El comisionado residente Pedro Pierluisi opin\u00f3 el martes que tras la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la Ley 71 de 2014, conocida como la ley de ‘quiebra criolla’, Puerto Rico tiene como \u00fanica opci\u00f3n un proyecto para que la isla pueda acogerse al Cap\u00edtulo 9 de la Ley de Quiebra federal.<\/p>\n
‘Esto significa que Puerto Rico tiene una opci\u00f3n y una opci\u00f3n solamente, es decir, pedirle al Congreso el mismo trato que reciben los estados en esta materia. En febrero, present\u00e9 el HR 870, la Ley de Uniformidad del Cap\u00edtulo 9 de Puerto Rico de 2015, que reclama ese trato. Este esfuerzo legislativo, que no le costar\u00eda a los contribuyentes federales un centavo y promueve el estado de derecho, cuenta con el apoyo de pr\u00e1cticamente todos los expertos de quiebra; de las juntas editoriales de Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times y Bloomberg; de numerosas personas y organizaciones conservadoras; y de la gran mayor\u00eda de la comunidad financiera’, expres\u00f3 Pierluisi en declaraciones escritas.<\/p>\n
Sin embargo, el tambi\u00e9n presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que a este proyecto de ley se opone un peque\u00f1o grupo de fondos de inversi\u00f3n y acreedores que tienen bonos de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE), quienes impugnaron la ‘quiebra criolla’.<\/p>\n
‘La AEE, al igual que otras corporaciones p\u00fablicas de Puerto Rico, est\u00e1 sujeta a todas las leyes federales ambientales, laborales y de transporte, pero actualmente no puede acogerse al r\u00e9gimen federal de reestructuraci\u00f3n de deudas. Esto es claramente injusto. Estas empresas de inversi\u00f3n demandaron al gobierno de Puerto Rico por la creaci\u00f3n de la Ley de Recuperaci\u00f3n, insistiendo en que el \u00fanico camino para que las entidades p\u00fablicas en Puerto Rico puedan ajustar sus deudas y reclamar acceso al Cap\u00edtulo 9. Estas empresas ahora est\u00e1n tratando de obstruir ese \u00fanico camino solitario. Pueden creer que tal obstrucci\u00f3n es en su propio inter\u00e9s, pero es obvio que no es en el inter\u00e9s p\u00fablico, y el Congreso debe implantar la pol\u00edtica p\u00fablica bas\u00e1ndose en el inter\u00e9s p\u00fablico y no en intereses particulares’, explic\u00f3.<\/p>\n
Al declarar inconstitucional la ley de ‘quiebra criolla’, un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determin\u00f3 el lunes que el Congreso es quien tiene que permitir que Puerto Rico pueda acogerse al Cap\u00edtulo 9 de la Ley de Quiebras federal, tal y como estaba previo a las enmiendas de 1984.<\/p>\n
‘Las enmiendas de 1984 son inconstitucionales. Puerto Rico debe tener la libertad de autorizar a sus municipios a solicitar protecci\u00f3n de bancarrota bajo el Cap\u00edtulo 9 del existente C\u00f3digo federal de Quiebras si ese es el juicio de su Legislatura’, concluye el juez boricua Juan Torruella al concurrir con los jueces Jeffrey Howard y Sandra Lynch en una sentencia de 75 p\u00e1ginas.<\/p>\n
Con el dictamen, se valida la determinaci\u00f3n del juez federal en la isla, Francisco Besosa, quien hab\u00eda decidido que el estatuto no era constitucional y el 6 de febrero pasado detuvo su puesta en vigor.<\/p>\n
Por otro lado, Pierluisi se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal de Apelaciones concluy\u00f3, e incluso los bonistas demandantes admitieron, que desde 1938 hasta 1984, \u2018Puerto Rico, al igual que los estados, pod\u00edan autorizar a sus municipalidades a obtener alivio bajo la Ley de Quiebra Federal’. Agreg\u00f3 que el Tribunal de Apelaciones no pudo encontrar explicaci\u00f3n alguna en el historial legislativo de por qu\u00e9 el Congreso, en una ley de 1984 que modifica el C\u00f3digo de Quiebra, decidi\u00f3 quitarle ese poder a Puerto Rico.<\/p>\n
‘Como deja claro el Juez Torruella en su elocuente opini\u00f3n concurrente, as\u00ed es la vida de un territorio. Vivimos a la merced del Congreso. Tenemos voz en una de las dos c\u00e1maras del Congreso, pero no tenemos el voto en ellas. Estamos obligados por leyes en cuya aprobaci\u00f3n tenemos poco que ver. Si esto no es anti-americano, no s\u00e9 lo que es’, indic\u00f3.<\/p>\n
‘Si hay algo positivo en esto, es que todo este debate sobre el Cap\u00edtulo 9 ha resaltado la bancarrota moral de la condici\u00f3n territorial de Puerto Rico’, concluy\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, el Senador Cirilo Tirado hizo un llamado al Partido Popular Democr\u00e1tico.<\/p>\n
‘La decisi\u00f3n del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston, sobre la Ley de Quiebra Criolla, pone de manifiesto, una vez m\u00e1s, las duras limitaciones de la relaci\u00f3n colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Es un duro golpe a las posibilidades del Pa\u00eds, de atender el gran reto de la deuda de forma ordenada y poniendo primero los intereses del pueblo frente a los bonistas’, expres\u00f3 en declaraciones escritas.<\/p>\n
‘Exhorto al gobierno de Puerto Rico a apelar esta nefasta y vergonzosa decisi\u00f3n ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A mi Partido Popular, le recuerdo su responsabilidad hist\u00f3rica de impulsar una agenda descolonizadora para el desarrollo del ELA’, concluy\u00f3. \u200b<\/p>\n
El liderato del Partido Independentista Puertorrique\u00f1o (PIP) reiter\u00f3 su exigencia de que el gobierno de Puerto Rico ‘deje de seguir d\u00e1ndole vueltas a la noria y enfrente de una vez y por todas el tema del estatus’.<\/p>\n
‘La casa se nos est\u00e1 cayendo encima y el gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo que lo que hay que hacer es cambiar de lugar los muebles de la sala. Luego de la decisi\u00f3n de Boston, qu\u00e9 m\u00e1s espera el gobierno de Puerto Rico para darse cuenta de que no se le puede seguir dando vueltas a la noria y que hay que enfrentar el problema del estatus para comenzar a resolver los graves problemas que tiene Puerto Rico?’, cuestion\u00f3 el presidente del PIP, Rub\u00e9n Berr\u00edos Mart\u00ednez en un comunicado de prensa.<\/p>\n
‘Al ratificar la decisi\u00f3n del Tribunal Federal en San Juan que declaraba inconstitucional la ley de quiebra criolla la mayor\u00eda del Tribunal de Circuito en Boston afirma que el fundamento principal para sostener dicha decisi\u00f3n es precisamente que los poderes del Congreso de Estado Unidos sobre Puerto Rico son poderes plenarios’, a\u00f1adi\u00f3 por su parte, el presidente ejecutivo de la colectividad, Fernando Mart\u00edn.<\/p>\n
Para Mart\u00edn, con esta determinaci\u00f3n, queda el colonialismo una vez m\u00e1s al descubierto.<\/p>\n
‘Y queda igualmente retratada la impotencia del estatus colonial para poder enfrentar el colapso econ\u00f3mico de Puerto Rico’, concluy\u00f3.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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