualquier investigaci\u00f3n, auditor\u00eda, evaluaci\u00f3n o revisi\u00f3n relacionada con su trabajo para la Junta deber\u00e1 hacerlo de manera objetiva y sin prejuicio personal\u201d. En la introducci\u00f3n del C\u00f3digo, se menciona que los funcionarios deben evitar \u201cactos u omisiones que puedan crear la apariencia de mala conducta o impropiedad\u201d, lo que igualmente resulta ser ambiguo. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Impunes los conflictos en la Junta<\/strong><\/p>\n\n\n\n La quejas e imputaciones relacionadas a posibles conflictos de inter\u00e9s han sido comunes desde el comienzo de los trabajos del ente fiscal. En el 2018, se le imput\u00f3 a\u00a0Ana Matosantos mantener un serio conflicto de inter\u00e9s luego de que trascendiera informaci\u00f3n en la que se vincula a la empresa familiar de bienes ra\u00edces de Matosantos con la construcci\u00f3n de una planta de generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable en Vega Baja.\u00a0En este caso, el propio asesor legal de la JCF,\u00a0Jaime A. El Koury, solicit\u00f3 al Congreso federal y al Departamento de Justicia federal que no investigaran a Matosantos.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de conflictos familiares, hist\u00f3ricamente, varios integrantes han enfrentado cr\u00edticas p\u00fablicas por sus lazos con el sector financiero que posee deuda de la isla. Al inicio de la Junta,\u00a0Carlos Garc\u00eda y Jos\u00e9 Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez fueron objeto de fuertes cr\u00edticas por haber ocupado altos cargos en el\u00a0Banco Santander, que fue la entidad que particip\u00f3 activamente en las emisiones de deuda de Puerto Rico. Las acusaciones p\u00fablicas de conflicto de inter\u00e9s alegaban que los mismos que crearon la crisis fiscal, la estar\u00edan resolviendo en sus cargos en la JCF. \u00a0<\/p>\n\n\n\n Juan Sabater, quien se recientemente fue removido de la Junta, fue se\u00f1alado por posibles conflictos por su relacion con la firma de inversi\u00f3n Valiant Capital, y Andrew Biggs fue cuestionado por sus v\u00ednculos con el American Enterprise Institute abogaban por pol\u00edticas favorables a los acreedores en procesos de reestructuraci\u00f3n de deuda. Justin Peterson, quien fue miembro de la JCF por tres a\u00f1os, hab\u00eda sido socio principal de DCI Group, una firma de cabildeo en Washington que represent\u00f3 a grupos de bonistas de las Obligaciones Generales, incluyendo a fondos como Aurelius Capital Management <\/em>y<\/em> <\/em>Autonomy Capital. Publicamente se ha alegado que su empresa coordin\u00f3 m\u00e1s de <\/strong>$1.3 millones en serivios de cabildeo <\/strong>a<\/strong> favor de los acreedores de la deuda.<\/p>\n\n\n\n El elemento com\u00fan de todos estos casos de posibles conflictos fue que ninguno fue investigado.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por a\u00f1os la Junta de Control Fiscal (JCF) se ha nutrido de exfuncionarios de gobierno, familiares de pol\u00edticos y afiliados a partidos pol\u00edticos para realizar los trabajos encomendados por la ley Promesa. 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