{"id":965886,"date":"2025-12-05T10:46:26","date_gmt":"2025-12-05T14:46:26","guid":{"rendered":"https:\/\/noticel.com\/?p=965886"},"modified":"2025-12-05T11:18:14","modified_gmt":"2025-12-05T15:18:14","slug":"otro-reves-para-etica-gubernamental","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/gobierno\/20251205\/otro-reves-para-etica-gubernamental\/","title":{"rendered":"Otro rev\u00e9s para \u00c9tica Gubernamental"},"content":{"rendered":"

En una decisi\u00f3n que resalta la importancia de una interpretaci\u00f3n estricta de las normas \u00e9ticas gubernamentales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revoc\u00f3 una multa de $2,000 impuesta al ingeniero Eli D\u00edaz Atienza, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por presunto uso indebido de un veh\u00edculo oficial. <\/p>\n\n\n\n

La opini\u00f3n, emitida el 2 de diciembre por el juez asociado Luis F. Estrella Mart\u00ednez, concluye que la Oficina de \u00c9tica Gubernamental (OEG) no present\u00f3 prueba clara, robusta y convincente para demostrar una violaci\u00f3n al Art\u00edculo 4.2(b) de la Ley Org\u00e1nica de la OEG. Los abogados de D\u00edaz Atienza, Andr\u00e9s Guillemard Noble y Edgardo Rivera Garc\u00eda demostraron efectivamente que las imputaciones hechas por la OEG estaban erradas en derecho.<\/p>\n\n\n\n

El caso se remonta al 23 de diciembre de 2020, cuando la OEG present\u00f3 una querella contra D\u00edaz Atienza.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el funcionario autoriz\u00f3 al entonces vicepresidente ejecutivo de la AAA, Yoniel Arroyo Mu\u00f1oz, a utilizar un veh\u00edculo oficial para transportarse desde su residencia en Moca hasta la sede central en San Juan. La OEG aleg\u00f3 que dicha autorizaci\u00f3n constitu\u00eda un beneficio personal no permitido por ley, ya que Arroyo Mu\u00f1oz no contaba con un horario fijo, no laboraba exclusivamente en San Juan y tampoco incurr\u00eda en gastos como peajes, gasolina o mantenimiento, los cuales eran cubiertos con fondos p\u00fablicos. Esto, argumentaba la OEG, infring\u00eda los incisos (b), (r) y (s) del Art\u00edculo 4.2 de la Ley N\u00fam. 1-2012, que proh\u00edbe a los funcionarios p\u00fablicos utilizar bienes del gobierno para fines personales o conceder beneficios no autorizados.<\/p>\n\n\n\n

D\u00edaz Atienza contest\u00f3 la querella el 1 de febrero de 2021, defendiendo que la autorizaci\u00f3n se basaba en la Orden Administrativa OA-2015-03 de la AAA, emitida durante su predecesor. Esta orden permit\u00eda al presidente ejecutivo asignar veh\u00edculos oficiales a funcionarios en situaciones de emergencia o para facilitar operaciones, argumentando que Arroyo Mu\u00f1oz necesitaba el veh\u00edculo para atender emergencias y coordinar con directores regionales en todo Puerto Rico. D\u00edaz Atienza insisti\u00f3 en que no se trataba de un uso personal, sino de una medida para garantizar la continuidad operativa de la corporaci\u00f3n p\u00fablica, especialmente en un contexto de frecuentes huracanes y fallos en el sistema de acueductos.<\/p>\n\n\n\n

Tras un proceso administrativo, el 10 de marzo de 2022, la OEG rechaz\u00f3 los argumentos de D\u00edaz Atienza y solicit\u00f3 una resoluci\u00f3n sumaria, alegando que no exist\u00eda controversia de hechos materiales. El 28 de junio de 2024, una Oficial Examinadora recomend\u00f3 archivar las imputaciones contra Arroyo Mu\u00f1oz, pero propuso multar a D\u00edaz Atienza por el inciso (b). Finalmente, el 24 de julio de 2024, la OEG adopt\u00f3 esta recomendaci\u00f3n e impuso la multa de $2,000, concluyendo que la autorizaci\u00f3n equival\u00eda a un desembolso indebido de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Inconforme, D\u00edaz Atienza apel\u00f3 ante el Tribunal de Apelaciones el 27 de septiembre de 2024. En su revisi\u00f3n judicial, aleg\u00f3 errores en la interpretaci\u00f3n de la ley, argumentando que la OA-2015-03 no facultaba al presidente a designar puntos alternos de entrega de veh\u00edculos oficiales y que Arroyo Mu\u00f1oz no calificaba bajo las excepciones de la Ley N\u00fam. 60-2014, que regula el uso uniforme de veh\u00edculos oficiales. El Tribunal de Apelaciones, en sentencia del 29 de enero de 2025, confirm\u00f3 el dictamen de la OEG, sosteniendo que las funciones de Arroyo Mu\u00f1oz no estaban relacionadas con emergencias operativas y que la autorizaci\u00f3n beneficiaba a una \u201cpersona privada\u201d al no estar vinculada estrictamente a sus deberes oficiales.<\/p>\n\n\n\n

El 20 de marzo, D\u00edaz Atienza elev\u00f3 el caso al Tribunal Supremo mediante una petici\u00f3n de certiorari, alegando cinco errores principales: (1) la Ley N\u00fam. 60-2014 no define claramente \u201cjornada laboral\u201d ni \u201cagencia\u201d; (2) la OA-2015-03 autorizaba la entrega en Aguadilla; (3) interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del concepto de \u201cpersona privada\u201d; (4) falta de prueba pericial; y (5) desproporcionalidad de la multa. La OEG respondi\u00f3 defendiendo su interpretaci\u00f3n y solicitando denegar el recurso.<\/p>

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En su opini\u00f3n de 33 p\u00e1ginas, el juez Estrella Mart\u00ednez analiz\u00f3 exhaustivamente las leyes aplicables, incluyendo la Ley Org\u00e1nica de la OEG y la Ley de Veh\u00edculos Oficiales. El Tribunal enfatiz\u00f3 que el est\u00e1ndar de revisi\u00f3n judicial en procedimientos administrativos \u00e9ticos requiere evidencia sustancial para sostener una infracci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

\u201cLa prueba presentada demostr\u00f3 que las funciones del se\u00f1or Arroyo Mu\u00f1oz estaban directamente relacionadas con el manejo de emergencias, la coordinaci\u00f3n de directores y la implementaci\u00f3n de planes de contingencia, tareas que impactan la administraci\u00f3n p\u00fablica y la prestaci\u00f3n de servicios a la ciudadan\u00eda\u201d, se\u00f1ala la opini\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El fallo concluye que Arroyo Mu\u00f1oz no puede catalogarse como \u201cpersona privada\u201d en este contexto, ya que su uso del veh\u00edculo facilitaba operaciones esenciales de la AAA. Adem\u00e1s, la Corte rechaz\u00f3 la interpretaci\u00f3n restrictiva de la OEG sobre la OA-2015-03, afirmando que no se justificaba limitar su aplicaci\u00f3n sin disposici\u00f3n expresa en la ley. <\/p>\n\n\n\n

\u201cPor consiguiente, el tercer elemento previsto en el Art. 4.2(b) [\u2026] no se satisface en este caso\u201d, indica el dictamen. En consecuencia, el Supremo revoc\u00f3 la sentencia del Tribunal de Apelaciones y dej\u00f3 sin efecto la multa, sin imponer costas.<\/p>\n\n\n\n

Esta decisi\u00f3n podr\u00eda tener implicaciones amplias para la interpretaci\u00f3n de normas \u00e9ticas en agencias gubernamentales, especialmente en corporaciones p\u00fablicas como la AAA, donde los ejecutivos gubernamentales a menudo enfrentan emergencias operativas.<\/p>\n\n\n\n

La OEG no ha respondido p\u00fablicamente, pero fuentes internas indican que evaluar\u00e1n el impacto en futuras querellas. D\u00edaz Atienza, en un comunicado breve, expres\u00f3 satisfacci\u00f3n: \u201cEsta determinaci\u00f3n reivindica mi compromiso con la transparencia y el servicio p\u00fablico. Siempre actu\u00e9 dentro de la ley para garantizar la eficiencia de la AAA\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El caso resalta tensiones entre la fiscalizaci\u00f3n \u00e9tica y la flexibilidad operativa en el gobierno, en un momento en que Puerto Rico enfrenta desaf\u00edos cr\u00f3nicos en infraestructura. Con esta resoluci\u00f3n, el Tribunal Supremo cierra un proceso de cinco a\u00f1os, enviando un mensaje claro sobre el equilibrio entre responsabilidad p\u00fablica y autonom\u00eda administrativa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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