A d\u00edas de que el juez federal Jose A. Fuste llamara la atenci\u00f3n del pa\u00eds porque el problema de educaci\u00f3n especial lleva 34 a\u00f1os en el tribunal sin una soluci\u00f3n, el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio le solicit\u00f3 al Tribunal Federal que reabra el hist\u00f3rico pleito de clase de Roberto Navarro Ayala v. Rafael Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, ante las continuas violaciones del Gobierno a la resoluci\u00f3n firmada hace 37 a\u00f1os para atender las deficiencias en el sistema de salud mental de la Isla.<\/p>\n
En la solicitud presentada en el caso de NavarroAyala,el juez federal FranciscoBesosaestableci\u00f3 el 14 de octubre como fecha final para que Justicia local conteste. ‘Es un caso que data de los setenta, por lo que habremos de localizar los expedientes y contestaremos dentro del t\u00e9rmino establecido’, puntualiz\u00f3 la portavoz de Justicia,AmberLeeV\u00e9lez.<\/p>\n
El pedido pudiera provocar que se reasigne un monitor federal para los servicios de salud mental despu\u00e9s de que en 1977 se firmaran estipulaciones para resolver la controversia.De esta forma, la lista de sistemas del Gobierno de Puerto Rico que han estado, o est\u00e1n,bajo monitoreo de un tribunal debido a la incapacidad administrativa para resolver sus problemas, ya incluyen a correcci\u00f3n de adultos y menores, educaci\u00f3n especial, Polic\u00eda, y salud mental.<\/p>\n
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a Pro Salud Mental, Inc. (NAMI-Puerto Rico), Silvia Arias, opin\u00f3 que hay que esperar a ver por la respuesta del Tribunal sobre la solicitud de reabrir el caso presentado en el 1974 por un paciente diagnosticado con esquizofrenia y el s\u00edndrome de Stevens-Johnson, quiendenunci\u00f3 problemas de hacinamiento, atenci\u00f3n inadecuada, y las duras condiciones dentro del Hospital Psiqui\u00e1trico Dr. Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez Marina de R\u00edo Piedras. En el 1985, el Tribunal nombr\u00f3 al exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, David Helfeld, como el monitor que velar\u00eda por el cumplimiento de las estipulaciones.<\/p>\n
Arias determin\u00f3 que, ‘hace rato hay motivos sobrados para conseguir que se nombre un monitor\u2026 No me sorprende, y hasta me alegro que alguien lo traiga a la atenci\u00f3n del Tribunal (las violaciones que se han cometido a las estipulaciones del caso)’.<\/p>\n
A su vez, la senadora Rossana L\u00f3pez Le\u00f3n, presidenta de la Comisi\u00f3n de Derechos Civiles, Participaci\u00f3n Ciudadana y Econom\u00eda Social del Senado, manifest\u00f3 a este diario que ‘no tiene ning\u00fan problema’ con que el Tribunal Federal reabra el caso y nombre un monitor, si esto tiene el efecto de garantizar mejores servicios a los pacientes de salud mental.<\/p>\n
En la moci\u00f3n radicada el pasado 26 de septiembre, el Grupo alega que desde que el caso fue cerrado en el 2005 por el juez federal H\u00e9ctor Laffitte, el Gobierno ha ‘fallado en mantener el total de los equipos interdisciplinarios para un plan de tratamiento comprensivo a los pacientes, Durante a\u00f1os, los demandados han fallado en reclutar psiquiatras, trabajadores sociales, psic\u00f3logos y manejadores de caso para mantener el equipo de tratamiento completo’.<\/p>\n
De hecho, destacan que incumplir con lo estipulado en los planes de rehabilitaci\u00f3n provoca mayor tiempo de espera, y un alto volumen y riesgos en el manejo de los pacientes.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se denunci\u00f3 que la administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla est\u00e1 atentando contra los servicios que se ofrecen en los centros de salud mental a los pacientes dados de alta del Hospital Psiqui\u00e1tricoy arriesgando las unidades de intervenci\u00f3n de crisis. Este diario supo que mayormente estos servicios se canalizan al Centro de Salud Mental de San Patricio.<\/p>\n
Seg\u00fan el Grupo, en septiembre de 2013 muchos contratos de psiquiatras, trabajadores sociales y psic\u00f3logos no fueron renovados, pero tampoco se reclut\u00f3 un personal nuevo para los centros de salud mental.<\/p>\n
‘Para colmo de males, el viernes 19 septiembre de 2014, la administradora de ASSMCA (Administraci\u00f3n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci\u00f3n), Carmen Graulau (Serrano), anunci\u00f3 verbalmente a algunos empleados de San Patricio que los servicios ambulatorios del Centro de Salud Mental de San Patricio se privatizar\u00e1n contrario a lo que informaron al Tribunal el 12 de abril del 2003’, sentenci\u00f3 elpresidente del Grupo, V\u00edctor B\u00e1ez.<\/p>\n
Supuestamente, Graulau Serrano, tambi\u00e9n les dijo que todos los empleados regulares del Centro ser\u00edan transferidos a otras instalaciones de ASSMCA que no fueron identificadas. En adici\u00f3n, los dem\u00e1s proveedores tendr\u00edan que negociar sus contratos con la aseguradora APS Healthcare, que actualmente maneja la cubierta de salud mental de Mi Salud.<\/p>\n
De hecho, el mismo d\u00eda que el Grupo radic\u00f3 la moci\u00f3n en el Tribunal Federal, Graulau Serrano, envi\u00f3 un comunicado de prensa para anunciar los cambios que a partir de octubre se har\u00edan en la prestaci\u00f3n de los servicios ofrecidos por ASSMCA. La justificaci\u00f3n es evitar la p\u00e9rdida de unos$35 millones que el gobierno federal le asigna a la agencia.<\/p>\n
‘Es vital reorientar los servicios ofrecidos por ASSMCA hacia aquellas \u00e1reas de necesidad que no son cubiertas por los ofrecimientos del Plan de Salud del Gobierno. Esta reorientaci\u00f3n nos encaminar\u00e1 al desarrollo de un sistema de servicios m\u00e1s eficiente y dirigido a maximizar los recursos con que disponemos para beneficio de los pacientes’, apunt\u00f3 la funcionaria.<\/p>\n
En el 2013 se mencion\u00f3 que unas nuevas regulaciones sobre el uso de los fondos federales de la Administraci\u00f3n de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en ingl\u00e9s) limitar\u00eda la poblaci\u00f3n que ASSMCA pod\u00eda atender en sus centros, pues no podr\u00eda brindar servicios a los beneficiarios de Mi Salud a trav\u00e9s de APS y se tendr\u00eda que dar prioridad a las personas no aseguradas.<\/p>\n
Para Arias, ante esta directriz,ASSMCA tendr\u00eda que enfocarse en brindar servicios de recuperaci\u00f3n, como terapias psicosociales y ocupacionales a los beneficiarios de Mi Salud.<\/p>\n
En su reciente parte de prensa, ASSMCA dice que utilizaban los fondos federales otorgados por SAMHSA para brindar los servicios ambulatorios en los centros de salud mental de Moca, Mayag\u00fcez y San Patricio. Entre los pacientes que se les brindaban servicios hab\u00eda beneficiarios de Mi Salud.<\/p>\n
‘Para beneficio de nuestros pacientes, estamos en conversaciones con el proveedor de servicios de salud mental de ASES, APS, para que mediante un Acuerdo Colaborativo con la ASSMCA contin\u00fae el tratamiento de nuestros pacientes, en nuestras instalaciones y con los mismos profesionales que actualmente contratan con la ASSMCA y son proveedores de APS. La negociaci\u00f3n con APS cubrir\u00e1 todas las \u00e1reas de inter\u00e9s y necesidades de los pacientes y cumple con las exigencias del gobierno federal’, se\u00f1al\u00f3 Graulau Serrano.<\/p>\n
Sin embargo, L\u00f3pez Le\u00f3n, indic\u00f3 que tiene un compromiso de Graulau Serrano de que ASSMCA no concretar\u00e1 dichos cambios hasta tanto se obtenga la autorizaci\u00f3n de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en ingl\u00e9s), para manejar ciertos fondos de Medicaid para no tener que delegar funciones a APS.<\/p>\n
L\u00f3pez Le\u00f3n detall\u00f3 que se reuni\u00f3 con el administrador asociado de la Regi\u00f3n 2 de CMS, Michael Mel\u00e9ndez, durante su reciente visita a Puerto Rico, y ‘\u00e9l est\u00e1 en la mejor disposici\u00f3n para trabajar en que ASSMCA pueda recibir fondos de Mi Salud, para que ASSMCA pueda seguir ofreciendo los servicios en San Patricio, Moca y Mayag\u00fcez’.<\/p>\n
La legisladora a\u00f1adi\u00f3 que CMS ya ha entrado en comunicaci\u00f3n con la propia SAMHSA para llegar a un acuerdo.<\/p>\n
Mientras, el Grupo a trav\u00e9s de la moci\u00f3n presentada ante el Tribunal han reprobado la intenci\u00f3n del gobierno de ‘contener costos’ mediante la delegaci\u00f3n de las funciones de ASSMCA a APS, un servicio que aseguran es desintegrado y de pobre calidad.<\/p>\n
‘Somos pacientes que necesitamos continuidad de cuidados. Para construir una relaci\u00f3n no siempre es f\u00e1cil y muchos de nosotros hemos estado en tratamiento con el mismo m\u00e9dico durante muchos a\u00f1os y estamos libres de s\u00edntomas. Algunos de nosotros hemos sido capaces de trabajar y lograr una vida independiente gracias a los servicios que la Honorable Corte protegi\u00f3 para nosotros durante muchos a\u00f1os. Pero una vez m\u00e1s, la parte demandada en una clara violaci\u00f3n de la Orden de la corte y la ley, ponen nuestra salud mental y f\u00edsica en riesgo’, concluyeron.<\/p>\n
Moci\u00f3n Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio-NotiCel_8846<\/a><\/p>\n Cierre del pleito de clase de Roberto Navarro Ayala -NotiCel_8847<\/a><\/p>\n