{"id":966510,"date":"2025-12-10T06:54:22","date_gmt":"2025-12-10T10:54:22","guid":{"rendered":"https:\/\/noticel.com\/?p=966510"},"modified":"2025-12-10T07:46:44","modified_gmt":"2025-12-10T11:46:44","slug":"organizaciones-urgen-revertir-flexibilizacion-de-licencias-de-armas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20251210\/organizaciones-urgen-revertir-flexibilizacion-de-licencias-de-armas\/","title":{"rendered":"Organizaciones urgen revertir flexibilizaci\u00f3n de licencias de armas"},"content":{"rendered":"

El Frente Amplio de Acci\u00f3n Social y diversas organizaciones se unieron en un reclamo urgente al Estado para que enfrente y atienda la crisis de violencia generalizada como consecuencia de la flexibilizaci\u00f3n de la Ley de Armas desde el 2020.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa violencia generalizada que enfrentamos en Puerto Rico se compara con condiciones de guerra\u201d, dijeron en un comunicado de prensa.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el Instituto de Estad\u00edsticas de Puerto Rico, entre 2000 y 2020, el 87.6% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. <\/p>\n\n\n\n

En el caso de feminicidios, tras la flexibilizaci\u00f3n legislativa, el porcentaje de feminicidios \u00edntimos cometidos con armas legales pas\u00f3 de 47% en 2019 a 75% en 2024, y en 2025 todos los casos de feminicidios \u00edntimos registrados -82%- han sido con armas de fuego. <\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con las organizaciones especializadas MundoSur y la Red Latinoamericana contra la Violencia de G\u00e9nero, en 2024 Puerto Rico ocup\u00f3 el segundo lugar en feminicidios en Am\u00e9rica Latina -solo precedido por Guatemala-, evidencia de una crisis que impacta directamente a las mujeres en su cotidianidad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAlarma la falta de acciones del Estado para atender esta crisis. La pol\u00edtica p\u00fablica vigente promueve y propicia, m\u00e9todos que, lejos de desescalar y prevenir violencias por razones de g\u00e9nero, intensifica la crudeza de las violencias manifestadas contra nuestra poblaci\u00f3n. A la carencia de campa\u00f1as masivas enfocadas en la concienciaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de violencias, se suma el discurso oficial en apoyo a la proliferaci\u00f3n de armas de fuego\u201d, indicaron.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAlarma la postura de la Lcda. Astrid Pi\u00f1eiro -Procuradora de las Mujeres-, quien ha expresado que rechaza la regulaci\u00f3n y alega que la alta proporci\u00f3n de feminicidios cometidos con armas de fuego responde a un asunto de educaci\u00f3n, asunto que no ha sido atendido por la OPM. Adem\u00e1s, considera que en lugar de prevenir feminicidios, este abordaje aumenta significativamente el riesgo de que agresores las asesinen. Adem\u00e1s, la Lcda. Pi\u00f1eiro afirm\u00f3 recientemente que rechaza la restricci\u00f3n y regulaci\u00f3n de armas de fuego, a pesar de la robusta evidencia que confirma la correlaci\u00f3n entre el acceso a armas de fuego y feminicidios\u201d, a\u00f1adieron.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n\n\n\n

En agosto de este a\u00f1o, la gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n flexibiliz\u00f3 a\u00fan m\u00e1s la posesi\u00f3n de armas de fuego emitidas en 2020 y que expiraron este a\u00f1o, a 5 a\u00f1os de la aplicaci\u00f3n de la nueva Ley de Armas. Seg\u00fan expresado en la Orden Ejecutiva 46-2025, el estatuto -alegadamente temporero- responde a una interrupci\u00f3n en la interconexi\u00f3n entre PRITS y el National Crime Information Center (NCIC), uno de los sistemas FBI para la verificaci\u00f3n de antecedentes penales en los procesos de renovaci\u00f3n y expedici\u00f3n de licencias. En consecuencia, el Registro Criminal Integrado (RCI), herramienta fundamental para la evaluaci\u00f3n de solicitantes, carece de datos vitales para validar el derecho de quienes tramitan licencias de posesi\u00f3n de armas de fuego. La gobernadora Gonz\u00e1lez Col\u00f3n no ha revelado el periodo estimado para acceder a este importante tr\u00e1mite.<\/p>\n\n\n\n

Desde hace varios a\u00f1os faltan los datos oficiales fiables sobre el panorama de licencias para posesi\u00f3n y cantidad de armas de fuego legales que maneja la Polic\u00eda de Puerto Rico, aunque se estima que el n\u00famero de personas con licencias ronda entre 160,000 y 250,000. A esta situaci\u00f3n se le a\u00f1ade el trasiego de armas ilegales que entran a la Isla. Informes no oficiales estiman que el 95% de los cr\u00edmenes cometidos con armas de fuego involucran armas ilegales, y anualmente se incautaron entre 3,000 y 3,500 armas ilegales, principalmente por la Polic\u00eda de Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n

Enfocaron que la crisis de violencia normalizada en Puerto Rico es particularmente peligrosa para mujeres que enfrentan violencias y sus cr\u00edas. El impacto trasciende a las v\u00edctimas directas: entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores han quedado hu\u00e9rfanos por feminicidios, una cifra que sigue aumentando sin que exista una pol\u00edtica p\u00fablica de reparaci\u00f3n ni protocolos especializados para atender esta ni\u00f1ez. \u201cCada asesinato no solo arrebata una vida, sino que fractura familias y perpet\u00faa ciclos de vulnerabilidad y exclusi\u00f3n. El Estado, lejos de responder con urgencia, mantiene una inacci\u00f3n que agrava la emergencia social\u201d, dijeron.<\/p>\n\n\n\n

\u201cReclamamos que el Estado garantice nuestro derecho a vivir en una sociedad sin violencias. Es urgente que la Legislatura y el Ejecutivo realicen una revisi\u00f3n inmediata de la Ley de Armas y establecimiento de controles estrictos sobre la expedici\u00f3n y renovaci\u00f3n de licencias, priorizando la protecci\u00f3n de comunidades precarizadas y personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, especialmente mujeres y menores, ante el alarmante aumento de feminicidios cometidos con armas legales. Exigimos que se implementen pol\u00edticas p\u00fablicas basadas en datos y orientadas desde las condiciones que enfrenta la ciudadan\u00eda como consecuencia de una gobernanza ineficiente e inefectiva, y que garantice la atenci\u00f3n integral de personas y comunidades hist\u00f3ricamente marginadas\u201d, plantearon.<\/p>\n\n\n\n

Urgieron a la creaci\u00f3n de un plan interagencial, multidisciplinario, e interseccional que articule esfuerzos entre sectores de la psicolog\u00eda, sociolog\u00eda, educaci\u00f3n, trabajo social, salud p\u00fablica, derecho, y desarrollo integral, para prevenir y erradicar las violencias de g\u00e9nero desde una perspectiva multisectorial y comunitaria. Exigieron el desarrollo de protocolos especializados y pol\u00edticas de reparaci\u00f3n para menores en orfandad como consecuencia de feminicidios, reconociendo el impacto estructural y familiar de la violencia machista y la urgencia de romper ciclos de vulnerabilidad y exclusi\u00f3n en comunidades infravaloradas.<\/p>\n\n\n\n

A la exhortaci\u00f3n se unieron el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Coordinadora Paz para las Mujeres, el Observatorio Equidad de G\u00e9nero y la Red Nacional de Albergues y Violencia Dom\u00e9stica.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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