El Senado analiz\u00f3 el martes el Proyecto del Senado 712 (P. del S. 712), que propone enmendar las Reglas de Procedimiento Civil para incorporar el derecho a juicio por jurado en casos civiles de responsabilidad extracontractual, cuando la reclamaci\u00f3n exceda los $100 mil.<\/p>\n\n\n\n
La medida, de la autor\u00eda de la senadora de mayor\u00eda Nitza Mor\u00e1n Trinidad, provoc\u00f3 reservas por parte del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), la Oficina de Administraci\u00f3n de los Tribunales (OAT) y la Oficina del Procurador del Ciudadano.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSon demasiadas lagunas y deficiencias que deja el P. del S. 712 al descubierto en cuanto al desarrollo y desenlace del proceso que sujeta la decisi\u00f3n de un jurado. Sin considerar como el dictamen encaja en el sistema procesal ya establecido a nivel de Primera Instancia como a nivel Apelativo\u201d, denunci\u00f3 Migdalia Fraticcelli Torres, presidenta de la Comisi\u00f3n de Derecho Civil del CAPR.<\/p>\n\n\n\n
A juicio de la tambi\u00e9n profesora de derecho y jueza de apelaciones retirada, el proyecto no muestra que la implantaci\u00f3n de la figura de jurado para casos civiles aporte a la transparencia, legitimidad y confianza p\u00fablica en el sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo hay nada nuevo ni excepcional que un jurado pueda aportar en un caso civil. Por el contrario, complicar\u00e1, retrasar\u00e1 y aumentar\u00e1 injustamente el costo de la litigaci\u00f3n de los casos. Implicar\u00e1 adem\u00e1s revisar todas las reglas de procedimiento civil\u201d, reiter\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, se\u00f1al\u00f3 que la medida no parece estar respaldada en investigaciones y estudios realizados sobre la necesidad ni el reclamo real de la ciudadan\u00eda, la profesi\u00f3n jur\u00eddica ni la eficiencia costoefectiva del jurado en casos civiles. <\/p>\n\n\n\n
Nereida Cort\u00e9s, comisionada de derecho civil de CAPR, resalt\u00f3 que \u201cel proyecto resultar\u00eda altamente perjudicial para el acceso a la justicia y que produce encarecimiento que debilidad el acceso ciudadano a los tribunales. Para que la medida pueda implantarse con eficacia requerir\u00eda una partida presupuestaria\u201d. <\/p>\n\n\n\n
La Oficina de Administraci\u00f3n de los Tribunales (OAT), en su turno de deposici\u00f3n en la vista p\u00fablica ante la Comisi\u00f3n de lo Jur\u00eddico del Senado, mostr\u00f3 reservas al proyecto y respald\u00f3 el se\u00f1alamiento del CAPR.<\/p>\n\n\n\n
\u201cComo est\u00e1 redactada la medida tendr\u00e1 un impacto operativo y presupuestario que conllevar\u00eda su implementaci\u00f3n -incluyendo la necesidad de infraestructura f\u00edsica, reclutamiento de personal adicional, reestructuraci\u00f3n de la normativa vigente y la capacitaci\u00f3n de la comunidad jur\u00eddica y la ciudadan\u00eda, la medida legislativa no contempla la asignaci\u00f3n de fondos al presupuesto del Poder Judicial para subvencionar dichos costos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Giselle Rosa Gonz\u00e1lez, directora de la Oficina de Legislaci\u00f3n y Reglamento de la OAT.<\/p>\n\n\n\n
Ante esto, la senadora Mor\u00e1n, autora de la medida, sali\u00f3 al paso y expuso que las ponencias muestran m\u00e1s preocupaci\u00f3n por el costo que por lo que representa la labor de los tribunales. <\/p>\n\n\n\n
\u201cNo estamos inventando la rueda, todos conocen la S\u00e9ptima Enmienda de la Constituci\u00f3n, que esto se cobija en tribunales federales, o sea que no estamos inventando la rueda. Siempre va a haber una resistencia a los cambios. Yo creo que es el momento de mover a Puerto Rico hacia esos nuevos cambios de oportunidades que se dan en otras jurisdicciones en los Estados Unidos ya que pr\u00e1cticamente hay cinco estados que llevan esto a cabo sin ninguna controversia\u201d, destac\u00f3 Mor\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el senador \u00c1ngel Toledo, presidente de la Comisi\u00f3n, cuestion\u00f3 a OAT sobre c\u00f3mo podr\u00eda ponerse en pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHay que habilitar f\u00edsicamente una sala, necesita entre 14 y 16 espacios para el jurado. Ya no ser\u00e1 una secretaria de servicios a sala, ser\u00edan dos, tres alguaciles\u2026 es una din\u00e1mica que requiere mucha presencia y habilitar el sal\u00f3n en t\u00e9rminos electr\u00f3nicos. Realmente es un impacto econ\u00f3mico importante\u201d, describi\u00f3 Cort\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
De otro lado, Tanya Garc\u00eda en representaci\u00f3n del Departamento de Justicia (DJ), comparti\u00f3 que actualmente se encuentra ante la consideraci\u00f3n del Tribunal Supremo de Estados Unidos una petici\u00f3n para que se determine si el derecho a juicio por jurado en casos civiles constituye un derecho fundamental que deba ser incorporado a los estados.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, Garc\u00eda sugiri\u00f3 estar atentos a la decisi\u00f3n del Tribunal Supremo antes de adoptar cualquier medida adicional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNuestra Constituci\u00f3n garantiza el derecho a juicio por jurado en los procesos criminales por delito grave, no en los juicios civiles. De igual forma, al presente no se ha incorporado a los estados el derecho consagrado en la s\u00e9ptima enmienda (de la Constituci\u00f3n de Estados Unidos) que s\u00ed garantiza que se preserve el derecho a los juicios, ya que no se considera un derecho fundamental. Tal como se\u00f1al\u00f3 el foro apelativo intermedio para viabilizar la implantaci\u00f3n de estos juicios en Puerto Rico, es necesario armonizar el ordenamiento procesal civil y las reglas de evidencia para atemperarlas a un nuevo esquema de adjudicaci\u00f3n. Dada la relevancia de este pronunciamiento, consideramos imperativo esperar la decisi\u00f3n del Supremo de manera que nuestras acciones se ajusten a la interpretaci\u00f3n que se establezca a nivel federal y se garanticen la coherencia de principios constitucionales aplicables\u201d, sostuvo Garc\u00eda.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La senadora Nitza Mor\u00e1n Trinidad es la autora del Proyecto del Senado 712, que sugiere enmendar las Reglas de Procedimiento Civil en Puerto Rico.<\/p>\n
FOTO: Senado de Puerto Rico<\/p>","protected":false},"author":140,"featured_media":952391,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[1631,1632,248,1633,712],"class_list":["post-952389","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislatura","tag-angel-toledo","tag-colegio-de-abogados-de-puerto-rico","tag-departamento-de-justicia","tag-oficina-de-adminsitracion-de-tribunales","tag-senado-de-puerto-rico"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/952389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/140"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=952389"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/952389\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":952458,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/952389\/revisions\/952458"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/952391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=952389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=952389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=952389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}