El comisionado residente, Pedro Pierluisi, volvi\u00f3 a presentar legislaci\u00f3n el miercoles en el Congreso que autorizar\u00eda al gobierno de Puerto Rico a permitirle a corporaciones p\u00fablicas insolventes reestructurar sus deudas bajo el Cap\u00edtulo 9 del C\u00f3digo de Quiebras de Estados Unidos.<\/p>\n
‘A ra\u00edz de la decisi\u00f3n del Tribunal de Distrito, est\u00e1 m\u00e1s claro que nunca que el Congreso debe actuar con la mayor rapidez posible para enmendar el C\u00f3digo de Quiebras federal con el prop\u00f3sito de facultar al Gobierno de Puerto Rico a autorizar a sus corporaciones p\u00fablicas insolventes a reestructurar sus deudas bajo la protecci\u00f3n del Cap\u00edtulo 9. Si el Congreso no act\u00faa, las corporaciones p\u00fablicas de Puerto Rico quedar\u00e1n sin marco legal alguno\u2014a nivel federal o territorial\u2014para ajustar sus deudas’, dijo Pierluisi en un comunicado de prensa.<\/p>\n
El proyecto de ley lleva como t\u00edtulo ‘Ley de Uniformidad del Cap\u00edtulo 9 de Puerto Rico’. En la actualidad, bajo el Cap\u00edtulo 9 del C\u00f3digo de Quiebras federal, los gobiernos estatales pueden autorizar sus instrumentalidades p\u00fablicas a acogerse a la ley federal. Sin embargo, Puerto Rico fue excluido del t\u00e9rmino ‘estado’ para prop\u00f3sitos del Cap\u00edtulo 9, por lo que el gobierno de Puerto Rico no tiene la potestad para autorizar a sus corporaciones p\u00fablicas a solicitar esa protecci\u00f3n provista por la ley federal.<\/p>\n
Dijo que en julio de 2014, la actual administraci\u00f3n del gobierno del territorio de Puerto Rico aprob\u00f3 la ‘Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperaci\u00f3n de las Corporaciones P\u00fablicas’, mejor conocida como ‘Ley de Quiebra Criolla’, mediante la cual buscaba autorizar a ciertas corporaciones p\u00fablicas a reestructurar sus deudas. Un sinn\u00famero de compa\u00f1\u00edas due\u00f1as de bonos de Puerto Rico demand\u00f3 al gobierno en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico alegando que la Ley\u2014que se diferencia del Cap\u00edtulo 9 en numerosos aspectos\u2014viola tanto la Constituci\u00f3n de Estados Unidos como la de Puerto Rico. El pasado 6 de febrero de 2015, el Tribunal Federal emiti\u00f3 una decisi\u00f3n de 75 p\u00e1ginas en la que concluy\u00f3 que la Ley de Quiebra Criolla invade lo que es campo ocupado por el C\u00f3digo de Quiebras federal y, por tanto, es inv\u00e1lida bajo la Cl\u00e1usula de Supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n de Estados Unidos. Adem\u00e1s, el Tribunal declin\u00f3 desestimar las alegaciones de las compa\u00f1\u00edas de inversores de que la Ley de Quiebra Criolla tambi\u00e9n viola las cl\u00e1usulas sobre contratos y sobre incautaciones de la Constituci\u00f3n de Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico ha afirmado que apelar\u00e1 la decisi\u00f3n, pero ello conllevar\u00e1 tiempo y esfuerzo adicional, y podr\u00eda terminar en fracaso.<\/p>\n
‘Mi proyecto simplemente permitir\u00eda al gobierno de Puerto Rico, igual que al de los estados, a autorizar a sus corporaciones p\u00fablicas a utilizar, como \u00faltimo recurso, el m\u00e9todo probado y comprobado del Cap\u00edtulo 9, bajo la supervisi\u00f3n de un juez federal de quiebras imparcial en Puerto Rico, bas\u00e1ndose en los precedentes legales establecidos bajo el Cap\u00edtulo 9. Este es el procedimiento que con m\u00e1s probabilidades dar\u00e1 un resultado justo y equitativo para todas las partes con inter\u00e9s’, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Mencion\u00f3 que la Oficina de Presupuesto del Congreso ha confirmado que el proyecto no conlleva gastos por parte del gobierno federal. Por tanto, el proyecto debe ser visto positivamente por el sector conservador en asuntos fiscales en el Congreso.<\/p>\n
El proyecto de Pierluisi, seg\u00fan mencion\u00f3, ha sido endosado por la Conferencia Nacional de Quiebras, organizaci\u00f3n compuesta por abogados, profesores de derecho y jueces de quiebras que asesora al Congreso sobre cambios a la Ley de Quiebras federal. Adem\u00e1s, en un art\u00edculo reciente publicado por el American Bankruptcy Law Journal, titulado ‘Puerto Rico y la Cl\u00e1usula de Quiebras’, el profesor Stephen Lubben de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall concluy\u00f3: ‘La l\u00f3gica detr\u00e1s de excluir a Puerto Rico del Cap\u00edtulo 9, si en alg\u00fan momento la hubo, ya no hace sentido. En un mundo perfecto, el Congreso le permitir\u00eda r\u00e1pidamente a las corporaciones p\u00fablicas de Puerto Rico a radicar peticiones de quiebra bajo el Cap\u00edtulo 9’.<\/p>\n
Dijo que a base de sus conversaciones, el proyecto del comisionado residente aparenta contar con el apoyo de la gran mayor\u00eda de las partes interesadas en la comunidad inversora. Los inversionistas entienden que con solo la posibilidad de un proceso bajo el Cap\u00edtulo 9, se incentiva el que una corporaci\u00f3n p\u00fablica con problemas financieros en Puerto Rico y sus acreedores lleguen a un acuerdo para ajustar las deudas de la corporaci\u00f3n, en consenso y en beneficio para todas las partes. Los inversionistas reconocen que el Cap\u00edtulo 9 provee una estructura legal predecible y estable, en momentos en que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y fiscal de Puerto Rico ha generado gran incertidumbre y ansiedad.<\/p>\n
Fitch Ratings, una de las agencias acreditadoras, ha expresado que la aprobaci\u00f3n de este proyecto ‘ser\u00eda un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y para los tenedores de bonos de sus utilidades e instrumentalidades p\u00fablicas’. Fitch tambi\u00e9n puntualiz\u00f3 que el proyecto simplemente ‘colocar\u00eda a Puerto Rico en igualdad de condiciones con los 50 estados, que actualmente pueden utilizar el Cap\u00edtulo 9 para sus instrumentalidades’<\/p>\n
Pierluisi buscar\u00e1 que la Comisi\u00f3n de lo Jur\u00eddico de la C\u00e1mara federal, de la cual es miembro, celebre una vista sobre el proyecto a la mayor brevedad posible.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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