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<\/a><\/div>\nDe acuerdo con la funcionaria, entre 2013 al 2015, la pasada administraci\u00f3n otorg\u00f3 contratos para la atenci\u00f3n de referidos de maltrato que ascendieron a $5,8817,535. En ese entonces, la agencia opt\u00f3 por contratar a un privado en lugar de aumentar la plantilla de trabajadores sociales.<\/p>\n
‘La compa\u00f1\u00eda est\u00e1 realizando su labor, seg\u00fan las cl\u00e1usulas del contrato y esperamos muy pronto finalizar esas labores una vez el reclutamiento de trabajadores sociales termine y sean ubicados en las oficinas locales y regiones de la agencia’, insisti\u00f3 And\u00fajar Matos.<\/p>\n
L\u00f3pez Ortiz dijo que la pr\u00e1ctica se ha generalizado en las recientes administraciones como un mecanismo para sacar las investigaciones atrasadas, producto de la cantidad de querellas que se refieren y la falta de personal en la agencia para atenderlas.<\/p>\n
La empresa public\u00f3 convocatorias para reclutar trabajadores sociales en p\u00e1ginas de anuncios clasificados en internet y en su p\u00e1gina de Facebook, constat\u00f3 este diario. Esto provoca la situaci\u00f3n de que hay dos entidades buscando trabajadores sociales a la misma vez, el gobierno a traves del Departamento de la Familia y la otra convocatoria de la empresa privada que, al final, va a dar el servicio tambien para el gobierno. La diferencia es que en la del gobierno la contrataci\u00f3n es directa y en la de la empresa la empresa tendr\u00e1 una tajada por las funciones que cumplen los trabajadores sociales que suplen.<\/p>\n
‘En ese tipo de contrato, el due\u00f1o de la compa\u00f1\u00eda se tiene que ganar algo. El Colegio le ha pedido al Departamento de la Familia que agilice la contrataci\u00f3n de trabajadores sociales. Ellos no tienen recursos humanos\u2026 su idea es queremos achicar el Estado, pero en este caso hablamos de seguridad p\u00fablica de ni\u00f1os y ni\u00f1as’, cuestion\u00f3.<\/p>\n
L\u00f3pez Ortiz plante\u00f3 que la privatizaci\u00f3n de estos servicios esenciales no solo es onerosa sino peligrosa porque el Estado delega en un tercero la responsabilidad de atender casos que inciden sobre la seguridad de menores sin necesariamente asegurar que sean atendidos con los est\u00e1ndares necesarios.<\/p>\n
De igual forma, asegur\u00f3 que el gobierno pierde dinero ya que le paga a la compa\u00f1\u00eda por cada querella atendida, aunque lo que haya hecho sea acudir a la direcci\u00f3n del referido y cerrar el caso porque la familia se mud\u00f3. Por el contrario, Seg\u00fan el contrato, Social & Community Concepts, Inc., est\u00e1 obligada a atender 3,135 querellas. El gobierno le paga $265 por cada investigaci\u00f3n.<\/p>\n
‘Estamos intercambiando agilidad para cumplir con n\u00fameros versus calidad en la pesquisa y cu\u00e1nto dinero se pierde’, critic\u00f3 la portavoz del Colegio de Profesionales de Trabajo Social.<\/p>\n
El Departamento de la Familia tiene bajo su custodia a 3,380 menores y 3,421 adultos mayores en hogares e instituciones en Puerto Rico, se inform\u00f3.<\/p>\n
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