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<\/a><\/div>\n\n\n\nDurante la vista de enero, qued\u00f3 claro que las partes se dirigen a disponer del caso sin ir a juicio. Earl adelant\u00f3 que se propone presentarle a la fiscal\u00eda una petici\u00f3n de mitigaci\u00f3n sobre los antecedentes penales del hombre de 67 a\u00f1os, quien tiene dos condenas por asesinato, una a los 14 a\u00f1os y otra a los 40. La primera v\u00edctima habr\u00eda sido su padrastro y la segunda una compa\u00f1era consensual. Con esto se busca reducir la condena a la que est\u00e1 expuesto por la posesi\u00f3n de un arma y 143 municiones que en su caso es ilegal por haber sido convicto de delito grave. El juez concedi\u00f3 hasta el 27 de febrero para que las partes informen si hay alegaci\u00f3n de culpabilidad o si van para juicio.<\/p>\n\n\n\n
La controversia sobre la construcci\u00f3n ilegal en la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera tiene varios frentes. Est\u00e1 pendiente en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la multa de $25,000 que el matrimonio enfrenta desde la Administraci\u00f3n Pierluisi. A la vez, est\u00e1 vigente la orden administrativa que el secretario Waldemar Quiles P\u00e9rez firm\u00f3 como primer acto oficial el mismo d\u00eda que la gobernadora lo design\u00f3 al cargo y que tiene el efecto tanto de legalizar las construcciones ilegales en la zona, como de desestimar casos pendientes por eso.<\/p>\n\n\n\n
En el escenario legislativo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por un lado pastore\u00f3 la aprobaci\u00f3n del nombramiento de Quiles P\u00e9rez, a pesar de las cr\u00edticas por su orden administrativa. Por el otro, tronch\u00f3 el proyecto de la gobernadora que buscaba convertir en ley el contenido de la orden administrativa. El Senado no ha dado paso a resoluciones de la minor\u00eda para ordenar que se deje sin efecto la orden administrativa ni para realizar una investigaci\u00f3n sobre los da\u00f1os ambientales y construcciones ilegales en el \u00e1rea. Dio paso a una resoluci\u00f3n de su presidente para pedirle a varias agencias informaci\u00f3n con la que se pudiera \u201cidentificar a todas las personas o entidades propietarias de estructuras\u201d en el \u00e1rea, as\u00ed como el uso de las mismas y las construcciones recientes. Pero el 30 de junio cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n sin compeler al municipio de Lajas y al Centro de Recaudaci\u00f3n de Ingresos Municipales (CRIM) a entregar informaci\u00f3n que no entregaron. De los informes parcial y final tampoco se desprende que se haya entregado la lista de propietarios.<\/p>\n\n\n\n
Vea:<\/p>\n\n\n\n