Sin ni siquiera firmar con su nombre las palabras con las que despojaron a miles de empleados p\u00fablicos de sus derechos de pensi\u00f3n, un bloque mayoritario del Tribunal Supremo determin\u00f3 el lunes sostener la constitucionalidad de la Ley de Reforma de Retiro que impuls\u00f3 la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla en un escrito de apenas 12 p\u00e1ginas que s\u00f3lo usa como evidencia la propia justificaci\u00f3n que el Gobierno da de la ley.<\/p>\n
El esquema de votaci\u00f3n fue 5-4, con los jueces asociados Roberto Feliberti y Rafael Mart\u00ednez uniendose a los tres jueces asociados nombrados por gobernadores populares para conformar la mayor\u00eda.<\/p>\n
El escrito mayoritario, no firmado por ning\u00fan juez, se reduce a un calco de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que la semana pasada razon\u00f3 que la Reforma de Retiro (Ley 3) era constitucional porque, aunque violentaba la prohibici\u00f3n constitucional en contra de menoscabar el contrato que el Estado hizo con los empleados, era una soluci\u00f3n razonable y necesaria a la crisis de los Sistemas de Retiro.<\/p>\n
‘[L]as partes demandantes alegaron de forma generalizada que exist\u00edan alternativas menos onerosas, sin detallar c\u00f3mo \u00e9stas se llevar\u00edan a cabo y c\u00f3mo asegurar\u00edan la solvencia actuarial del Sistema de Retiro’, dijo la mayor\u00eda del Tribunal a pesar de que: a) los demandantes incluyeron como evidencia las m\u00faltiples y extensas ponencias que hubo en vistas p\u00fablicas proveyendo alternativas, incluso de la autor\u00eda de los propios auditores de la Contralor\u00eda que luego se convirtieron en demandantes; y de que: b) la propia Reforma se aprob\u00f3 sin que sus propuestas fueran probadas con modelos actuariales vigentes ya que el estudio m\u00e1s reciente disponible es del 2011.<\/p>\n
‘[L]as medidas implantadas son razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del sistema de retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin’, subraya la mayor\u00eda a pesar de la evidencia en contrario.<\/p>\n
En su escrito por separado, los jueces Feliberti y Mart\u00ednez parecen estar m\u00e1s preocupados con la pelea p\u00fablica con el gobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla que con los m\u00e9ritos del caso. La expresi\u00f3n se resume a plantear, ante la declaraci\u00f3n del Gobernador de que el Supremo ser\u00eda responsable de la degradaci\u00f3n del cr\u00e9dito si declaraban inconstitucional la Reforma, que ‘quienes presumieron la existencia de una agenda escondida por parte de miembros de este tribunal, quedan hoy desmentidos’.<\/p>\n
En el lado de los disidentes, es el juez asociado Luis Estrella Mart\u00ednez el que produce el escrito m\u00e1s s\u00f3lido, incluso con la recopilaci\u00f3n hist\u00f3rica de eventos relacionados al Sistema de Retiro que la opini\u00f3n an\u00f3nima de la mayor\u00eda no preserva para el r\u00e9cord p\u00fablico.<\/p>\n
Es en su escrito que se consigna que la Reforma afecta a por lo menos 135,000 empleados activos sin contar los ya retirados. En el recuento se hace claro que la crisis no es culpa de los empleados sino del propio Gobierno que, desde el d\u00eda 1 del sistema, ha incumplido con la obligaci\u00f3n legal de inyectarle fondos para suplir cualquier d\u00e9ficit. Al contrario, la recopilaci\u00f3n deja claro que, por d\u00e9cadas, el Gobierno contribuy\u00f3 al d\u00e9ficit al crear leyes y fomentar conductas que lo aumentaban.<\/p>\n
Para Estrella, la Reforma es ‘la opci\u00f3n m\u00e1s dr\u00e1stica disponible en el arsenal legislativo del Estado que conlleva la nefasta realidad de: (1) acelerar la decisi\u00f3n de jubilaci\u00f3n o renuncia de los servidores p\u00fablicos, ocasionando la erogaci\u00f3n de fondos no previstos; (2) aumentar de manera dram\u00e1tica e irrazonable los a\u00f1os de servicio requeridos a un empleado para jubilarse; (3) reducir los beneficios de jubilaci\u00f3n acordados cuando fue nombrado; (4) agravar la crisis econ\u00f3mica y social que atraviesa Puerto Rico, al impedir que los empleados p\u00fablicos puedan cumplir cabalmente con sus deudas contra\u00eddas, ya que al momento de jubilarse no contar\u00e1n con los ingresos esperados y planificados para su jubilaci\u00f3n; (5) limitar las opciones de los servidores p\u00fablicos, quienes no gozan de alternativas con relaci\u00f3n al disfrute de las aportaciones que realizaron; (6) promover la inestabilidad emocional, afectando as\u00ed la salud y el bienestar de los servidores p\u00fablicos, quienes desconocen el monto con el que podr\u00e1n contar al momento de retirarse; e (7) impedir que el empleado p\u00fablico pueda ahorrar debido a que se gravan sus fondos al aumentar sus aportaciones y requer\u00edrsele que adquieran un seguro de incapacidad y que aporten al pago de la administraci\u00f3n del sistema’.<\/p>\n
‘Ante la disponibilidad abrumadora de medidas alterna que hubiesen evitado el menoscabo contractual aqu\u00ed impugnado, resulta forzoso concluir que la (Reforma) no era necesaria’, indica.<\/p>\n
‘Ciertamente, el mal que hoy se le impone a los trabajadores es producto del descuido administrativo que, por d\u00e9cadas, el Estado ha venido arrastrando y postergando. Sin embargo, una mayor\u00eda de este Foro ha castigado al m\u00e1s inocente \u2013al empleado- y ha premiado la irresponsabilidad del m\u00e1s culpable -el Gobierno. Con ello, ha consentido a que el Estado apunte su lanza en contra de los servidores p\u00fablicos, para as\u00ed poder sembrar terror, acusarlos y repartirles las responsabilidades que declin\u00f3 ejercer’, concluy\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, los jueces Mildred Pab\u00f3n Charneco y Edgardo Rivera Garc\u00eda concentraron sus esfuerzos en diferenciar la Reforma de Retiro de la Ley 7 de la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o, cuyo precedente fue el que us\u00f3 la mayor\u00eda para sostener la Reforma de Retiro.<\/p>\n
Pab\u00f3n Charneco no dej\u00f3 pasar la oportunidad para resaltar que el mismo bloque de jueces populares que estuvo en contra de la decisi\u00f3n del Supremo en la Ley 7 es el mismo que ahora usa ese precedente para apoyar la Reforma de Retiro. Mientras, Rivera Garc\u00eda dijo que hubiera otorgado la suspensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la ley que pidieron los demandantes y que ‘si hoy cientos de miles de puertorrique\u00f1os viven bajo los niveles de pobreza, sin infraestructura b\u00e1sica, bajo condiciones ambientales dif\u00edciles y viviendas deficientes esta decisi\u00f3n judicial ser\u00e1 el opresor de otros miles m\u00e1s’.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue adelantada m\u00e1s temprano hoy<\/a> por el diario El Vocero en su p\u00e1gina de internet.<\/p>\n Vea tambi\u00e9n:<\/p>\n Piden paralizaci\u00f3n al Supremo por cr\u00edmenes del Estado contra Retiro (documento)<\/a><\/p>\n *Versi\u00f3n actualizada de historia publicada el 24 de junio de 2013.<\/strong><\/em><\/p>\n Tribunal Supremo Reforma Retiro Opini\u00f3n Pab\u00f3n Charneco – NotiCel_2996<\/a><\/p>\n Tribunal Supremo Reforma Retiro Opini\u00f3n Rivera Garc\u00eda – NotiCel_2997<\/a><\/p>\n Tribunal Supremo Reforma Retiro Opini\u00f3n Estrella Mart\u00ednez – NotiCel_2998<\/a><\/p>\n Tribunal Supremo Reforma Retiro Sentencia – NotiCel_2999<\/a><\/p>\n