Reducir la criminalidad en Puerto Rico sigue siendo uno de los mayores retos sociales, especialmente en lo que respecta a los menores que egresan de programas de rehabilitaci\u00f3n tras cometer una falta. Ante esta problem\u00e1tica, la C\u00e1mara de Representantes ha iniciado una investigaci\u00f3n con el objetivo de dise\u00f1ar mecanismos efectivos para la reintegraci\u00f3n de estos j\u00f3venes a la sociedad.<\/p>\n\n\n\n
El representante Ensol Rodr\u00edguez Torres, presidente de la Comisi\u00f3n de Asuntos de la Juventud, se\u00f1al\u00f3 que \u201cqueremos saber qu\u00e9 acciones est\u00e1 tomando el Estado para evitar la reincidencia\u201d. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que los j\u00f3venes tienen derecho a la rehabilitaci\u00f3n, mientras que el Estado debe guiarlos hacia una conducta social positiva.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente, Puerto Rico cuenta con dos instituciones juveniles del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR), ubicadas en Villalba y Ponce, que albergan a 73 j\u00f3venes entre 13 y 21 a\u00f1os. La instituci\u00f3n de Villalba acoge a 44 varones bajo custodia juvenil, mientras que la de Ponce cuenta con una poblaci\u00f3n mixta de 29 j\u00f3venes. Ambas se rigen por una filosof\u00eda de tratamiento que busca modificar la conducta delictiva mediante buen trato, estructura y disciplina.<\/p>\n\n\n\n
El debate impulsado por la Resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara 327 (R. de C. 327) evidenci\u00f3 la necesidad\u00a0de revisar el marco legal\u00a0y una mayor colaboraci\u00f3n entre el DCR, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia en busca de estrategias para fortalecer la pol\u00edtica p\u00fablica\u00a0dirigida a la juventud.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Rosa V\u00e9lez Vargas, supervisora de rehabilitaci\u00f3n y tratamiento de las Instituciones Juveniles del DCR, puso sobre la mesa las limitaciones de la Ley 88-1986, conocida como \u201cLey de Menores de Puerto Rico\u201d, como uno de los principales obst\u00e1culos que enfrenta el sistema. Seg\u00fan la ley, una vez los j\u00f3venes salen de estas instituciones, el DCR pierde jurisdicci\u00f3n, lo cual impide un seguimiento adecuado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCuando los j\u00f3venes ingresan a nuestras instituciones, los trabajadores sociales de los centros de servicios multifamiliares, en coordinaci\u00f3n con los institucionales, trabajan en un plan de egreso proyectado, que se elaboran en conjunto con un familiar custodio. Esto puede incluir estudios, empleo o labores comunitarias. Si terminan antes, se le ofrecen las herramientas necesarias para que puedan seguir ejerciendo su rol en la sociedad, incluyendo talleres, terapias individuales o grupales, entre otros. Pero es crucial que los familiares, una vez no tienen la presi\u00f3n legal, puedan seguir brindando su apoyo.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Manuel V\u00e1zquez Torres, procurador de menores, confirm\u00f3 que \u201cuna vez el menor cumple la medida impuesta por el tribunal, no se pueden emplear recursos de justicia juvenil por falta de jurisdicci\u00f3n\u201d.<\/p>
![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/05\/13192924\/Banners_970x90-3.png\")
<\/a><\/div>\n\n\n\n