El juez federal Jay A. Garc\u00eda Gregory deneg\u00f3 una petici\u00f3n para disponer por la v\u00eda de sentencia sumaria de una demanda radicada por el guitarrista de Cultura Profetica y una exestudiante de la Universidad de Puerto Rico (UPR) contra la alta oficialidad policiaca por lesiones sufridas durante un mot\u00edn ocurrido en el Capitolio el 30 junio del 2010 cuando se iba a aprobar el presupuesto del pa\u00eds.<\/p>\n
Garc\u00eda Gregory aleg\u00f3 que los demandados no pudieron probar que no hubiese controversia sobre los hechos materiales del caso en cuesti\u00f3n, y que por lo tanto no proced\u00eda disponer del caso por la v\u00eda de sentencia sumaria, sino que se tiene que ver en un proceso judicial.<\/p>\n
Una petici\u00f3n de sentencia sumaria permite a los tribunales disponer de forma r\u00e1pida de aquellos casos que no necesitan ser juzgados porque no existe controversia sobre los hechos materiales del caso. El juez hace su determinaci\u00f3n usando las mociones, contestaciones a interrogatorios o deposiciones. Tanto el demandante como el demandado pueden solicitar la sentencia sumaria pero la parte actuante tiene que demostrar que no existe una verdadera controversia sobre alguno de los hechos materiales del caso.<\/p>\n
Seg\u00fan se desprende del documento, los demandados, el exsuperintendente de la Polic\u00eda, Jos\u00e9 Figueroa Sancha, y los polic\u00edas Jos\u00e9 Ortiz y Omar Medina, no pudieron probar que no se us\u00f3 fuerza excesiva contra los demandados, o que los cobije alg\u00fan tipo de inmunidad.<\/p>\n
En diciembre del 2010, el guitarrista de Cultura Prof\u00e9tica,Omar Silva Mel\u00e9ndez, y la trabajadora social Rachel Hiskes, quien el d\u00eda del mot\u00edn laboraba como reportera para un medio alternativo, solicitaron el pago de da\u00f1ostras alegar que sufrieron lesiones graves como resultado de una acci\u00f3n de parte de la Polic\u00eda de Puerto Rico, que fue patrocinada por los demandados con el fin de reprimir sus derechos leg\u00edtimos de Primera Enmienda mediante el uso excesivo de fuerza.<\/p>\n
En el caso de Figueroa Sancha, los demandantes alegan que este dio \u00f3rdenes que resultaron en el uso de fuerza excesiva por parte de los uniformados e ignor\u00f3 informes del Departamento de Justicia que apuntaban a defectos sist\u00e9micos en el Departamento de la Polic\u00eda, como la falta de comunicaci\u00f3n y la falta de entrenamiento a los polic\u00edas para lidiar con motines.<\/p>\n
Por los da\u00f1os que alegan haber recibido en el mot\u00edn, Silva y Hiskes solicitaron en su demanda una compensaci\u00f3n de $500,000 para cada uno, as\u00ed como $1 mill\u00f3n por da\u00f1os punitivos. Tambi\u00e9n pidieron que se costearan sus gastos legales.<\/p>\n
Al tomar su determinaci\u00f3n, Garc\u00eda Gregory tom\u00f3 en consideraci\u00f3n que tanto Figueroa Sancha como los agentes est\u00e1n siendo demandados en su car\u00e1cter personal, y no como oficiales del Departamento de la Polic\u00eda, por lo que no pueden reclamar inmunidad contra demandas. Como regla general, la Polic\u00eda tiene inmunidad contra demandas por llevar a cabo su trabajo, a menos que se demuestre una conducta injustificada y deliberada.<\/p>\n
El Juez destac\u00f3 que existe controversia sobre si la Polic\u00eda us\u00f3 fuerza excesiva contra los demandados. Al referirse a Hiskes, Garc\u00eda Gregory dijo que, ‘su \u00fanico delito parece haber sido sentarse frente a los detectores de metales en el Capitolio y rehusar moverse\u2026’. Esto luego de que se le impidiera entrar a cubrir los procedimientos de la sesi\u00f3n.<\/p>\n
De otra parte, el Juez determin\u00f3 que hay controversia sobre la responsabilidad legal de Figueroa Sancha en su labor como supervisor, si se determina que hay una conexi\u00f3n entre la acci\u00f3n de los polic\u00edas y su inacci\u00f3n como supervisor.<\/p>\n