{"id":93950,"date":"2018-05-31T01:15:30","date_gmt":"2018-05-31T05:15:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/junta-fiscal\/top-stories\/tribunales\/20180531\/promesa-nos-ha-convertido-en-esclavos-reclama-demanda\/"},"modified":"2025-07-15T14:05:04","modified_gmt":"2025-07-15T14:05:04","slug":"promesa-nos-ha-convertido-en-esclavos-reclama-demanda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20180531\/promesa-nos-ha-convertido-en-esclavos-reclama-demanda\/","title":{"rendered":"PROMESA nos ha convertido en esclavos, reclama demanda"},"content":{"rendered":"

Presentada por empleados de la CFSE.<\/i><\/p>\n

La Ley PROMESA que habilita la creaci\u00f3n de la Junta de Control Fiscal (JCF) es ilegal porque es parte de una conducta discriminatoria de parte del Congreso bajo el que los puertorrique\u00f1os son tratados como esclavos y bajo el cual se le deniega ilegalmente a los puertorrique\u00f1os el derecho al voto.<\/p>\n

Ese es el argumento principal de una demanda sometida ayer ante el Tribunal de Quiebras que atiende la reestructuraci\u00f3n de la deuda de Puerto Rico y que impugna la legalidad de la JCF y todos sus actos sobre Puerto Rico.<\/p>\n

El pleito fue presentado por la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, Inc., tambien conocida como la Uni\u00f3n de Empleados de la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado, (‘UECFSE’), la Asociaci\u00f3n de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado Corp.(‘AEGFSE’), y la Uni\u00f3n de Medicos de la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado Corp. (‘UMCFSE’) a traves de los licenciados Rolando Emmanuelli, Yasm\u00edn Col\u00f3n Col\u00f3n, Jessica E. Mendez Colberg y Wilbert L\u00f3pez Moreno.<\/p>\n

Los demandados son la propia JCF, el Gobierno de los Estados Unidos y el gobernador Ricardo Rossell\u00f3.<\/p>\n

El argumento principal es que la base legal para que se justificara la intervenci\u00f3n del Congreso en Puerto Rico a traves de PROMESA son los Casos Insulares, un conjunto de decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que justifican el tratamiento discriminatorio contra Puerto Rico por no ser un estado, por su condici\u00f3n de territorio o colonia.<\/p>\n

Seg\u00fan justific\u00f3 Emmanuelli ‘al aprobarse PROMESA, el Congreso se desvi\u00f3 del mandato constitucional al privar al pueblo de Puerto Rico de sus derechos constitucionales de libertad pol\u00edtica. De hecho, PROMESA genera el efecto opuesto a la libertad pol\u00edtica’.<\/p>\n

El pleito a\u00f1ade que el Supremo decidi\u00f3 esos casos utilizando criterios de discrimen racial porque llama a los puertorrique\u00f1os una ‘raza extranjera’, entre otros conceptos que denotan un discrimen que qued\u00f3 abolido bajo el sistema constitucional norteamericano con la aplicaci\u00f3n de la 13ra enmienda de la Constituci\u00f3n que prohibe la esclavitud o servidumbre.<\/p>\n

Adem\u00e1s, a punta a que la enmienda 15ta de la Constituci\u00f3n prohibi\u00f3 el quitar el derecho al voto por motivo de raza o color.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Los demandantes sostienen que la condici\u00f3n actual de los ciudadanos de Puerto Rico violenta ambas enmiendas porque Puerto Rico se ha convertido en una comunidad sin voz ni voto dentro de los Estados Unidos que no puede votar por los que decidieron someterlos al regimen de la Ley PROMESA.<\/p>\n

‘En resumen, los derechos de los demandantes han sido coartados de varias maneras insufribles: 1) no pueden votar por los representantes que controlan el gobierno federal y que tienen jurisdicci\u00f3n plena sobre Puerto Rico, 2) a\u00fan con todo el poder que tiene la JCF sobre el territorio, gobierno y pueblo de Puerto Rico, los puertorrique\u00f1os no pueden votar por los miembros de la JCF y 3) los \u00fanicos representantes pol\u00edticos que le han sido reconocidos a los demandantes no tienen poder sobre su futuro pol\u00edtico o econ\u00f3mico’.<\/p>\n

‘Esto evita que los demandantes y el pueblo de Puerto Rico tomen control de su destino pol\u00edtico y econ\u00f3mico, sometiendolos a una condici\u00f3n de subordinaci\u00f3n pol\u00edtica que violenta las enmiendas 13 y 15 de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos’, a\u00f1aden.<\/p>\n

El Plan Fiscal impone a la CFSE una reducci\u00f3n de aproximadamente $152 millones en gastos de personal de un total de aproximadamente $229 millones de reducci\u00f3n de costos a traves de los cinco a\u00f1os certificados.<\/p>\n

‘El menoscabo de los derechos y beneficios laborales tienen consecuencias graves y negativas para los trabajadores del Fondo y el Estado Libre Asociado. Arroja a los empleados a un entorno inseguro, ilegal y econ\u00f3micamente inestable. Estas acciones gubernamentales son un duro golpe para la fuerza de trabajo que solo puede resultar en la disminuci\u00f3n de la productividad laboral’, manifest\u00f3 el presidente de la Uni\u00f3n de Empleados, Francisco Reyes.<\/p>\n

Por su parte, el presidente de la Asociaci\u00f3n de Empleados Gerenciales, Jose Ortiz Torres, destac\u00f3 que ‘la CFSE, por m\u00e1s de 80 a\u00f1os, ha cumplido con su objetivo del contrato social que es la rehabilitaci\u00f3n y comprensi\u00f3n a la clase trabajadora y profesional junto a la inmunidad a los patronos contra demandas. Ante la crisis econ\u00f3mica y factores demogr\u00e1ficos, la CFSE hoy se torn\u00f3 m\u00e1s vigente en su modelo y concepto’.<\/p>\n

El presidente de la Uni\u00f3n de Medicos de la CFSE, Hector Ben\u00edtez, alert\u00f3 a cerca de los riesgos a la salud de la clase trabajadora en caso de que se materialicen los planes impulsados por la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal, criatura de PROMESA, a los fines de privatizar la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado.<\/p>\n

‘De los primeros impactos lo ser\u00e1 la desaparici\u00f3n de la protecci\u00f3n a los m\u00e1s vulnerables. Los servicios medicos que se ofrecen desde la Corporaci\u00f3n son esenciales y \u00fanicos. Ninguna empresa privada asumir\u00e1 la misi\u00f3n de proteger todo tipo de riesgos, a\u00fan a costa de su estabilidad financiera. Es esta la funci\u00f3n de una entidad p\u00fablica. Hay que proteger, a toda costa, la naturaleza y misi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado’, sostuvo.<\/p>\n

Esta demanda se suma a la presentada por la Uni\u00f3n de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) y otras organizaciones laborales que cuestionan la constitucionalidad de la ley PROMESA.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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